MANUEL DE LA ROCHA – EL MUNDO – 16/05/16
· El autor considera que la política económica que define el Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno a la Comisión Europea es perjudicial para modernizar la estructura productiva de España.
El pasado 30 de abril el Gobierno aprobó y remitió a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad 2016-19 (PE), un documento importante que dibuja el escenario de políticas económicas a cuatro años vista. Más allá de la dudosa legalidad y escasa legitimidad que tiene un Gobierno en funciones para elaborar dicho Programa, un mínimo análisis del mismo muestra una gran falta de realismo, escasa ambición y nula sensibilidad social.
Le falta realismo porque se asienta bajo premisas excesivamente optimistas, sobre todo para los años 2018-19, para los que no hay nada en el documento que permita pensar que la economía española seguirá creciendo por encima de su crecimiento potencial. El PE lo fía todo a que el viento externo siga soplando a favor, es decir, a que el BCE continúe con una política monetaria expansiva, que se contenga la incipiente subida de los precios del petróleo y que se mantenga el comportamiento de la economía mundial con el consiguiente tirón de nuestras exportaciones.
Pero como el propio PE muestra, la sensibilidad del crecimiento a variaciones de las condiciones externas es muy elevada. Si los tipos de interés aumentan 100 puntos más de lo previsto o el precio del crudo siguiera la tendencia actual de subida, el crecimiento esperado se ralentizaría en un punto del PIB. Es decir, sólo con que las condiciones externas cambien levemente el crecimiento se reduciría en torno al 1,5%, que es la tasa de crecimiento potencial de medio plazo de nuestra economía.
Por otro lado, el PE carece de ambición para solucionar los problemas estructurales de nuestra economía. Según el cuadro macroeconómico inserto en el PE la evolución de la productividad del factor trabajo será negativa en todos los años de la próxima legislatura. Esto refleja claramente que el Gobierno hace descansar cualquier reducción del paro en la creación de empleos de baja calidad y escaso valor añadido. Una mínima ambición exigiría plantear auténticas inversiones que impulsen el crecimiento potencial en ámbitos clave, como la formación a desempleados y trabajadores, la I+D+i, la digitalización, el apoyo a las pymes o el fomento de la competencia. Pero de eso no hay nada.
Uno de los aspectos clave del PE se encuentra en la nueva senda de reducción del déficit público enviada a Bruselas tras el fracaso en el cumplimiento de los anteriores objetivos. El Gobierno ha tenido que reconocer el incumplimiento y el PE presenta un retraso de un año en la reducción del déficit por debajo del 3% hasta 2017. Sin embargo, días después de la publicación del PE, la Comisión Europea publicaba sus previsiones económicas de primavera en las que estiman un desvío del déficit respecto al PE de tres décimas este año y dos el año que viene. En condiciones normales, unas décimas más de déficit no serían relevantes, pero ese desvío implicaría que tampoco en 2016 España saldría del brazo correctivo del Procedimiento por Déficit Excesivo, siendo quizás el único país en esa situación. Todo ello en el contexto de una posible sanción que presumiblemente se anunciará en unos días. Es decir, pérdida de credibilidad como país y mayores ajustes en el horizonte más cercano para cumplir con Bruselas.
Y es que la política fiscal de Rajoy y Montoro dejará una pesada herencia al nuevo Gobierno que salga de las urnas, con el déficit público más alto de Europa y la deuda pública disparada al 100% del PIB, que obligan a replantear toda la política de ingresos y gastos para recuperar la credibilidad ante las autoridades europeas y los mercados internacionales.
En este contexto, la evolución de ingresos y gastos públicos contenida en el PE nos empareja con los países europeos con estados de bienestar más débiles. Los planes del Gobierno, de llevarse a cabo, reducirán políticas públicas esenciales para la cohesión, como la educación o la sanidad, a niveles mínimos. Así, el Gobierno reconoce que recortará la inversión en educación del 4,4% del PIB heredada en 2011, al 3,7% en 2019. Una evolución similar se aprecia en la sanidad pública, que pasaría del 6,47% del PIB al 5,74%, pese a que el envejecimiento de la población tensiona al alza el gasto sanitario.
En relación a la Seguridad Social, el nuevo escenario del PE ajusta claramente al alza el déficit previsto de este organismo, que crecerá al -1,1% este año (comparado con el 0,6% previsto en el anterior PE) y al 0,7% en 2019. Pese a este reconocimiento del agujero en las cuentas de la Seguridad Social, las previsiones siguen siendo claramente optimistas, como lo reflejan los informes de la AIReF que estiman un rango de déficit entre el -1,5% y el -2%, para 2016, bastante superior al del Gobierno. Claramente, los problemas de la Seguridad Social están asociados a los efectos perversos de la reforma laboral de 2012. La débil evolución de los ingresos por cotizaciones, pese al aumento del empleo, revela un mercado de trabajo donde los salarios y las bases de cotización son cada vez más bajos y crecen los contratos temporales y a tiempo parcial, que cotizan menos. Todo ello no sólo supone empleo precario, sino que también está agravando el desequilibrio del sistema de pensiones.
Con todo, quizás lo más preocupante del PE es el escenario a medio y largo plazo que dibuja para los futuros pensionistas de nuestro país. El Gobierno prevé que en 2030 el gasto en pensiones represente el 11,2% del PIB, cuando comience a jubilarse la generación del baby boom (los nacidos a partir de 1965). Se trata de un nivel de gasto inferior al actual, pero con la particularidad de que en 2030 habrá 2,9 millones más de personas en edad de jubilación. Es decir, menos gasto en pensiones con casi un 35% más de pensionistas. Una ecuación que sólo se resuelve con una rebaja considerable de las pensiones, que el Banco de España ha estimado puede llegar al 40% sobre la pensión media actual. Es el efecto escondido de la reforma del sistema de pensiones del PP.
En definitiva, el Programa de Estabilidad recientemente presentado no se adapta a las necesidades, ni a los desafíos de la economía española. Más bien al contrario, reduce la capacidad del Estado para acometer las inversiones productivas y en servicios públicos que permitan a nuestro país consolidar la salida de la crisis de forma competitiva, sostenible y garantizando la cohesión social. Una razón más para pedir un cambio de Gobierno tras las nuevas elecciones generales.
Manuel de la Rocha Vázquez es secretario de Economía del PSOE.