José Antonio Zarzalejos-El Mundo
Bastaría con que el jefe de la Casa Real —que ostenta la categoría de ministro— recibiese en la entrada de la Zarzuela a los interlocutores del Rey tal y como ocurre en otras monarquías parlamentarias
Comienza otra pelea política y jurídica, aunque de más fácil resolución que la suspensión de los cuatro diputados independentistas en prisión provisional, si bien contra el criterio de Unidas Podemos. Se trata de la ronda de consultas que prevé el artículo 99 de la Constitución y que debe realizar el jefe del Estado «con los designados por los grupos políticos con representación parlamentaria». Tras esa ronda de consultas, el Rey, a través de la presidenta del Congreso, «propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno». Eso sucederá a mediados del próximo mes.
Aunque no quepan demasiadas dudas de que el propuesto será el secretario general del PSOE y ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez, sí cabe albergar otras de cierta relevancia en este ritual que en enero de 2016 puso a la Jefatura del Estado en un brete cuando Mariano Rajoy, por primera vez en la historia de la democracia española, se negó a aceptar la encomienda de Felipe VI. Y las dudas en este caso son dos, aunque ambas podrán despejarse sin mayores esfuerzos.
Ahora bien, ¿a quién podría enviar JxCAT a la Zarzuela? A cualquier representante que la presidenta del Congreso acepte por tal. No necesariamente un diputado/a. Podría serlo cualquiera que decida el partido de Puigdemont. De nuevo, Meritxell Batet se encontraría ante una decisión delicada, la de aceptar o no el/la representante que el grupo soberanista quiera enviar a la entrevista con el Rey lo que, implicaría, metafóricamente, hacerle un escrache amarillo. El margen de maniobra de la presidenta del Congreso será estrechísimo. Consta que el grupo político controlado por el fugado en Waterloo está planificando esta ‘performance’ en la sede de la Jefatura del Estado. Los republicanos, en cambio, han optado por no participar en la ronda de consultas tratando así de deslegitimar a Felipe VI. A fecha de hoy, se desconoce qué hará EH Bildu.
Consta que el grupo político controlado por el fugado en Waterloo está planificando esta ‘performance’ en la sede de la Jefatura del Estado
Segunda duda: la Casa del Rey tiene la posibilidad —y quizás debiera considerar hacerlo— de alterar las pautas protocolarias de la ronda de consultas. Carece de sentido —y más en las presentes circunstancias— que el jefe del Estado reciba a los representantes de los grupos políticos de manera tan personal, de forma innecesariamente solemne en el salón de audiencias y con un saludo (ansiosamente escrutado) reproducido hasta la saciedad por los medios de comunicación. De lo que se aprovecharían los dinamiteros de la ronda de consultas. Bastaría con que el jefe de la Casa Real —que ostenta la categoría de ministro— recibiese en la entrada de la Zarzuela a los interlocutores del Rey tal y como ocurre en otras monarquías parlamentarias.
El jefe del Estado debe ser —y Felipe VI lo es— cercano, próximo y accesible. Pero esa manifiesta disponibilidad debe tener el límite de la preservación de la dignidad de la magistratura que ostenta. Ya hemos vivido episodios —especialmente en Cataluña— de escraches públicos al monarca al que los separatistas han sorprendido en su buena fe y espíritu de concordia. Habría que evitar que la ya muy próxima ronda de consultas se convierta en la utilización torticera de un procedimiento ritual de naturaleza constitucional para deteriorarlo y, a la vez, situar al jefe del Estado en una posición desairada.
Como acaba de escribir el historiador Jordi Canal (‘La monarquía en el siglo XXI’, editorial Turner): «las monarquías de Juan Carlos I y Felipe VI han sido y son republicanas», lo que quiere decir que la Corona española se comporta democráticamente con estándares plenamente homologables. Hoy por hoy —y ahí están las métricas aceptadas para determinar la calidad democrática de los Estados y que Canal recoge en su ensayo— España es parigual en su sistema de libertades a los modelos democráticos más acreditados que son las monarquías nórdicas (Suecia, Noruega y Dinamarca). Por esa razón, hay que amparar con las cautelas debidas la imagen y dignidad de la Jefatura del Estado en su momento institucional de máximo protagonismo constitucional.