El Gobierno ha aprovechado la negligencia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que investiga el caso de Begoña Gómez, y que ha llevado a Juan Carlos Peinado a suspender la declaración de la esposa del presidente prevista para este viernes, para sembrar dudas sobre las garantías del proceso.
El Ejecutivo lleva días cuestionando las decisiones del juez Peinado. Pero el ministro de Justicia Félix Bolaños ha llegado este viernes a presionar al juez para que archive la causa, al deslizar que «si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende».
Bolaños ha argumentado que, con el aplazamiento de la declaración, queda «patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal, porque no hay nada de qué acusarla».
Es evidente la torpeza del juez, responsable en último término del error de que a Gómez no le haya sido notificada correctamente la querella de Hazte Oír. Debió cerciorarse de que la investigada recibía toda la información antes de tomarle declaración.
Y más en un caso como este, con el foco de la opinión pública puesto sobre los juzgados de Plaza Castilla, y cuando tanto Gómez como su abogado han alegado que desconocen los hechos que constituyen el objeto de la causa, y por los cuales se la investiga.
Pero la torpeza del juez no puede esgrimirse como prueba de la existencia de alguna suerte de maquinación malintencionada por su parte contra la investigada.
De hecho, el desenlace de este desatino demuestra exactamente lo contrario de lo que sostiene Bolaños. Y no sólo porque se le haya concedido a la mujer del presidente evitar el paseíllo ante las cámaras y un despliegue policial desorbitado. ¿Se puede acusar a Peinado cuando, tan pronto como ha constatado que a Gómez no se le había notificado la querella, ha suspendido y aplazado su declaración para subsanar el error?
Cabe puntualizar, además, que el pretexto de que Gómez desconoce la totalidad de los hechos no pasa de una teatral estrategia de defensa, dado que conoce perfectamente por los medios de comunicación el contenido de la querella.
No se libra tampoco del dislate el Partido Popular, que por boca de Miguel Tellado ha cargado contra la negativa de Begoña Gómez a declarar de una forma que parece implicar que está condenada por corrupción, cuando solamente está investigada, y ni siquiera se le ha llegado a tomar declaración. Es también una exageración afirmar, como ha hecho el portavoz, que «hoy es un día negro para España».
Con todo, entra dentro de lo esperable que la oposición incurra en hipérboles. Pero resulta insólito, y grave, que el ministro de Justicia haya envidado estos despropósitos exhortando al juez a cerrar el caso Begoña.
A este cuestionamiento de la labor judicial se añade el silencio de Bolaños ante las descalificaciones de Miriam Nogueras este jueves en el Congreso, donde usó el sintagma «mafia judicial».
El mismo silencio que el juez Marchena le reprochó al ministro de Justicia en su primera reunión con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en la que Bolaños se comprometió a defender a los jueces de los ataques de Junts y ERC. Algo que este viernes quedó, a la vista está, en papel mojado.