El Partit Demòcrata Europeu Català (PDC), la antigua Convergència, expresó ayer malestar por la decisión de ERC de anunciar «cambios» en la hoja de ruta independentista si la Justicia inhabilita a Carme Forcadell. La coordinadora general del PDC, Marta Pascal, dijo que dar por hecho que en ese caso se «adelantará» el referéndum, como hacen sus socios en Junts pel Sí, es «política ficción».
Pascal no quiso contestar ayer si la estrategia de Esquerra estaba consensuada con el PDC, pero por su enfado parecía evidente que no. Los republicanos planificaron la puesta en escena: primero, TV3 entrevistó a su secretaria general, Marta Rovira, en su programa estrella. Dijo que en principio existen «unas fechas decididas, finales de septiembre», pero dejó la puerta abierta a «todos los escenarios posibles» si la inhabilitación de la presidenta del Parlament se hace efectiva.
Después el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, lo dejó más claro. En su opinión, una hipotética inhabilitación de Forcadell sería «un punto de no retorno y podría suponer, incluso, una aceleración del calendario previsto» por los independentistas. La presidenta del Parlament declarará como investigada por presuntamente desobedecer las órdenes del Tribunal Constitucional, tras permitir en julio que la Cámara votara la hoja de ruta independentista.
En contra de lo que opinan dirigentes de Catalunya Sí que es Pot –la marca con la que Podemos e ICV se presentaron a las elecciones– como Lluís Rabell, que ven «prematura» la fecha de septiembre de 2017 para celebrar un referéndum, el portavoz de ERC afirmó ayer que la inhabilitación de Forcadell sería «un motivo de peso» para incluso acelerar el calendario.
La coordinadora general de la antigua Convergència no sólo calificó estas reflexiones de sus socios de «política ficción», sino que les advirtió de que tantos cambios en los planes podrían, «si no cansar, sí despistar a la gente».
También culpó a Esquerra de caer en el «procesismo», de «estar más pendiente de lo que se hará cuando pase algo que de lo que pasa ahora». «La inhabilitación sería muy grave, un desafío, y alguna respuesta habría que dar, pero no hay que adelantar acontecimientos», dijo Pascal, sin querer entrar en más detalles pero desdeñando de entrada la propuesta de los republicanos.
Los socios de Junts pel Sí, y también la CUP, sí se han coordinado para que sus concejales trabajen hoy, Día de la Constitución, como muestra de que la Ley Fundamental no les «representa». El Parlament permanecerá cerrado, pero tanto Forcadell como al menos dos consejeros del Govern –los republicanos Oriol Junqueras y Dolors Bassa– trabajarán en actos públicos pese a ser festivo.
Forcadell estará en Celrà (Gerona), donde protagonizará el discurso de inauguración de la plaza Maria Mercè Marçal –que hasta ahora era la plaza de la Constitución– junto al alcalde, Daniel Cornellà (CUP).
En cualquier caso, si la iniciativa buscaba una respuesta dura del Gobierno español, no la ha logrado. El delegado del Ejecutivo central en Cataluña, Enric Millo, rebajó la tensión y dijo que no actuará contra los cargos electos que decidan trabajar, aunque sí si se obliga a los empleados públicos a hacerlo.
Susana Díaz acababa de perder la mayoría absoluta del PSOE en las elecciones del 22 de marzo de 2015 y sabía que tendría que afrontar una legislatura con un Parlamento hostil al que, por primera vez, se incorporaban Podemos y Ciudadanos. Sin embargo, aprovechando la bisoñez de los partidos noveles, el Grupo Socialista logró mantener en la Mesa de la Cámara –el órgano que decide qué asuntos se someten a debate y cuáles no– la misma representación que tenía en la legislatura anterior, o sea, tres de sus siete miembros, dejando al resto de los grupos con un único representante y situando al PP, con 33 diputados, a la misma altura que IU, que sólo había conseguido cinco escaños.
Ayer se conoció que el Tribunal Constitucional ha anulado el reparto de representantes que el PSOE impuso en aquella sesión en la Mesa. El Tribunal da la razón al recurso interpuesto por la diputada del PP Patricia del Pozo, que se quedó fuera de este órgano representativo como consecuencia de la interpretación sui generis que el entonces presidente del Parlamento, el socialista Luis Pizarro, aplicó del Reglamento de la Cámara. «Un pucherazo», según lo calificó ayer el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Pizarro, al que le correspondió presidir la Mesa en la sesión constituyente del Parlamento por ser el diputado de más edad, justificó entones su decisión en el hecho de que es el propio Reglamento el que garantiza que todos los grupos parlamentarios tengan representación en la Mesa. Sin embargo, nada dice ese mismo Reglamento de la manera de aplicar ese principio y de cómo casarlo con un sistema de elección de los miembros, por votación, que dejaba fuera (por no tener los votos necesarios) al representante de IU.
El PP planteó entonces que fuera el PSOE (con tres miembros) el que cediera un representante o que se aumentara el número de miembros de la Mesa. Pero Luis Pizarro acabó adoptando la decisión que más convenía al PSOE: la de sacrificar a un representante del PP en favor de IU. De esta forma, además de perjudicar al principal partido de la oposición, al PSOE se le ponía algo más fácil conseguir mayorías de bloqueo en la Mesa, ya que le bastaba el apoyo de uno solo de los grupos para imponer sus criterios, situación que se hubiera complicado si aumentaba el número de integrantes de la Mesa.
La maniobra contó con la complicidad de Ciudadanos y Podemos, que no se sentían directamente perjudicados ni querían ser acusados por los socialistas –siempre prestos a sacar el fantasma de la pinza– de hacer la guerra por un reparto de sillones. La portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, reconoció meses después que, de haber contado entonces con más experiencia, la negociación se habría llevado tal vez «de otra forma».