Escaños incómodos

Dos citas de gran calado propagandístico para el entorno de ETA ocupan el espacio estelar de la agenda de esta semana. Pasado mañana en Estrasburgo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al revisar el caso de la etarra Inés del Río, se pronunciará sobre la conveniencia o no de seguir aplicando la ‘doctrina Parot’. Una norma que ha facilitado, durante seis años, la distinción de trato entre los presos que han cometido un sólo delito criminal y otros con un amplio historial delictivo a la hora de acogerse a los beneficios penitenciarios.

¿Resulta proporcional que un terrorista cumpla los mismos años de condena por matar a una persona que otro que ha acabado con la vida de 23 ciudadanos? Esa y no otra es la cuestión sobre la que el tribunal europeo deberá definirse. Y si lo hace es debido a que el Gobierno de Rajoy recurrió en su día la sentencia que declaró irregular que a la activista del ‘comando Madrid’ se le aplicara la rectificación de su condena. Una decisión que viene muy condicionada por la campaña de presión que ha estado ejerciendo la izquierda abertzale en las últimas semanas que, salvo el contrapunto del Gobierno de Rajoy, recordando que el final de la ‘doctrina Parot’ implicaría la revisión de otros 53 casos de presos terroristas, y la crítica de UPyD apenas ha encontrado resistencia en el resto de partidos políticos.

Dos días después, sus señorías debatirán en el Parlamento de Vitoria sobre el llamado «conflicto» vasco por obra y gracia de EH Bildu que solicitó la celebración de ese pleno. La izquierda abertzale tiene prisa por presionar, y no precisamente a ETA para que se disuelva ya de una vez por todas sin pretender conseguir contrapartidas, sino al Gobierno español. Pero van muy despacio en su propia evolución. EH Bildu, como todas las franquicias de la vieja Batasuna, sigue donde estaba. Le está costando adaptarse a los «nuevos tiempos». La actitud que ellos reclaman para los otros y no aplican a sí mismos al ser incapaces de presentarse con un discurso autocrítico sobre los cincuenta años de violencia de ETA.

Las intervenciones de Laura Mintegi, la pasada semana, en la Cámara vasca acreditan el inmovilismo de la izquierda abertzale. Lanzan fuegos de artificio acusando de su enfermedad al Gobierno de Rajoy, pero al final, cuando se les cae un poco el maquillaje, resurge la imagen real de la justificación de todas las tropelías cometidas por la banda terrorista. Y a la portavoz de EH Bildu se le cayó el maquillaje en cuanto el PP le dejó en evidencia (primero Nerea Llanos y después Arantza Quiroga) al protestar por el insulto que suponía para cualquier víctima escuchar de la portavoz de la izquierda abertzale justificar que el asesinato de Fernando Buesa fue «una muerte por causa política evitable mediante diálogo». Un asesinato, como todos los demás, cometidos por quienes desde luego no perseguían otra causa que la política: la política totalitaria utilizada como colchón para llevar a cabo la limpieza ideológica que muchos, ahora, prefieren no recordar.

Si la izquierda abertzale alza la voz y se envalentona es porque muy pocos se atreven a cantarle las verdades del barquero. Al PNV le parecieron desafortunadas las declaraciones de Mintegi, pero al mismo Egibar que cargaba contra Bildu en Gipuzkoa, comparándolos con la Stasi por pedirles la revisión de unas facturas, no le han dolido prendas en calificar al PP de «hooligans» por no querer participar de la ponencia de paz en el Parlamento vasco. Ni siquiera los compañeros de Buesa, el «muerto» por motivaciones políticas, han dicho que la izquierda abertzale no está preparada para participar en la ponencia parlamentaria; por ejemplo, limitándose a aplazar su constitución.

Pero ésta es la sociedad que tenemos. Se quintuplica el número de movilizados por los sucesos del 3 de marzo en Vitoria, ocurridos hace treinta años, en relación con el grupo testimonial de compañeros que han recordado estos días al propio Buesa, Froilán Elespe o a Priede en los aniversarios de sus asesinatos. ¿Es realmente urgente constituir una ponencia de paz para mayor gloria de quienes siguen considerando que los asesinatos de ETA fueron «muertes políticas»? Tan sólo dos partidos lo cuestionan: UPyD, que rechazó participar en este escenario desde un principio, y el PP, que no solo no tiene inconveniente en demostrar su incomodidad por compartir escaños con los herederos de Batasuna, instalados en la justificación de la historia de ETA, sino que aprovechan la ocasión para explicar que la izquierda abertzale es legal, pero le falta mucho para llegar a ser democrática.

Los compañeros de Fernando Buesa no albergan duda sobre la ponencia de paz en donde han decidido caminar de la mano del PNV, aunque se revuelvan con los últimos mensajes de EH Bildu que consideran «provocadores». ¿Es el Parlamento vasco la institución que debe llenar la alfombra roja para la izquierda vasca de ponencias, facilitadores, mediadores y foros? ¿O, más bien, debería dedicarse a deslegitimar cualquier justificación de la violencia sin asumir, como propios, los problemas que son única y exclusivamente de ETA y su entorno? El lehendakari Urkullu ha asegurado que la Cámara vasca nunca va a legitimar la historia de la banda, pero mientras el PNV siga equiparando al PP con Batasuna, difícilmente podrá lograr que el partido de Basagoiti participe en la ingeniería de convivencia con la que pretenden zanjar el «conflicto».