Era necesario ser muy ingenuo para pensar que la vicepresidenta segunda se iba a quedar cruzada de brazos y aceptar sin rechistar la propuesta de subida del SMI que lanzaron el miércoles las patronales CEOE y Cepyme. Una acción sin precedentes que cogió a todo el mundo por sorpresa, ya que lo normal es que la iniciativa en estos temas las lleve el Gobierno o, como mucho, los sindicatos. La propuesta es coherente con lo negociado en el AENC que afecta a más de diez millones de trabajadores cubiertos por algún tipo de convenio y mejora sensiblemente lo concedido por el propio Gobierno a los funcionarios públicos. Pero la señora Díaz no suele permitir que alguien moje el pan en la salsa de su plato y sufra su dorada aureola de vanguardia.

Por eso contestó ayer que la subida debe de ser del 3,8%, como poco. Sus seguidores se quejan de que cuando es ella quien propone las subidas se desatan críticas generales y avisos apocalípticos de ruinas inmediatas y cuando lo hace la patronal todo son aplausos y parabienes. No es cierto. Lo que sucede es que ligar salarios con capacidad de compra es del máximo interés para quienes los reciben y viven de ellos y también para ella, que nunca ha pagado un salario, porque nunca ha creado un empleo.

Por eso se puede permitir el lujo de obviar temas incómodos y complejos relacionados principalmente con la productividad. Lo que una empresa puede pagar a sus trabajadores no es solo, y en muchas ocasiones ni siquiera principalmente, una consecuencia de la voluntad, más o menos generosa, del empresario que lo contrata. Influye también, y de qué manera, lo que el trabajador produce, pues su salario ‘lo entrega’ el empresario, pero ‘lo pagan’ los clientes, si acceden a comprar el productos fabricado.

Esa es la razón que explica que no sea lo mismo, ni deba recibir la misma valoración, una propuesta de subida procedente de ámbitos tan alejados de la producción y tan cercanos al votante como son los gobiernos, que una propuesta surgida de los que tienen obligación de preocuparse por esas menudencias para garantizar el pago futuro de los salarios que la empresa deberá afrontar.

Veremos qué sucede, porque ella no va a ceder ni un milímetro, justo ahora que debe demostrar a los defenestrados de Podemos que no le gana nadie en sensibilidad laboral.

Si encuentra tiempo podría preocuparse de solucionar la queja de los empresarios relativa a la negativa del Estado de actualizar los precios de sus contratas para compensar las subidas salariales. ¿Es razonable? Usted me dirá, pero si los costos suben para todos, ¿por qué no lo iban a reflejar los precios a los que compra el Estado? No me negará que esto de controlar los precios es una pasada que, por cierto, al sector privado se le prohíbe.