Quizá debiéramos aplicar esta regla escolástica a los análisis que se han ido vertiendo hasta ahora al respecto de las elecciones generales del 23-J. Porque resulta inconcebible comprobar que, de entre las innumerables aportaciones intelectuales al porqué del último fracaso de la derecha, no haya ninguna que reflexione sobre algo tan elemental, tan básico y, casi tan ordinario en política, como son las propias reglas del juego.

Si no estuviéramos tan acostumbrados a la mezquindad de espíritu de los gobernantes, la falaz unanimidad de criterio de los medios de comunicación y la indolencia de los gobernados, estaríamos tentados a pensar que el gran Leibniz le habría vuelto a ganar la partida filosófica al fraile. Con su principio de plenitud anti-navaja de «todo lo que sea posible que ocurra, ocurrirá», al que seguro que se está aferrando algún demóscopo.

Se han dado explicaciones que parten de la polarización política que ha provocado esta segunda y desconocida fase de la globalización. Hemos oído que el PP se precipitó pactando con Vox los gobiernos autonómicos, azuzando el miedo al populismo de extrema derecha.

Hemos atendido, también, a la versión contraria. Es decir, que las luchas entre ambos partidos han desalentado al votante conservador. Y, también, que las empresas demoscópicas son las culpables por adelantar estados de opinión y de intención de voto erróneos.

Cualquier cosa excepto asir de las astas a nuestra piel de toro y afrontar la nuda realidad, por cruda que resulte. Y es que, desde hace varias legislaturas, la izquierda cuenta con una prima electoral de aproximadamente cuarenta escaños. Justo lo que obtienen los partidos independentistas que han visto en esta alianza, ya perpetua, la manera de destruir el proyecto colectivo español.

Primero lo hicieron desahuciando al Estado de sus territorios, al exigir competencias que ninguna otra comunidad autónoma tenía. Después, socavando a la nación con pretensiones soberanistas. Lo vimos en 2005 con el Plan Ibarretxe, en 2017 con la declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán. Y a buen seguro, lo volveremos a ver si los ciudadanos no ponemos remedio, exigiendo masivamente la más simple de todas las soluciones posibles: la reforma de la ley electoral.

«La idea de la reforma electoral, pese a contar con un apoyo del 70% de la sociedad, no ha cuajado todavía como movimiento ciudadano»

España tiene dos problemas internos de muy hondo calado que condicionan su desarrollo y su progreso. La partidocracia y la cuestión nacional. Esta última trae causa y se ha agravado por culpa de la primera, pero su inminente urgencia hace que debamos tratar ambos como dos problemas distintos con soluciones diferentes.

Si eliminar la partidocracia requiere una reforma constitucional para implantar el diputado de distrito al menos en el 50% del Parlamento, como sucede, por ejemplo, en Alemania, no ocurre así con el problema nacional. Pues se podría neutralizar el efecto perverso del chantaje al que los enemigos de España someten a sus gobiernos con una mera reforma de la LOREG, estableciendo una prima a la lista más votada de cuarenta o cincuenta escaños, exactamente los mismos que obtiene el independentismo.

La idea de la reforma electoral, en sus múltiples modelos y posibilidades, pese a contar con un apoyo del 70% de la sociedad, no ha cuajado todavía como movimiento ciudadano. Las razones las he esgrimido antes: a la apatía ciudadana se une que esta siempre ha encontrado, en la prensa y los partidos, a dos formidables enemigos.

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La propuesta de la lista más votada no será una excepción. A ellos, o al menos a sus argumentos, les decimos que la debilidad de estos y el poder de la evidencia de los nuestros hará que, más pronto o más tarde, la lógica se imponga.

El primer argumento con el que se va a enfrentar la propuesta de reforma electoral para conceder una prima de cuarenta o cincuenta escaños al partido ganador de las elecciones será, con toda probabilidad, el de su imposibilidad práctica. Primera mentira.

