Marruecos

La alteración de la política exterior española respecto del Sáhara Occidental, formalizada en una carta personal al rey de Marruecos, Mohamed VI, sin debate en el Congreso, ni siquiera en el Consejo de Ministros ni en el PSOE, es de la íntegra responsabilidad del presidente del Gobierno e implica un vuelco en la posición del socialismo en este asunto y de toda la izquierda española desde 1978. Por supuesto, se han destruido las relaciones con Argelia. Por esa razón, no han acudido a la cumbre de Rabat ni uno solo de los ministros de Unidas Podemos. Y no es cierto, como ha declarado el ministro Albares, que no hayan viajado a Marruecos porque sus ministerios no conciernan a la relación bilateral, sino porque no asumen la nueva política española respecto del Sáhara Occidental. Tampoco le ha acompañado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, naturalmente por problemas de agenda. 

Y lo más lacerante, el rey de Marruecos no ha hecho acto de presencia ni siquiera protocolariamente. Una llamada desde Gabón, en donde vacaciona el autócrata, y una invitación sin fecha para que Sánchez visite oficialmente el país. La cordialidad del mes de abril —en la que el monarca alauí recibió a Pedro Sánchez— formó parte de la urdimbre de trampas marroquíes que ha conseguido todos sus objetivos respecto de España. Se nos anunciaron —aquí se contó el martes— una dieta de sapos al estilo de aquel país, pero el que tuvo que tragar ayer el presidente resultó demasiado indigesto. Nada que no pudiera preverse.

Solo sí es sí

La fallida ley de libertad sexual salió eufóricamente del Consejo de Ministros como un proyecto programático de la coalición. Irene Montero, ministra de Igualdad, era la proponente y aunque algunos dicen haberle advertido, nada impidió que se obviaran las recomendaciones de los órganos consultivos y se remitiese al Congreso y al Senado y se aprobase. La ministra Montero, sin embargo, es menos responsable de esta mala norma que el presidente del Gobierno, sin cuyo visto bueno no se hubiera tramitado como lo hizo. Más de 300 sentencias revisadas a la baja y más de 30 delincuentes sexuales excarcelados. Y los que quedan, porque se calcula en 3.000 los encausados por este tipo de ilícitos penales.

La malversación y los desórdenes públicos

La reforma, mediante proposición de ley, de la malversación, la derogación de la sedición y la tipificación de los desórdenes públicos, en supuesta sustitución del delito suprimido, no solo son responsabilidad de los grupos parlamentarios proponentes que apoyan al Gobierno, sino también y principalmente del presidente del Gobierno, sin cuya autorización —como los indultos de junio de 2021— no se hubiese tramitado. Si resulta que no cumple las expectativas de impunidad de sus socios, la ineficacia es del presidente del Gobierno, porque no les ha compensado como acordaron para investirle en enero de 2020. Incluso haciendo leyes ad hoc —detestables en un sistema democrático—, la incompetencia técnica le concierne al presidente del Gobierno, que ha favorecido adicionalmente a los sediciosos ante el Tribunal de Derechos Humanos en detrimento del Tribunal Supremo y del Constitucional.

La acusación a los jueces (“togas golpistas”) del socialista Felipe Sicilia en el Congreso y los ataques de varias ministras y ministros a los jueces y magistrados (“machistas”) no son solo responsabilidad de los que pronunciaron aquella y estos, sino del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, que no ordenó la debida compostura dialéctica y no les rectificó públicamente. Es también de su entera responsabilidad que los órganos jurisdiccionales de mayor importancia estén colapsando por la mutilación de las funciones de nombramientos profesionales del Consejo General del Poder Judicial, medida normativa para forzar —inútilmente— a que el PP negocie su renovación. Se hace daño, no al PP, ni al propio Consejo, sino a los ciudadanos en su derecho a recibir justicia en tiempo y forma.

El Tribunal Constitucional

Los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional más gubernamentales de la historia democrática —Juan Carlos Campo y Laura Díez, exministro, el primero, y exdirectora general, la segunda— son responsabilidad del presidente del Gobierno, como lo es la consigna para que los denominados magistrados progresistas, con la sana excepción de María Luisa Balaguer, hiciesen presidente del órgano de garantías constitucionales a un ex fiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero que, además, está incurso en causa de abstención en el crucial recurso contra la ley del aborto porque intervino en el informe al anteproyecto (junio de 2009) emitido por el Consejo Fiscal. No hay precedente de un TC con una composición tan sesgada como la actual. Es lógico que el grupo popular reclame la abstención de Campo y Díez en la deliberación y fallo de siete recursos de inconstitucionalidad.

Las ayudas sociales

Si las ayudas sociales que se aprueban en cascada —ingreso mínimo vital, cheques culturales a los jóvenes, ingreso de 200 euros a rentas bajas— no llegan ni siquiera al 50% de sus potenciales beneficiarios, la responsabilidad es del presidente del Gobierno, que las ha incluido en decretos leyes a pesar de conocer algo tan elemental como la falta de capacidad de ejecución de las administraciones públicas. En el mismo caso se encuentra la distribución de los fondos NG de la Unión Europea, que el presidente del Gobierno decidió asignar con criterios inciertos —tarde, mal y escasamente—, negándose a crear una agencia independiente con tal finalidad.

Tanques a Ucrania

La decisión de enviar tanques a Ucrania sin un debate en el Congreso de los Diputados y sin explicar su estado de mantenimiento, el número de los disponibles y los plazos de entrega es de la íntegra responsabilidad del presidente del Gobierno, que de forma sistemática —véase el disparatado número de decretos leyes— ha arrumbado al Congreso de los Diputados, en donde utiliza el mecanismo de las proposiciones de ley para, de continuo, librar las normas del informe preceptivo de los órganos consultivos, sea el Consejo de Estado, sea el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial o la Comisión Nacional de Codificación.

La política económica

La inflación subyacente del 7,5% —o sea, la que afecta a los productos de primera necesidad—, la evaluación del desempleo que no contabiliza a los inactivos fijos discontinuos, la alta temporalidad en las administraciones públicas (es del 30%, mientras que en el sector privado es del 14%, según la última EPA), el desbordado desempleo juvenil (38% en España, frente al 17% de la UE), el hecho de ser el único país de la UE que no ha igualado su PIB al anterior a la pandemia (Expansión, de 18 de agosto de 2022) son responsabilidad de la política del Gobierno que preside Pedro Sánchez, que es el que nombra a los titulares de las carteras con competencias sobre economía, hacienda, energía y trabajo.

El fracaso en las autonómicas

El fracaso del PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid en 2021 (por detrás de Más Madrid), en Andalucía (mayoría absoluta del PP), en Castilla y León (el PP, primera fuerza), en Galicia (mayoría absoluta del PP) y el apoyo del PSC a los presupuestos de la Generalitat, sin cerrar un pacto de legislatura con el partido de Oriol Junqueras y Marta Rovira que participó en el golpe de septiembre y octubre de 2017, son de la responsabilidad del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, sin que por él y por el partido se haya exigido a los republicanos una garantía expresa de compromiso de cumplimiento de la legalidad constitucional y estatutaria.

El artículo 98 de la Constitución

Todo esto, y más, es suyo, señor presidente, porque el artículo 98 de la Constitución española establece que “el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión”. Según el catedrático de Derecho Constitucional Marc Carrillo, “el presidente no es un primero entre iguales, sino que ocupa un lugar preeminente sobre los ministros” (página 382 de Comentario mínimo de la Constitución). Y es así: no puede descargar su responsabilidad ni sobre los ministros, ni sobre sus socios de gobierno y parlamentarios, ni sobre la oposición.