ABC 26/05/17
EDITORIAL
MARIANO Rajoy ha contestado a la «oferta» de Carles Puigdemont para negociar la autorización de una consulta independentista ilegal con la única respuesta posible: no es no. El límite de cualquier decisión del presidente del Gobierno ha de ser el respeto escrupuloso a la soberanía nacional. Y por esa regla de tres, dar cobertura legal a un chantaje ilícito e inmoral al Estado de Derecho sería incurrir en una flagrante conducta delictiva, además de una traición a esa soberanía nacional. Aunque quisiera, que no quiere, Rajoy no puede dar carta de naturaleza a una cacicada obsesiva del independentismo, porque sería tanto como poner en almoneda derechos y garantías fundamentales de todos los españoles. Por eso Rajoy hizo bien en reclamar la colaboración del nuevo PSOE de Pedro Sánchez y exigir que se retrate ante el mayor desafío que tiene planteado nuestro Estado de Derecho.
No obstante, las confusas apelaciones de Sánchez al carácter «plurinacional» de España no ayudan en absoluto, y por eso conviene desconfiar de este PSOE hasta que Sánchez ofrezca algún testimonio tranquilizador. Hasta ahora, su dispersa concepción de la unidad nacional no puede provocar más que preocupación. Rajoy no puede mantener una disposición al diálogo con la Generalitat si toda su ofensiva se basa en el chantaje y la amenaza de una declaración unilateral de secesión. Puigdemont busca una coartada revestida de falsa legitimidad, pero es inaceptable, y ceder a su ensoñación separatista sería tanto como hurtar derechos al resto de los españoles y obligar al presidente del Gobierno a incurrir en una traición impensable. La única respuesta a esta grave amenaza a la convivencia es la ley, y debe aplicarse sea cual sea su coste, porque negociar una rendición del Estado no es posible.