Rogelio Alonso, EL CORREO, 9/8/12
Sinn Fein explotó la amenaza de escisiones para obtener concesiones con las que rentabilizó la crítica debilidad del IRA, ofreciendo pautas que el brazo político de ETA puede emular
La reciente alianza de diversos grupos terroristas irlandeses escindidos años atrás del IRA para continuar con su campaña de violencia permite extraer algunas conclusiones. El anuncio evidencia el error de los firmantes de la declaración de Aiete, que sin el más mínimo rigor o pudor proclamaron que su objetivo al respaldar un acto promovido por la izquierda abertzale y tolerado por el Gobierno era poner fin a «la última confrontación armada de Europa». En aquel momento era evidente que el terrorismo continuaba en Irlanda del Norte, donde entre 2005 y 2011 los grupos escindidos de la principal facción del IRA –la liderada por Gerry Adams– fueron responsables de 12 asesinatos. Estas estadísticas no incluyen los intentos de asesinato que vienen perpetrando dichas facciones, entre ellos el que pudo costarle la vida a un soldado británico que en enero de 2012 encontró una bomba lapa bajo su coche antes de que estallara.
La manipulación del fenómeno terrorista por parte de personajes como Adams, Jonathan Powell –ex jefe de gabinete de Tony Blair– o Bertie Ahern –ex primer ministro de Irlanda– ilustra la falta de credibilidad que merecen mediadores de parte interesados en defender los intereses del entorno político de ETA. Deberían tenerlo presente quienes han avalado a actores que todavía se afanan en aplicar en España un ‘modelo’ que no ha conseguido erradicar por completo el terrorismo en Irlanda del Norte. Mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad han logrado contener la violencia de ETA a niveles inferiores a los de los grupúsculos escindidos del IRA, desgraciadamente algunos responsables políticos han invalidado parte de esos logros al abogar por la instrumentalización de ciertas iniciativas aplicadas en Irlanda del Norte. Así ha ocurrido cuando de manera irresponsable algunos dirigentes democráticos han presentado como necesario para el final del terrorismo el elevado precio político requerido y obtenido por ETA en la forma de la presencia institucional de Bildu y Amaiur.
En Irlanda del Norte similares réditos políticos no lograron la desaparición total del terrorismo, incentivando por el contrario su continuidad por parte de grupos escindidos. Las escisiones del IRA demuestran que la erradicación del terrorismo se ha visto obstaculizada por la disposición de actores democráticos a recompensar a los terroristas con cesiones que fueron presentadas como imprescindibles para la finalización de la violencia pero que, en cambio, reforzaron un relato legitimador de la misma garantizando su perpetuación.
Los terroristas norirlandeses justifican su violencia reivindicando idénticos objetivos a aquellos por los que el IRA legitimó miles de asesinatos, o sea, el fin de la ‘ocupación’ británica. Además argumentan que, puesto que el IRA y Sinn Fein ensalzan el terrorismo como eficaz, todavía deben mantenerlo para alcanzar los fines nacionalistas a los que dicen no han renunciado, estimulando por tanto la reproducción de la violencia pese a las dificultades que encuentran.
El escaso apoyo popular que estos grupos reciben no resulta completamente disuasorio, pues la fuerte subcultura de la violencia reproducida durante décadas alimenta la adhesión a un firme y fanatizado compromiso ideológico que identifica su simple persistencia como útil. Desde su perspectiva, su mera supervivencia garantiza la continuidad del legado nacionalista y, por tanto, la mítica de sacrificios con los que justifican e idealizan su fanatismo. Al mismo tiempo, como ocurre con el terrorismo yihadista, la creciente utilización de Internet por parte de estos terroristas ha generado comunidades virtuales que amplifican los efectos de sus acciones y la sensación de respaldo.
La experiencia norirlandesa muestra cómo Sinn Fein explotó la amenaza de escisiones para extraer concesiones con las que rentabilizó la crítica debilidad del IRA, ofreciendo pautas que el brazo político de ETA puede emular. Ante semejante escenario conviene recordar que en Irlanda del Norte las cesiones políticas limitaron y neutralizaron los éxitos operativos de policía y servicios de inteligencia. En contra del criterio de algunos profesionales de las fuerzas de seguridad, se cedió ante Sinn Fein aduciéndo que de ese modo se favorecía su integración en el sistema. De esa forma se evitó utilizar una baza defendida por destacados profesionales de la seguridad: si el IRA deseaba mantener su violencia, se debía estar preparado para el desafío eludiendo concesiones con las que se intentaba chantajear a los actores democráticos; ello en la creencia de que una respuesta implacable y eficaz por parte del Estado restaría argumentos a los partidarios de continuar con el terrorismo impidiendo a su vez escisiones. Se sostenía, con buena lógica, que en el caso de optar por esa vía se colocaría una importante presión sobre Sinn Fein, obligándole a acometer la crítica de la violencia del IRA con argumentos tácticos e ideológicos que podrían haber conducido a una verdadera y necesaria deslegitimación del terrorismo que hoy sigue ausente.
La reciente alianza de grupos escindidos del IRA constituye un recurso propagandístico de facciones que mantienen un nivel de amenaza ‘elevado’, en la propia terminología de la policía norirlandesa. La sensación de unidad que desean trasladar persigue mantener su presencia mediática con una imagen de eficacia que deberán demostrar mediante atentados que a buen seguro intentarán perpetrar. Al mismo tiempo, esa fusión puede ser fuente de vulnerabilidad si facilita la infiltración policial de redes de activistas que se nutren de relaciones personales con antiguos integrantes del IRA conocidos por la policía, pero también con una nueva generación de militantes sin el bagaje y la experiencia de aquellos. Por tanto, los factores que pueden fortalecer a la nueva alianza son los mismos que podrían debilitarla en función de la eficiencia con la que los líderes políticos permitan a los servicios de inteligencia gestionar esta situación.
Rogelio Alonso, EL CORREO, 9/8/12