EL MUNDO 05/07/14
EDITORIAL
LA AUDIENCIA Nacional ha emitido dos resoluciones para descubrir posibles filtraciones sobre operativos policiales contra ETA y su entorno. El estado embrionario de esta investigación judicial obliga a ser muy prudentes. Sin embargo, la sola posibilidad de que el entramado etarra pueda tener topos próximos a la Policía, la Guardia Civil o el Ministerio de Interior es motivo suficiente para exigir una revisión exhaustiva de los procedimientos seguidos en las operaciones bajo sospecha y una depuración de responsabilidades sin concesiones. Hay razones para estar alerta.
A instancias de la Unidad Central Especial de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia, Eloy Velasco, ha solicitado a cuatro compañías de telefonía la identificación de los titulares de 13 móviles, además del rastreo de las llamadas efectuadas entre las 14.45 y las 15.45 del pasado ocho de enero para «recabar nuevos indicios» –dice el juez– que permitan conocer si se produjo algún soplo relativo a la operación que permitió la detención del clan Zulueta. Aquel día, la abogada de la banda terrorista que pasó información a Thierry sobre la Audiencia Nacional fue detenida en un despacho de Bilbao junto a otros siete letrados abertzales mientras se afanaban en la destrucción de documentos.
Es verdad que el Ministerio del Interior había difundido con antelación una nota informativa sobre este operativo, una gravísima negligencia que puso sobre aviso a los detenidos antes de la irrupción de los agentes y por la que fue destituido el jefe de prensa del gabinete. Pero que el juez haya actuado a petición de la propia Guardia Civil obliga a extremar las precauciones, ya sea para cazar a posibles topos o para descartar su existencia.
En otra resolución, el magistrado se dirige al instituto armado y al Ministerio del Interior para que, «a la mayor brevedad», informen sobre un posible soplo a Gara de una entonces inminente operación policial dirigida –según una información de portada de este diario el pasado 17 de junio– «contra el apoyo económico a los presos vascos».
Esta vez el juez procede a instancias del colectivo de la izquierda abertzaleKonpobidean Herrira Eskubideen. En las últimas dos semanas no se ha producido ninguna redada contra letrados vinculados a ETA, así que es imposible saber hasta qué punto el soplo denunciado por Gara, y del que acusa a «periodistas cercanos» a Interior, está fundamentado. Es más, no cabe aguardar de la asociación impulsora del escrito del juez una intención distinta que indagar sobre los periodistas que cubren la lucha antiterrorista. Pero ambas diligencias inciden en la posibilidad de que la banda y su entramado pueda tener infiltrados o contar con la colaboración de soplones. Sin ánimo de establecer paralelismos, tras el episodio del chivatazo del bar Faisán es comprensible que las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio del Interior estén especialmente sensibilizados ante este tipo de riesgos.