El acuerdo de Sánchez con Puigdemont está sin verificar y el verificador que lo verifique buen verificador será. El presidente justifica esta tercería en función de la ‘excepcionalidad’ de las circunstancias, y en esto no miente porque es ciertamente excepcional que el Gobierno pacte con un prófugo de la justicia al que había prometido meter en la cárcel, aunque no sea ésta la única anomalía de estos tiempos tan extravagantes. Para dulcificar la presencia del o los intermediarios internacionales en la negociación entre partes –expertos al parecer en conflictos armados, que es lo que desde el siglo XVIII sucede en la Cataluña oprimida como todo el mundo sabe–, el jefe del Ejecutivo prefiere llamarlos «acompañantes». Podría haber dicho ‘escorts’, que es un término más polisémico y quizá más apropiado para una tarea que este tipo de gente suele hacer a cambio de un estipendio. Se llamen como se llamen y sean quienes sean, lo que van a hacer es favorecer y/o tutelar un encuentro en el que un delincuente pendiente de procesamiento exigirá garantías de impunidad a los representantes de un Estado soberano europeo. Una reunión secreta en un país extranjero. El concepto de excepcionalidad se queda corto: se trata de un literal, auténtico y escandaloso desafuero.

En el plano semántico, excepcional es aquello que ocurre rara vez, lo que se aparta de lo cotidiano. Éste es el caso, quién podría dudarlo. Pero mirado en un contexto más amplio tal vez no resulte tan extraordinario en la irregularidad política y jurídica a que el sanchismo nos tiene acostumbrados. La transgresión o el trastorno de las pautas convencionales se ha convertido en un hecho sistemático, de tal manera que los españoles hemos acabado por perder la capacidad de sobresalto. Esto constituye un éxito del presidente, que a base de reiteración ha logrado que la ciudadanía asista al espectáculo cruzada de brazos. Al revés que Adolfo Suárez, ha conseguido que la calle vaya normalizando cualquier desvarío con la familiaridad de un hecho rutinario. Desviaciones de poder –Tribunal Supremo ‘dixit’–, terroristas blanqueados, confinamientos inconstitucionales, organismos independientes ocupados por asalto, leyes diseñadas para bloquear los contrapesos democráticos.

Esta naturalización por vía de facto ha sido especialmente intensa en la relación con los separatistas, y de forma concreta en la legitimación política de la insurrección de independencia. Mesas de diálogo bilateral, indultos, franquicias financieras y ahora la amnistía supervisada por los fedatarios de Ginebra, acompañada de la bienvenida al supremacista Puigdemont como honorable miembro del bloque de izquierdas. Es fácil deducir el siguiente peldaño de la escalera: un referendo de autodeterminación bajo la atenta mirada de los ‘escorts’ encargados de verificar su limpieza. No hay excepción que no confirme la regla.