En ausencia de Theresa May, de visita oficial en España, todos los reflectores volvieron a apuntar hacia Escocia. Nicola Sturgeon, que había decidido enterrar temporalmente el hacha de guerra, volvió a la carga con el repentino anuncio de una segunda consulta independentista, en la apertura de la conferencia anual del Partido Nacionalista Escocés (SNP) en Glasgow.
«El proyecto de ley será presentado la semana que viene», anunció Sturgeon. «Escocia debe tener la posibilidad de reconsiderar la cuestión de la independencia, y hacerlo antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Es un paso necesario para proteger los derechos de nuestro país».
Hace apenas un mes, Sturgeon había decidido poner en remojo sus amenazas de un nuevo referéndum, ante las encuestas que demostraban que tan sólo el 37% de los escoceses eran partidarios de una segunda consulta independentista tras la victoria del Brexit en las urnas (aunque los escoceses votaron abrumadoramente a favor de la permanencia por un 62% frente a un 38%).
Durante varias semanas, la ministra principal de Escocia indicó que todos sus esfuerzos se concentrarían en la defensa del acceso al mercado único (la opción conocida como Brexit blando), en alianza con otras fuerzas políticas como el Partido Laborista. El viraje del Gobierno de Theresa May hacia el Brexit duro (ruptura total de relaciones comerciales con Bruselas y control de la inmigración) ha reactivado sin embargo la opción la segunda consulta independentista.
El proyecto de ley para un nuevo referéndum podría provocar sin embargo un enfrentamiento sin precedentes con el Parlamento de Westminster. A diferencia de la consulta de septiembre del año 2014, respaldada incluso por el ex premier David Cameron, el Partido Conservador podría hacer valer ahora su mayoría parlamentaria para bloquear un segundo referéndum.
El anuncio de Nicola Sturgeon, arropada por su número dos Angus Robertson, se produce en un momento de relativa debilidad en el SNP, que ha perdido la mayoría absoluta en el Parlamento escocés y se enfrenta a las crecientes críticas por la falta de democracia interna. Sturgeon usó un agumento fundamentalmente económico y puso sobre la mesa las conclusiones del reciente estudio del Fraser Alexander Institute (FAI), que concluye que que el Brexit duro podría costarle a la economía escocesa hasta 80.000 puestos de trabajo y ocasionar una pérdida salarial de 2.300 euros por cabeza.
La situación económica de Escocia se ha deteriorado en los dos últimos años tras la caída del precio del petróleo, y eso se ha traducido en una pérdida de confianza en la viabilidad de la independencia. Las últimas escuestas no detectan un cambio apreciable en el resultado del último referéndum, en el que venció la permanencia en el Reino Unido por 10 puntos (55% frente a 45%).
«No es difícil encontrar voces de disidencia dentro del SNP», ha advertido el independentista Ronin McAlpine, que junto al diputado Tommy Sheppard y otros críticos han dado alas al movimiento interno IdeaSpace, cuestionando el viraje del SNP hacia «la vieja política». Dentro del partido existe también una notable tensión sobre la conveniencia o no de convocar un nuevo referéndum en tan corto espacio de tiempo.
Nicola Sturgeon no reveló la fecha que tiene en mente, pero recalcó que la consulta debería hacerse antes de que el Reuno Unido abandone formalmente la Unión Europea. Según anticipó el ex ministro principal de Escocia, Alex Salmond, en declaraciones a El Mundo, el referéndum podría convocarse entre 2018 y 2019.
A la misma hora en que Sturgeon disparaba sus cañones el Glasgow, Lord David Pannick defendía en una alto tribunal de Londres la demanda judicial que pretende forzar una votación sobre el Brexit en la Cámara de los Comunes. «Estamos ante una cuestión de alto valor constitucional sobre los límites del poder ejecutivo», advirtió Pannick ante un tribunal presidido por el juez John Thomas, que decidirá la próxima semana si la espinosa cuestión puede llegar hasta el Tribunal Supremo.
El agumento central de la demanda es que el referéndum del 23 de junio fue «consultivo» y no «vinculante», que el Gobierno no tiene la «prerrogativa real» para invocar directamente el artículo 50 del Tratado de Lisboa y que por tanto la facultad para activar el Brexit le corresponde al Parlamento.
El Gobierno de Theresa May ha criticado la demanda judicial como «una operación de camuflaje» para sabotear la voluntad popular. El diputado conservador Dominic Raab ha ido más allá y ha acusado a su impulsora, Gina Miller, de «una arrogancia muy especial» a la hora de poner en marcha la maquinaria legal: «Estamos francamente ante un intento de robar el resultado del referéndum por la puerta de atrás».
Expertos legales, como el profesor de la Universidad de Cambridge Mark Elliott, no descartan la posibilidad de que el Gobierno británico pudiera perder el caso, que podría llegar al Tribunal Supremo en el mes de diciembre. La propia Theresa May declaró el miércoles ante la Cámara de los Comunes que está dispuesta a permitir un debate parlamentario sobre los términos de la negociación con Bruselas, pero que en ningún caso dará el visto bueno a una nueva votación.
UN DIVORCIO DE 20.000 MILLONES DE EUROS
El divorcio de la UE podría costarle al Gobierno británico 20.000 milones de euros, según el ‘Financial Times’. Para consumar la ruptura, Bruselas debería repartir unos 300.000 millones de euros en concepto de responsabilidades comunitarias con los 28 estados, incluido Reino Unido. Esa cifra engloba el legado de las obligaciones financieras conjuntas y abarca gastos como las pensiones o los compromisos para planes de infraestructuras. La posibilidad de que Lond res acabe pagando más por su salida que lo que debería aportar la presupuesto si permaneciera en la UE se convertirá en un nuevo caballo de batalla político para Theresa May. / C. F.