Una ley orgánica, como cualquiera de las más de treinta que ha aprobado Pedro Sánchez, solo precisa de mayoría absoluta (176 escaños) en el Congreso y mayoría simple en el Senado. La Constitución permite, en su artículo 68.1, que el Congreso se componga de «un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto». No cabe objeción alguna a que la nueva LOREG incremente en cuarenta o cincuenta diputados los 350 actuales.

«Todo partido que haya obtenido representación en el 23-J, también la tendría con la reforma electoral»

Circula otro argumento similar basado en la incapacidad de los dos partidos mayoritarios para llegar a pactos de Estado. Este defiende que probablemente sería necesario el apoyo de un partido nacional minoritario que, al quedarse sin posibilidad de actuar de complemento y, por lo tanto, de formar gobierno, se negaría en rotundo.

Dudo mucho que a Sumar se le pueda denominar, primero, un partido y, segundo, nacional. En cuanto a Vox, es muy difícil imaginar que un partido que surgió contra el independentismo anteponga, en la mejor ocasión histórica para aniquilarlo políticamente, los intereses bastardos de partido a su cacareado patriotismo. El desgarro electoral que sufrió Albert Rivera por traicionar a su electorado sería un diminuto arañazo comparado con el que recibiría Abascal.

Es obvio que el argumento de la inviabilidad se cae por su propio peso. Y, si la crítica se refiere especialmente a la injusticia democrática que supondría que las minorías dejaran de estar incluidas en los gobiernos, también es perfectamente rebatible. Porque podrían establecerse alianzas previas como, de hecho, ya ha sucedido.

El segundo argumento, de carácter técnico-electoral, alude a la falta de proporcionalidad de la medida. Segunda falacia, porque todo partido que haya obtenido representación en el 23-J, también la tendría con la reforma electoral. La única diferencia sería para el ganador, que lograría esa prima necesaria para que el gobierno de España esté dirigido por españoles, no por sus enemigos declarados. Anomalía democrática que, por lo demás, asombra y desconcierta al resto del mundo occidental.

«Una reforma de la LOREG enfadaría a los independentistas, porque la capacidad de coacción a la nación española desaparecería automáticamente»

Una tercera crítica, de índole coyuntural, objeta u objetará que la reforma se plantea ahora porque le interesa a la derecha. Tercera falacia. Desgraciadamente, Feijóo no ha planteado una reforma de la LOREG en este sentido.

Y si analizamos todas las elecciones desde 1977, comprobaremos que la izquierda ha ganado más veces que la derecha. En concreto el PSOE ha ganado ocho veces frente a una de la UCD y seis del Partido Popular, incluido el 23-J. Luego la probabilidad de que en el futuro sea el PSOE el partido más beneficiado por esta propuesta es la más alta de todas.

Una última, con un fondo político y sociológico, puede aludir a la reacción que se generaría en el mundo independentista y los posibles desórdenes que se desatarían. Es la única cierta. Se enfadarían extraordinariamente porque toda la capacidad de coacción a la nación española desaparecería automáticamente. Pero, si ladran es que cabalgamos.

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¿Acaso nos va a detener la intención de mejorar la gobernabilidad de nuestro país el bramido de sus enemigos, quienes no han dudado en asesinarnos y dar golpes de Estado para conseguir sus objetivos? ¿En qué país viviríamos si lo hiciéramos? Una cosa es la indolencia denunciada y otra la apoplejía.

Y aludiendo a la primera, si algo debemos preguntarnos los españoles que amamos nuestro país es cómo es posible que no haya un solo analista, un solo partido político o un solo medio de comunicación de alcance que haya recabado en algo tan evidente.

¿Es que nadie le va a decir Feijóo que debe incluir esta cuestión en la primera y en la última frase de su discurso de investidura?

Si Ockham levantara la cabeza, sacaría la navaja.

*** Lorenzo Abadía es empresario, analista político y portavoz de la campaña Otra Ley Electoral (OLE).