EL MUNDO 05/03/15
Artur Mas y Oriol Junqueras prosiguen con su juego de equilibrios para mantener con pulso la propuesta independentista. Ayer, CiU y ERC aprobaron con sus votos los Presupuestos de la Generalitat, que prevén el desarrollo de unas estructuras de Estado devaluadas hasta el extremo para evitar una posible impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC).
Una semana después de que el Consell de Garanties Estatutàries –una suerte de TC catalán cuyos dictámenes no son vinculantes– les alertara de que la aprobación de leyes anexas a los Presupuestos para impulsar la Hacienda propia catalana, o de que planear la repartición de bienes públicos tras la secesión atenta contra la Constitución y el Estatut, Mas y Junqueras recurrieron a la ingeniería parlamentaria para sortear esas trabas jurídicas.
CiU y ERC aprobaron enmiendas a sus propias cuentas que transformaron eventuales proyectos legislativos como el tributario, el de patrimonio o el de infraestructuras básicas o nucleares en meros «planes directores» que únicamente abordarán a modo de estudio qué órganos soberanos requeriría el futuro Estado catalán y cómo construirlos. A diferencia de lo previsto inicialmente, en ningún caso las estructuras de Estado empezarán a desarrollarse antes de las elecciones para evitar la injerencia del TC. Su materialización deberá esperar a la próxima legislatura y dependerá del resultado de las autonómicas.
Por ejemplo, la ley de impulso a la Hacienda catalana que debería «regular el procedimiento para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los impuestos soportados en Cataluña con independencia de la titularidad de los impuestos en cuestión» ha sido sustituida por la elaboración, en un plazo de cinco meses, de un «plan director que constituya un instrumento de planificación de una Administración tributaria preparada para una eventual asunción de nuevas funciones y competencias».
ERC no escondió su intención de saltar las «altas y grandes paredes de la Constitución». Su diputado Lluís Salvadó defendió la necesidad de «superar los marcos legales vigentes». «No han conseguido el fin del proceso y el sueño independentista», abundó el republicano en alusión directa al PP, el partido que decidió solicitar la evaluación del Constitucional catalán a las cuentas del Govern.
No opinó lo mismo la presidenta de los populares en Cataluña. Alicia Sánchez-Camacho advirtió a Mas que «ni en 100.00 años» el Govern obtendrá las competencias necesarias para conseguir que sus estructuras estatales sean una realidad. El presidente de la Generalitat se cobijó tras la ironía para rogar a Sánchez-Camacho que le evite el «castigo» de aguantar «100.000 años más la realidad sagrada e inmutable de España».
El jefe del Ejecutivo catalán justificó la devaluación de sus estructuras de Estado en el carácter supuestamente provisional que el proyecto presupuestario tenía antes de pasar por el TC catalán y pidió al PP que no intente ilegalizar el 27-S como hizo con el 9-N. «Eso sería muy gordo», espetó Mas.
Y, como prueba de que no pretende enmendar su hoja de ruta, el Govern suministró ayer otros 100.000 euros a su red diplomática amateur, Diplocat, para subvencionar la actividad de 250 entidades que actuarán como «embajadoras civiles de Cataluña» en el extranjero y difundirán el ideario soberanista.