Santiago González, EL MUNDO 15/11/2012
Cada vez que algún acontecimiento conmueve a la opinión pública -el terrorismo y la violación y asesinato de niños, pongamos por caso-, la derecha tiende al endurecimiento de las penas, mientras la izquierda tira de frase hecha, que es la mínima unidad de pensamiento, un bit: «No se debe legislar en caliente».
Una generalización boba. Chesterton puso en boca de Gabriel Syme, el hombre que fue Jueves: «La aventura puede ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo». No hay ningún mal en que el Gobierno y el Congreso se apresuren a responder a la «alarma social». Eso revela sensibilidad y conexión con los ciudadanos. Con una condición, naturalmente: que el gobernante y el legislador han de actuar con la cabeza fría.
El suicidio de Amaya Egaña es una tragedia que ha conmovido a la sociedad española, toda ella: al Gobierno y a la oposición, al poder legislativo y al judicial, al periodismo y a los sindicatos policiales, sin olvidar al poder municipal. A todos les ha empezado a arder la cabeza al mismo tiempo. Los dos principales partidos españoles ignoraron las iniciativas contra el desahucio presentadas por Izquierda Plural y UPyD la pasada legislatura y la presente, con medidas variadas y las más de las veces, pertinentes. Todas fueron rechazadas.
Los policías se plantan frente al desahucio, y los mossos, ¡y los cerrajeros de San Sebastián! Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, dice que sus guardias no desalojarán a nadie. ¿Desobedecerán órdenes judiciales, alcalde? El periodismo se ha apresurado a establecer relaciones causales falsas. El CGPJ mezcló churras con merinas para dar un número de ejecuciones, 300.000, con el que los periodistas hemos escrito una novela dickensiana. El juez que ordenó el levantamiento pidió in situ a los políticos cambios legislativos y el presidente del TSJPV, con quien mantengo una amistad de muchos años (espero que sobreviva a este artículo) declaraba ayer mismo: «Cuando murió Amaya, los jueces dijimos que esto tenía que parar». Esto, ¿qué es?, ¿el suicidio? Ninguna de las medidas comentadas, ninguna otra Ley Hipotecaria habría evitado ese final. Simplemente, es otro asunto y nada tiene que ver con los desahucios que traen causa de la exclusión social provocada por la crisis.
Sería mejor que los jueces se expresaran por escrito y en sus autos. Es preciso recordar al alcalde Belloch, juez profesional que ha declarado insumisos a sus municipales, que él fue nombrado ministro de Justicia el 14 de julio de 1993, en un tiempo en que las variables macro eran comparables a las actuales. En el primer trimestre del 94 la EPA señalaba el punto más alto de paro (24,55%) antes del máximo histórico de septiembre de 2012 (25%). La tasa de morosidad de los créditos hipotecarios a viviendas era más alta, 4%, que la presente, 3,1%, según datos del Banco de España. El ministro Belloch no reformó la Ley Hipotecaria, ni consideró la dación en pago para fallidos, aunque sí introdujo cambios para permitir la subrogación de las hipotecas, menos es nada.
Ayer murió una muchacha de 16 años. Víctima del acoso escolar, se ahorcó en su casa de Torralba de Calatrava, en Ciudad Real. La información de los medios ha sido tan discreta como la actitud de los jueces. Estoy seguro de que el juez que abrió diligencias estaba tan conmovido como su colega de Baracaldo que ordenó el levantamiento de cadáver de Amaya. Y como yo mismo.
Santiago González, EL MUNDO 15/11/2012