Pedro Sánchez nos ha abocado a vivir en un ay permanente. Jamás hubo en democracia un Gobierno tan pertinaz en la intervención de las instituciones, las empresas públicas y hasta las privadas con un único objetivo, la perpetuación de un ecosistema de poder sin reglas. En España empieza a sucumbir esa idea perenne, intacta como un imán en la puerta de la nevera, de que el sistema, el Estado, es siempre más fuerte que cualquier Gobierno que pretenda abusar de él. Creímos que los mecanismos de control, el contrapeso de poderes para que ninguno se imponga sobre otro, siempre triunfaban. Aún hoy hay una falsa percepción de que al final todo se reordenará, de que todo volverá a tomar forma y de que los límites sobrepasados se reconducirán. Bien porque los jueces independientes hacen su trabajo, bien porque habrá elecciones en algún momento, bien porque algún socio oportunista se cansará y provocará el final precipitado de la legislatura. O bien porque alguien en el PSOE quiera que el PSOE vuelva a ser el PSOE. Inocentes los quiere Dios.

En este contexto, emerge, como siempre, imperial, poderosa, protectora, la idea de Europa. Lo que un Estado miembro destroce en términos de libertades o democracia, esa Europa gris, fría, burocrática, influyente y lobista lo arreglará. ¡Ah, Europa, ese bálsamo! ¡Ese salvavidas que terminará agotada de la inmunidad e impunidad con que se ha embadurnado Sánchez! Nos dicen que Europa ha tomado la matrícula a Sánchez o que los grandes del IBEX ya susurran hartazgo del sanchismo. Hasta medios de la izquierda lo sacuden sin piedad. ¿Y qué?

Esta semana tuvo lugar en Luxemburgo, en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la primera vista de las cuestiones prejudiciales planteadas por distintos organismos españoles contra la aplicación de la amnistía. Optimismo entre los retractores de la amnistía… y optimismo entre sus defensores. Brutalmente diáfano el argumentario jurídico empleado por Sociedad Civil Catalana o por el Abogado de la Comisión Europea. Esto es una “autoamnistía” que el mismo Gobierno que hoy la defiende ayer la consideraba ilegal, y esto es pura corrupción política porque se aprobó a cambio de permanecer en el poder. Inapelable. Por ser cierto, más que nada. Lo que ocurre es que Europa no desautoriza a los Estados así como así por aquello de las decisiones soberanas de los Estados miembros en su devenir político y tal. Aquí importa lo que sostenga en septiembre el Abogado General de la UE, un tipo siempre ambivalente y especialista en convertir lo vidrioso en más vidrioso todavía. Admito no ser demasiado optimista. Quien espere un “sí” o un “no” drástico del TJUE, debe pensar en ir comprando una mecedora para no cansarse de esperar. Toda resolución del TJUE tendrá un conque, un sí pero no, un no pero sí… Y a priori al Abogado General, cuyo criterio siempre es la antesala de la sentencia, no se le ve un ferviente detractor de la amnistía.

Sí genera una buena expectativa para los denunciantes de una amnistía tan sórdida el hecho de que uno de los magistrados preguntase a la Abogada del Estado española (que por supuesto defendió al sanchismo como mejor supo y pudo) si había en España alguna norma que impidiese al Tribunal Supremo plantear otra cuestión prejudicial contra la amnistía aunque ya se haya pronunciado nuestro Tribunal Constitucional (a favor de obra sanchista, of course). Y la respuesta solo pudo ser que no, que el Supremo podrá plantearla. Por tanto, le queda recorrido a la amnistía… De años probablemente porque el Supremo no va a cejar en su empeño de que Carles Puigdemont incurrió en malversación de dinero público para financiar el procés, y no va a amnistiarle a no ser que el TJUE lo avale expresamente.

Sin embargo, en la Europa de los extraños equilibrios, los matices siempre son relevantes. No será fácil que Luxemburgo tumbe la amnistía, o toda la amnistía, porque hay más intereses condicionantes que los meramente jurídicos. Por ejemplo, la desestabilización política definitiva en un país miembro que además es víctima de un galimatías insoportable en la aritmética parlamentaria. Rezar el rosario en la puerta de Ferraz no va a ser suficiente. Por eso, quienes pongan todas sus expectativas en el TJUE se equivocan. No es cuestión de prudencia, sino de ser menos ingenuos. Más que otra cosa, porque Europa se ha especializado en no resolver nunca nada.

Al famoso TJUE llega también la “ira de los rebeldes”, esos magistrados de Sevilla que le han dicho a Cándido Conde-Pumpido y a toda la izquierda aborregada del Tribunal Constitucional que no. Que no van a aplicar de momento ese fallo que supuso un “indultazo” sobrevenido a los condenados por los falsos ERE de Andalucía. Que el desfalco de 700 millones de euros quedaría así impune, y que no están dispuestos a aceptar el trágala de que el TC les reescriba la verdad. El del TC es otro caso nítido de creacionismo jurídico, de arbitrariedad política aplicada a una sentencia y de intervencionismo jurisdiccional que Europa meditará ahora. ¿Se sobrepasó el TC o no, con tal de satisfacer los intereses del PSOE e inventar una doctrina sobre la malversación para blanquear un modo de delincuencia política? El TJUE decidirá… pero la consecuencia de sentenciar que nuestro TC es arbitrario, sectario y proclive a la impunidad provocaría un terremoto, una desestabilización inédita de nuestro máximo órgano de garantías. Y todo cuenta.

Pero es que queda pendiente algo que prácticamente ha caído en el olvido. En 2020 se celebró un juicio contra trece acusados por el ‘procés’ separatista de Cataluña. Todos fueron indultados. Pero recurrieron ante otro tribunal europeo, el de Derechos Humanos, uno más de esos entes opacos entre las brumas de Estrasburgo y con más curvas que Alpe D´Huez. Y tiene pendiente anular o avalar la sentencia del Supremo con condenas varias por sedición y malversación. Lamento ejercer de nuevo como cenizo en este folio. Pero empiezan a deslizarse soniquetes preocupantes. ¿Trece años de cárcel por una sedición que el propio Gobierno derogó por excesiva para convertirla en simples desórdenes públicos? ¿Avalar la consistencia de una pena en la que no cree ni el Parlamento español? En la proporción -o desproporción- de la pena va a estar la clave. Y se barruntan en el Supremo que pinta mal. Muy mal para la justicia española y para quienes se limitaron a aplicar un Código Penal que el sanchismo desguazó para satisfacer a los delincuentes. Huele tan mal como cuando esa Europa de los “derechos humanos” fulminó la “doctrina Parot” para liberar a terroristas.

Reduzcamos todo a lo simple. Europa no pone ni quita gobiernos salvo cataclismo económico, y ni eso. De ahí que convenga rebajar esa absurda creencia en que Europa, tan digna y legalista, siempre más pulcra con los “derechos individuales” que con la legalidad de los Estados, vaya a dar la puntilla al sanchismo. Y aunque la diese, ya encontrarían Sánchez y sus socios argumentos para reinterpretar, manipular y seguir adelante. En ello trabajan.