A la vista de indicios palmarios de delito, un juez de Barcelona ordenó ayer a primera hora de la mañana varias redadas para desmantelar la logística del referéndum ilegal que pretende organizar el Gobierno insurrecto de la Generalitat. La Guardia Civil, pues por desgracia parece que los Mossos ya no son fiables a la hora de velar por nuestra legalidad, actuó en consecuencia. Los agentes registraron almacenes en polígonos industriales, hallando en uno de ellos nueve millones de papeletas listas para la consulta. También se personaron en las oficinas de cuatro consejerías del Gobierno catalán, toda vez que desde ellas se estaba tramando la inteligencia y plan de acción del referéndum. En la operación hubo una docena de detenciones, como tantas veces en cualquier país democrático del mundo cuando se está combatiendo un delito grave (o a veces no tan grave).
La reacción del orbe independentista fue iracunda. El tono general de su crítica se resume en una frase de Ada Colau. A su juicio, la actuación del juzgado de Barcelona supone «un escándalo democrático». No. Lo que sí constituye un escándalo democrático es aprobar dos leyes con métodos golpistas y un procedimiento exprés para establecer una presunta nueva legalidad catalana, que deroga la del Estado, desoyendo además las advertencias de los juristas de la propia Cámara y pateando el Estatuto de Cataluña. Escándalo democrático es utilizar las oficinas del Gobierno catalán, desde donde debe atenderse a todos los catalanes, del primero al último, para ponerlas al servicio de un proyecto separatista que ni si quiera cuenta con el apoyo mayoritario de la población. Escándalo democrático es estafar al pueblo catalán, invocando supuestas normas internacionales que justificarían la autodeterminación, cuando en realidad solo rigen en situaciones coloniales; o fabular asegurando que una Cataluña independiente seguiría en la UE, algo que la organización ha negado hasta el hartazgo; o mentir con la facundia impúdica y reincidente de Junqueras, quien anteayer aseguró que la intervención de las cuentas de la Generalitat había quedado en suspenso por orden del Supremo, falacia que el alto tribunal negó en minutos.
Escándalo democrático es intentar romper un país del primer mundo, donde se disfruta de un régimen de libertades, sin respetar los cauces legales de ese Estado, algo que ni en sus peores sueños se les habría ocurrido a los independentistas quebequeses y escoceses, que actuaron siempre observando escrupulosamente los marcos constitucionales de Canadá y el Reino Unido. Escándalo democrático —y tufo nazi— es señalar a los concejales discrepantes con pasquines con sus fotos, cercar sus hogares, sumir en la angustia a sus hijos y familiares; acosar a directores de instituto y bedeles; o usar el dinero público de todos para comprar a la prensa local.
A la vista de indicios palmarios de delito, un juez de Barcelona ordenó ayer a primera hora de la mañana varias redadas para desmantelar la logística del referéndum ilegal que pretende organizar el Gobierno insurrecto de la Generalitat. La Guardia Civil, pues por desgracia parece que los Mossos ya no son fiables a la hora de velar por nuestra legalidad, actuó en consecuencia. Los agentes registraron almacenes en polígonos industriales, hallando en uno de ellos nueve millones de papeletas listas para la consulta. También se personaron en las oficinas de cuatro consejerías del Gobierno catalán, toda vez que desde ellas se estaba tramando la inteligencia y plan de acción del referéndum. En la operación hubo una docena de detenciones, como tantas veces en cualquier país democrático del mundo cuando se está combatiendo un delito grave (o a veces no tan grave).
La reacción del orbe independentista fue iracunda. El tono general de su crítica se resume en una frase de Ada Colau. A su juicio, la actuación del juzgado de Barcelona supone «un escándalo democrático». No. Lo que sí constituye un escándalo democrático es aprobar dos leyes con métodos golpistas y un procedimiento exprés para establecer una presunta nueva legalidad catalana, que deroga la del Estado, desoyendo además las advertencias de los juristas de la propia Cámara y pateando el Estatuto de Cataluña. Escándalo democrático es utilizar las oficinas del Gobierno catalán, desde donde debe atenderse a todos los catalanes, del primero al último, para ponerlas al servicio de un proyecto separatista que ni si quiera cuenta con el apoyo mayoritario de la población. Escándalo democrático es estafar al pueblo catalán, invocando supuestas normas internacionales que justificarían la autodeterminación, cuando en realidad solo rigen en situaciones coloniales; o fabular asegurando que una Cataluña independiente seguiría en la UE, algo que la organización ha negado hasta el hartazgo; o mentir con la facundia impúdica y reincidente de Junqueras, quien anteayer aseguró que la intervención de las cuentas de la Generalitat había quedado en suspenso por orden del Supremo, falacia que el alto tribunal negó en minutos.
Escándalo democrático es intentar romper un país del primer mundo, donde se disfruta de un régimen de libertades, sin respetar los cauces legales de ese Estado, algo que ni en sus peores sueños se les habría ocurrido a los independentistas quebequeses y escoceses, que actuaron siempre observando escrupulosamente los marcos constitucionales de Canadá y el Reino Unido. Escándalo democrático —y tufo nazi— es señalar a los concejales discrepantes con pasquines con sus fotos, cercar sus hogares, sumir en la angustia a sus hijos y familiares; acosar a directores de instituto y bedeles; o usar el dinero público de todos para comprar a la prensa local.