Una ojeada ojeada a los diarios, día a día, bastaba para convencerse de la urgencia de poner coto a la politización de la justicia. Las maniobras de la Fiscalía General contra la pareja de Ayuso, las sospechas sobre el juez que investiga a la mujer del presidente, la estrategia inquietante del Tribunal Constitucional para blanquear políticamente los ERE… Es la paradoja del sanchismo: cuanto más han puesto bajo sospecha la Justicia, más han reforzado la necesidad de cambiar el sistema para despolitizar el Poder Judicial. Y de momento, el PP ha ganado algunas batallas, aunque esta es una guerra que todavía habrá que librar. Por ahora se consensua que no podrá haber otra Dolores Delgado que vaya del Gobierno a la Fiscalía General del Estado y coloque allí a un Don Alvarone como ‘alter ego’; ni podrá haber un exministro de Justicia y una alto cargo de Moncloa en el TC como hay ahora sumando en cada 7-4… Y eso son avances, aunque todavía no se podrá impedir que un Conde-Pumpido lleve el TC a la pura lógica del órgano de extracción parlamentaria votando como el hemiciclo con disciplina de partido.

El sanchismo ha contribuido a generalizar el relato del ‘lawfare’, otra de tantas banderas de Podemos y los indepes que ha acabado normalizada por el PSOE. Los socios de la extrema izquierda se resisten al pacto firmado para que los jueces ganen peso en los nombramientos del Poder Judicial, y en Podemos hablan abiertamente de «jueces fachas que eligen a jueces fachas». Pero cría cuervos y… meado te levantas. Los mensajes sobre los ERE retratan esa podemización en el PSOE. Sánchez anticipó la sentencia señalando bíblicamente a Magdalena como víctima de «un vil ataque de la derecha y la ultraderecha» –inclúyanse ahí una veintena de jueces desde la Audiencia al Tribunal Supremo– y que la propia condenada defina el caso como «una cacería política». Ya se desentienden del mayor escándalo de corrupción clientelar. Pero pese al talento en Moncloa para construir relatos, se han pasado de frenada con sus caricaturas cotidianas de los jueces al servicio de la política. Ahora ellos mismos van a padecer la desconfianza que han sembrado en su deriva populista, y la mayoría de la investidura no va a tragar con lo firmado ante la Comisión para avanzar hacia los estándares europeos despolitizando el Poder Judicial. Ellos no aspiraban a una Justicia independiente, sino a una Justicia Frankenstein.