Arcadi Espada-El Mundo
1. Fin de la cooficialidad entre castellano y catalán en beneficio del catalán
2. Poder judicial catalán
3. Fin de las competencias compartidas entre el Estado y la Generalidad
4. Solidaridad interterritorial catalana limitada a las comunidades que realicen el mismo esfuerzo fiscal.
A todo esto cabe añadir la intención socialista, ya anunciada por la ministra Batet (que Félix Bornstein citaba el martes en su columna) de exigir el cumplimiento de una supuesta deuda estatal en infraestructuras, recogida en una disposición adicional del Estatuto que el TC solo aceptaba si no suponía privilegios económicos ni obligaba jurídicamente al Estado. Se supone, asimismo, que los socialistas querrán acabar con la interpretación de las alusiones a la «nación catalana» incluidas en el preámbulo del Estatuto: según la sentencia del TC la nación catalana carece de toda naturaleza jurídico-constitucional.
Yo animo al ex presidente Zapatero a que siga presumiendo de Estatuto. Y a los socialistas todos, Borrell incluido, a que se presenten ante los españoles con estas propuestas de reforma en su programa electoral. No para saber si esta aspiración competencial es compatible con la Constitución –que ya está dicho que no– sino con cualquier Estado de España.