¿Escocia o Baviera?

El lehendakari Urkullu ha abierto el curso político con unas declaraciones en las que se desmarca claramente del desafío secesionista catalán, y hace suyo el modelo escocés. Por otro lado, se remite a los trabajos de la Ponencia de Autogobierno constituida en el Parlamento vasco para alumbrar propuestas concretas de reforma del marco jurídico actual. Lo más relevante de este discurso es que se muestra plenamente respetuoso con la legalidad, y busca alcanzar acuerdos y consensos amplios entre las fuerzas políticas nacionalistas y no nacionalistas.

Ocurre sin embargo que el modelo escocés nunca podrá servir como ejemplo para el País Vasco –ni para ningún otro territorio europeo– y no sólo por las profundas diferencias históricas y jurídicas existentes, sino porque el referéndum sobre la independencia de Escocia de Reino Unido que el primer ministro británico, David Cameron, pactó con su homólogo escocés, Alex Salmond, se contempla hoy –desde la Casa Blanca hasta la Cancillería alemana, pasando por el cuartel general de la OTAN y por la Comisión Europea en Bruselas– como la mayor irresponsabilidad que un dirigente político occidental ha cometido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cameron ha abierto una caja de Pandora con un potencial desestabilizador formidable. No sólo porque podría conducir a la fragmentación de la segunda potencia militar de Occidente sino sobre todo porque contribuye a alimentar el principio de autodeterminación de las nacionalidades en virtud del cual las ‘naciones culturales’ deben poder convertirse en Estados independientes. Ese principio sirvió, hace cien años, para destruir comunidades políticas inclusivas como el Imperio Austro-húngaro, para erigir fronteras, crear conflictos y sumir a Europa, veinte años después, en una nueva orgía de sangre. La irresponsabilidad de Cameron podría tener consecuencias muy peligrosas para la Unión Europea y para la Alianza Atlántica, y por esta razón, en el contexto europeo actual, el referéndum escocés no puede considerarse un modelo válido.

El País Vasco –a diferencia de Escocia, cuyo nivel competencial es muy escaso– es una de las comunidades que más competencias tiene si lo comparamos con las entidades de los Estados descentralizados o federales actualmente existentes. No obstante, y tal y como el lehendakari ha expuesto al presidente del Gobierno, el PNV entiende que el poder central invade a menudo competencias del País Vasco, y de esta forma erosiona el autogobierno vasco. La elevada conflictividad que se traduce en el hecho de que numerosas leyes vascas son recurridas por el Gobierno, y numerosas leyes estatales por el Parlamento vasco, es la prueba con la que el lehendakari justifica su pretensión de «superar el marco jurídico actual». Hay que reconocer que aunque los conflictos de competencias son inherentes a cualquier sistema descentralizado, en nuestro caso la conflictividad es alta y trae causa de un problema estructural: el confuso sistema de reparto competencial.

Lo que hace falta, por tanto, es clarificar el reparto de competencias, y para ello, lejos de mirar a Escocia, sería muy útil dirigir la vista –como para tantas otras cosas– a Alemania. El federalismo alemán, que debiera ser en muchos de sus elementos un referente para nuestro país, se caracteriza por un reparto competencial claro establecido en la Constitución. Frente a esa claridad y estabilidad del reparto de competencias fijado en la Constitución alemana, en España, la Constitución remite a los Estatutos y a otras leyes la delimitación competencial. El resultado es un confuso sistema de reparto contenido en un extenso, abigarrado y muchas veces ininteligible ‘bloque de la constitucionalidad’ (Constitución, Estatutos, leyes básicas estatales, sentencias del Tribunal Constitucional).

En el Estado autonómico no existe prácticamente ninguna materia sobre la que tanto el País Vasco como los poderes centrales puedan –simultáneamente– alegar algún título competencial. La técnica de atribuir al poder central la facultad de dictar normas básicas y al poder autonómico la legislación de desarrollo es fuente de conflictividad permanente. Y estos problemas, es muy importante subrayarlo, no pueden ser resueltos mediante una reforma del Estatuto de Autonomía. Sólo pueden ser afrontados con éxito mediante una reforma constitucional. Reforma mediante la cual se recoja en la Constitución el reparto de competencias. Tal es el objetivo principal de la reforma de la Constitución en clave federal que algunos venimos defendiendo desde hace años. Es en esa línea donde el PNV debería buscar el consenso con las fuerzas no nacionalistas. Con esta reforma, el autogobierno como tal no se incrementaría (porque no hay margen para hacerlo dado el muy alto techo competencial que disfruta ya el País Vasco) pero sí se mejoraría su calidad, al reducir (nunca suprimir) la conflictividad gracias a la necesaria clarificación.

Es cierto que el federalismo del siglo XXI, y el alemán no es una excepción, no tiene nada que ver con ideologías basadas en la defensa de identidades colectivas o de singularidades históricas o culturales. Ahora bien, dentro del federalismo alemán queda todavía un ‘land’, Baviera, que conserva la conciencia de su singularidad histórica, y tiene un fundamento cultural. A mayor abundamiento, ha sido gobernado durante décadas por un partido cuyo ámbito territorial es el del Land, la Unión Social Cristiana. Si el lehendakari y el PNV miraran a Alemania y a Baviera encontrarían allí un modelo en el que el reparto competencial está claro, y el respeto a la identidad cultural también. Y sobre esa base se podría lograr un consenso entre fuerzas políticas nacionalistas y no nacionalistas para mejorar la calidad del autogobierno.