ARCADI ESPADA-EL MUndo

EL Psoe es un eficaz mecanismo de intoxicación. Al margen de los asaltos a la democracia protagonizados por el terrorismo nacionalista (ETA, el 23-F y el Proceso), los socialistas han protagonizado los dos grandes escándalos políticos de nuestra época: el GAL y los ERE. Y sobre dos de sus gobiernos se cierne una grave sombra de ilegitimidad: lo que hicieron el Psoe entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 y el 1 de junio de 2018 no resiste fácilmente una auditoría moral. Desde 1977, el socialismo ha gobernado durante más años que la derecha y a diferencia de la derecha y de lo que queda a su izquierda no ha sufrido refundación alguna. Su capacidad de intoxicación no es, obviamente, la única causa de su hegemonía. Solo la principal.

El diario El País ha sido el agente nuclear de la intoxicación. Hoy es un triste espectro de sí mismo, pero atender a sus ínfimos editoriales sigue teniendo utilidad. Al fin y al cabo solo se ha puesto a la altura de su tiempo. El diario que imprimió 169 portadas contra un hombre que se había comprado cuatro trajes tuvo ayer el cínico interés de señalar, en referencia a los condenados por los ERE, que «mientras no haya sentencia firme incumbe a todos cumplimentar la presunción de inocencia de los condenados en primera instancia». El diario que no levantó ni una vocecilla contra la utilización del párrafo falsario e indigno de una sentencia judicial –¡no firme!– para apartar de su cargo a un presidente se aprestó a subrayar ayer que «la Audiencia no ha condenado a unas siglas, sino unas conductas y redes clientelares». Y todo ello cosido a la intoxicación principal: que nadie se metió dinero en su bolsillo ni en el de su partido.

Ciertamente. Fue mucho peor. Del mismo modo que la financiación ilegal de un partido es más dañina que la financiación ilegal de uno mismo –entre otras cosas porque el uno mismo está incluido– la financiación ilegal de un régimen hace innecesaria la lubricación directa de la instancia partidista. Durante nueve años los socialistas distribuyeron sin control democrático 679.432.179,09 millones de euros. El examen correcto de esa cantidad debe hacerse en términos de inversión. Esa es la cantidad que los socialistas invirtieron ilegalmente en Andalucía. El beneficio que obtuvieron, así como el daño al interés público, resulta incalculable. Todas las personas del verbo resultaron afectadas. Él y ellos, solo para joderse.

La cárcel es dura. Pesan los seis años de Griñán. A estas alturas Milagrosa Martínez, ex consejera de la Comunidad Valenciana, ya habrá cumplido año y medio de los nueve a los que la condenaron por el sobrecosto de unos 250.000 euros en la adjudicación ilegal de un pabellón turístico.