Es la ley, aunque repugne

Una cosa es aplicar la ley con los principios de una sociedad justa y otra muy distinta es conceder a un criminal, que además no se arrepiente, la compasión que no se merece

EL secuestrador y asesino frustrado de José Antonio Ortega Lara tiene diagnosticado oficialmente un cáncer en fase terminal con una expectativa de vida de seis a nueve meses. Jesús María Uribetxeberría Bolinaga, años después de asesinar a dos guardias civiles mantuvo a Ortega Lara encerrado durante 532 días en un habitáculo mínimo, escondido bajo la maquinaria de una nave industrial de Mondragón. Cuando Uribetxeberría fue detenido, se negó a facilitar la localización de Ortega Lara porque su intención era matarlo de hambre. Ahora, Uribetxeberría tiene cáncer terminal y pide ser excarcelado. Él y otros presos etarras están parodiando una huelga de hambre para presionar al Gobierno, que hoy decidirá sobre si aprueba o no conceder el tercer grado a Uribetxeberría para que pase sus últimos meses de vida fuera de prisión. Este caso pone al Gobierno y a la sociedad ante una encrucijada que no es nueva en la lucha contra ETA: atender o no peticiones que entrañan un trato benévolo y humanitario con quienes lo negaron, hasta la crueldad extrema, a sus víctimas. La respuesta en una sociedad democrática organizada sobre un Estado de Derecho no puede ser otra que la aplicación de la ley, aunque el resultado fuera dar a un criminal, como Uribetxeberría, lo que pide. Es la ley, aunque repugne que dentro de unos días el infame Bolinaga sea muy probablemente excarcelado. El planteamiento con el que hay que afrontar estos trances no puede ignorar la superioridad ética que confiere a la sociedad su decisión de gobernarse con la ley en la mano, huyendo de atajos para acabar con el terrorismo, ya fueran los que conducían a la negociación claudicante o los de la «guerra sucia», ajenos a las credenciales que los Gobiernos del PP pueden presentar en la lucha contra ETA.

Nunca se podrá reprochar al Gobierno de Rajoy que decida en este caso, o en cualesquiera otros similares, con arreglo a la legislación penitenciaria. Pero sí es exigible que la ley se cumpla en todos sus extremos, de manera que la posible excarcelación del etarra Uribetxeberría sea la única opción legalmente posible. Si el diagnóstico médico es revisable, si las expectativas vitales tuvieran un mayor plazo o si el tratamiento que el carcelero de Ortega Lara necesita pudiera serle administrado en régimen penitenciario, entonces este etarra debe seguir en prisión. El humanitarismo de la legislación penal y penitenciaria se ha colmado con este y con todos los presos de ETA, beneficiados por una legislación garantista que se sujeta al principio de legalidad y a la irretroactividad de las leyes penales. Pero una cosa es aplicar la ley con los principios de una sociedad justa y otra distinta conceder a un criminal la compasión que no merece.