Escritores

· El Estado ha puesto en marcha un gigantesco mecanismo de eutanasia intelectual

EL escritor no debe ser un patrimonio de Estado protegido, como Malraux quiso incorporarlo a la república gaullista. Cuanto más lejos esté el creador de la dependencia orgánica, mejor será para él, aunque tenga que sentirse en la intemperie. Imagino un Estado que se fabricara un relato intelectual manteniendo a escritores en galpones para la producción en masa como aquellos en los que el Hollywood de la edad dorada de los guionistas encerró hasta a William Faulkner, y a algunos españoles como Neville o Jardiel. No creo en esto, pero tampoco hace falta que el Estado agreda a los escritores hasta aplastarlos, literalmente.

Sólo hay una cosa peor que un abuso de Estado. Un abuso de Estado con retroactividad. Ambos ensañamientos están contenidos en la decisión de hacer incompatibles para los escritores jubilados el cobro de la pensión y el mantenimiento de un ritmo determinado de producción creativa. Se puede entender que el Estado no consienta el cobro de una pensión a aquel que además ocupa un puesto de trabajo que podría pasar a un trabajador de la generación siguiente. Una silla en una oficina, por ejemplo. Pero los libros que van a impedir escribir al novelista obligado a elegir su pensión no iba a escribirlos otro. Se perderán, se quedarán para siempre en el ámbito abstracto de las ideas por germinar. Con el pretexto de la pensión, el Estado ha puesto en marcha un gigantesco mecanismo de eutanasia intelectual que expulsa de la vida civil a escritores que ya no están en edad de debutar en el Betis, de acuerdo, pero que están en el momento existencial perfecto para exprimir vidas vividas. Y que además disponen de tiempo para escribir por fin sin digresiones alimenticias (y sin arrebatar su sustento a nadie). Al revés, dinamizando, aunque sea un poquito, la parte industrial de la cultura.

Luego está la segunda crueldad, la retroactiva. La que declara delictivos hasta los derechos obtenidos todavía por obras escritas hace muchos años. La que no cambia el paradigma en adelante, sino que además impone castigos por la valoración de los últimos cuatro años. Escritores con una edad en la que ya es difícil remontar un boquete económico sobre los cuales de pronto caen multas por valor de cientos de miles de euros que se chupan sus casas y lo que tuvieran apartado para la vejez. Esta otra muerte no es intelectual. Es tan literal que ya ha habido un suicidio causado por la desesperación. Insisto, no hace falta que el escritor sea un bien de Estado si no lo es también el zapatero. No aprobamos el mantenimiento de una corte cultural como la que se fabricaron todos los presidentes a partir del felipismo. Pero tampoco es posible permanecer indiferente mientras el Estado pasa por la trituradora a un gremio entero, el cultural, con quien desde el principio de la legislatura del PP parece estar cumpliendo una promesa de venganza. El libro que escribe un jubilado: he ahí el gran fraude que de verdad escandaliza en un partido político devorado por la corrupción.