Pero, ¿por qué impugnar la candidatura si la Junta ya la ha descalificado? «Pues porque es lo que tienen que hacer todos los partidos políticos democráticos de este país», decía el candidato a lehendakari de Ciudadanos, Nicolás de Miguel, en clara alusión a las formaciones que se han apeado de esta batalla, Podemos o el PNV, defendiendo abiertamente el derecho de Otegi a estar las listas «y que sea la sociedad vasca la que decida», o el PSE, optando por mantenerse al margen de la polémica, decidir no impugnar –sin defender tampoco la presencia de Otegi– y limitarse a esperar que sea la Justicia la que se pronuncie sobre la candidatura.
«Ésta es una obligación que tenemos con los ciudadanos de este país y con las víctimas del terrorismo», afirmó De Miguel. Por cierto que desde las asociaciones de víctimas fue lo primero que se pidió a los partidos, que mantuvieran los recursos.
Al igual que De Miguel, el presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, aseguró en un acto preelectoral en la localidad alavesa de Oyón que su formación quiere ser «parte activa» en este caso y representar con su impugnación «a miles de vascos y a mucha gente que siente vergüenza de que un personaje como Otegi pueda ser representante democrático en el Parlamento Vasco», informa Efe.
Y, ¿qué dicen los recursos? Tanto el PP como Ciudadanos hacen alusión en sus escritos a las sentencias de condena por las que Otegi está inhabilitado para ejercer cargo público y para el sufragio pasivo hasta el 2021 y, por lo tanto, es del todo «inelegible», en línea con el escrito que la Fiscalía en su día remitió ya a la Junta Electoral.
«Ante la pretensión de Arnaldo Otegi de intentar eludir con su presentación a las elecciones el cumplimiento de su condena por terrorismo –señala el escrito del PP–, sólo cabe a la Junta Electoral ejecutar las resoluciones judiciales respetando su firmeza y acordar su exclusión como candidato». «Cualquier otra actuación por parte de la Junta, entraría en colisión y pondría en quiebra mandatos y principios legales y constitucionales que integran de manera sustancial el Estado de Derecho», recalca el documento del Partido Popular.
Además, considera que «la inclusión en las listas de EH Bildu, con palmaria mala fe, tiene como única pretensión burlar la aplicación de resoluciones judiciales firmes, contraviniendo el principio de cosa juzgada y de seguridad jurídica constitucionalmente consagrados».
De igual forma, el escrito entregado por Ciudadanos recuerda que la liquidación de las penas en las que se concretaba la fecha de 2021 no fue recurrida «y adquirió firmeza». Considera que no puede ser candidato de ninguna forma, por lo que, al presentar a Otegi como cabeza de lista, «lo que se pretende es confundir al electorado, dando a entender que éste podrá ser diputado electo, haciendo una maniobra contraria a Derecho». Además, recuerda que «en ningún caso compete a la Junta» determinar «la manera en la que debe ejecutarse la sentencia judicial» dictada por la Audiencia Nacional.
Mientras tanto los abogados de Otegi, encabezados por el histórico Iñigo Iruin, preparan la batalla legal, primero administrativa en la propia Junta, y luego en los tribunales, llegando al Constitucional o al Tribunal Europeo si fuera necesario. Precisamente, sobre las consecuencias que podría llegar a tener el hecho de que EH Bildu llevara el caso a Europa, de no conseguir que la Justicia española les diera la razón, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, señaló ayer que el fallo en la Justicia europea se demoraría más de un año, con lo que no tendría efectos en las elecciones autonómicas de septiembre. Es decir, para EH Bildu la última instancia práctica será el Tribunal Constitucional.