Se suele decir que las elecciones no las gana la oposición sino que las pierden los gobiernos. Así debería ser también en España, lleguen cuando lleguen, tras ocho años de fracasos, engaños, promesas traicionadas y problemas no resueltos, rematados por una descomunal escandalera de corrupción que terminará –no de inmediato porque los tiempos judiciales son lentos– con una ristra de cargos socialistas presos. En este caso, sin embargo, la derecha puede sabotear o tirar por la ventana la mayoría social que reúne en este momento. Y quizá no tanto por los errores que suelen cometer sus dirigentes cuando atisban un triunfo cierto como por el pesimismo de un electorado incapaz de analizar las circunstancias bajo el criterio correcto. Que si la huelga general, que si el pucherazo de la ley de nietos… siempre hay un pretexto para quedarse paralizados de recelo ante un personaje que nunca ha demostrado otra cosa que la osadía del aventurero. Perder otra vez contra un tipo así debería dar más vergüenza que miedo.

Está claro que, con adelanto o sin él, va a montar un escenario de máxima tensión, con coletazos de confrontación civil al límite de lo legal y hasta más allá si es necesario. Necesita crear una atmósfera de crispación frentista al modo republicano. Pero está por ver que lo consiga, y sobre todo que le sirva de algo. Las movilizaciones de este fin de semana, aun siendo notables, se han quedado cortas en relación con el impacto esperado. Fuera del combate verbal de las redes y del espacio mediático, el ruido político genera ya un perceptible cansancio ciudadano. Y en el debate sobre la vivienda la izquierda está dejando de lado a millones de pequeños propietarios. Pero sobre todo, ante unos eventuales comicios el Ejecutivo parte de muy abajo, con la inflación disparada, el presupuesto bloqueado y las infraestructuras públicas en pleno colapso. Sólo lo puede salvar la deflación asustadiza de la derecha sociológica a la hora de creer en la fuerza de su rechazo.