José María Calleja, EL CORREO, 13/7/12
Quince años después del asesinato, con alevosía, premeditación y dolo, de Miguel Ángel Blanco, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo afea a la justicia española aplicar, con efecto retroactivo, una ley con la que se quiere tener más años en la cárcel a una asesina, conmilitona de los que dispararon en la nuca al indefenso concejal del PP. Entre un hecho y otro, hemos asistido a la derrota de ETA. Así, derrota de ETA. Derrota policial, que se inició el 29 de marzo de 1992, cuando, gracias a la Guardia Civil, se detuvo a la cúpula de la banda en Bidart; y derrota política y social, que empezó a cuajar cuando miles de vascos salieron del armario del miedo y se enfrentaron a la banda terrorista, y a sus tramas civiles, después del asesinato a cámara lenta del joven concejal de Ermua.
Es conveniente subrayar la derrota de unos terroristas que quisieron atacar al Estado democrático, para sustituirlo por una dictadura, y que trataron de hacerlo a base de años de muerte y miedo. Hoy, en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), ha desaparecido la muerte, está a punto de acabarse el miedo y hemos entrado en un nuevo tiempo en el que será más fácil lograr un sistema de convivencia civilizado, en el que el disidente del pensamiento nacionalista totalitario no sea asesinado ni excluido, ni viva atemorizado. El mismo Tribunal de Estrasburgo decidió, en 2009, que la banda terrorista no eran solo los grupos armados; que lo eran también sus servicios auxiliares, más o menos civiles. Esta sentencia, a favor de la Ley de Partidos, fue la puntilla para la banda, que esperaba que le dieran en Europa las razones que se les negaban en esta parte de Europa que es España. Ahora, el mismo Tribunal considera que aplicar una ley con efectos retroactivos, por mucha repugnancia que provoque el criminal condenado, no es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. De hecho y derecho, la propia Constitución española establece el mismo principio: la retroactividad solo se puede aplicar en beneficio del reo. De manera que, una vez derrotada ETA por la acción del Estado de Derecho, el actual Gobierno no puede, por consolar y no defraudar a los que en su día excitó de manera irresponsable, difundir el mensaje de que es más anti-etarra por aplicar de manera retroactiva una ley que nos acaban de decir que no es constitucional. Hay treinta casos de criminales pendientes, en los que es más que probable que Estrasburgo resuelva lo mismo que en esta sentencia. La democracia española no se lo puede permitir.
José María Calleja, EL CORREO, 13/7/12