Alejandro López de Miguel-El Confidencial
- Rufián condiciona la negociación de las cuentas a que acabe con la “represión” en Cataluña, mientras que Esteban advierte de que queda una semana para decidir si presentará una enmienda a la totalidad
Ni ERC se fía de Pedro Sánchez, ni el PNV ve «prudente» una comparecencia «estéril» como la del presidente del Gobierno, este jueves, en el Congreso de los Diputados. Dos de los socios clave de la coalición han pinchado este jueves la burbuja del jefe del Ejecutivo, que compareció en la Cámara Baja para hablar de las medidas desplegadas a raíz de la crisis energética generada por la guerra de Ucrania, que ha forzado a los Veintisiete a redactar planes de contingencia ante Bruselas. Los dos partidos dejaron claro que la negociación de los presupuestos no será un paseo.
Mientras Bildu, otra de las fuerzas clave, se centraba en reclamar al Gobierno que cambie los «parches» por medidas estructurales, ERC y PNV dejaban ver sus serios reparos ante la actuación de Sánchez. Y, casi a la misma hora que fuentes del Ejecutivo reconocían que deberán pelear «cada voto» para aprobar las cuentas de 2023, ya en tramitación, algunos de sus socios parlamentarios, como Más País, dejaban ver que han atado algunos acuerdos para encarrilar sus apoyos.
No era el caso del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que marcaba el calendario a Sánchez y le recordaba que solo tiene una semana antes de que se cierre el plazo para presentar enmiendas a la totalidad —expira el 21 de octubre—. Es la primera prueba de fuego de los presupuestos, se debaten el 26 y se votan el 27 de octubre, y pueden dinamitar por completo las cuentas públicas.
De hecho, si el PNV ya ponía sobre la mesa esta posibilidad, desde ERC evitaban pronunciarse, pero tampoco descartaban este escenario. En la memoria de todos los grupos, y fundamentalmente de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, están las únicas cuentas públicas que no han logrado aprobar, las de 2019, que abocaron a un Gobierno en minoría —con la mitad de fuerza parlamentaria que el actual— a elecciones generales. Bildu y ERC estaban en ese bloque, y aunque nadie en el Ejecutivo tema hoy este escenario, el partido de Gabriel Rufián se esfuerza mucho por recordarles que cada uno de sus votos «se suda» y que no están dispuestos a concederles un cheque en blanco.
En clave catalana, ERC, además, afronta un escenario complicado; tras la ruptura de Junts con el Govern de la Generalitat, afronta los desplantes y los dardos de sus exsocios casi a diario —la última, en el pleno de este jueves—. Rufián ha endurecido discurso, aprovechando el pleno para lanzar una nueva advertencia a Sánchez.
Así, el portavoz de ERC advertía de que exige el fin de la «represión» en Cataluña antes de sentarse a cerrar los detalles de la negociación presupuestaria. Primero, destacaba los indultos parciales de los nueve dirigentes condenados por el Tribunal Supremo, sobre los que aún pesan las penas de inhabilitación para concurrir a elecciones, pero también recordaba que todavía hay políticos «exiliados», activistas imputados y alcaldes condenados por abrir colegios electorales.
«¿Cree que así se puede negociar algo? ¿De qué vale su palabra?», espetaba a Sánchez. En esta línea, Rufián le reprochaba que no hayan ejecutado más que el 16% de las inversiones destinadas a infraestructuras ferroviarias en 2021; también que el borrador de los presupuestos refleje que son «los más militaristas» de la historia. Eso, sin olvidar sus dardos a cuenta del bloqueo en la ley de vivienda.
Con el PSOE obviando a Unidas Podemos como interlocutor, y señalando a ERC y Bildu como los únicos que reconoce en esta negociación, los republicanos se centran ahora en presionar a los socialistas, en preguntar «dónde está» la norma que ha sido moneda de cambio entre PSOE y Unidas Podemos en las cuentas para 2021 y 2022, y que sigue en vía muerta.
Mientras tanto, Esteban reprochaba a Sánchez que dedique su tiempo a comparecencias que solo generan «polémica», «sobreactuación». Que conllevan, decía, un «riesgo innecesario de choque dialéctico con los que quiere pactar». No se refería al PP, con el que el Gobierno quiere alcanzar un pacto para renovar el CGPJ, sino a los socios parlamentarios, que quieren exprimir al máximo las últimas cuentas públicas de esta legislatura.