ABC 12/07/14
· El Gobierno aprueba un texto suavizado con mayores garantías en las identificaciones y manifestaciones
La nueva ley considera «muy graves» las infracciones contra aeropuertos, puertos y centrales nucleares y prevé multas de hasta 600.000 euros Las manifestaciones o reuniones no comunicadas o prohibidas en una infraestructura «esencial», es decir aquella en la que se presta un servicio básico para la comunidad, o en sus inmediaciones, así como la intrusión en su recinto serán consideradas infracciones «muy graves», sancionadas con multas que van de 30.001 euros a 600.000. Es una de las principales novedades que se incluyen en el proyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que ayer aprobó el Consejo de Ministros después de más de siete meses de trámite de audiencia, en los que se ha suavizado el borrador inicial. El texto se ha enviado al Congreso de los Diputados para su debate parlamentario, que promete ser polémico por el rechazo frontal que ya ha expresado la oposición por lo que considera un recorte de libertades.
· Conrado Escobar / GRUPO POPULAR
El portavoz de Interior del PP en el Congreso cree que la nueva ley «sanciona menos y mejor» sin dejar de proteger el derecho de manifestación
· Antonio Trevín / GRUPO SOCIALISTA
La ley «supone volver al viejo orden público franquista», opina el portavoz de Interior del PSOE en el Parlamento
· José Luis Centella / IZQUIERDA UNIDA
«Vamos por un camino peligroso», según el portavoz de IU, porque se quiere «dejar fuera de la ley al disidente»
El Gobierno defiende un proyecto que está en consonancia con la reforma del Código Penal, ahora mismo en tramitación parlamentaria, ya que muchos delitos o faltas han pasado a tener una sanción menor de naturaleza administrativa, que se regula en esta ley. Frente a las críticas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió que el texto es «profundamente garantista» de los derechos de los ciudadanos, con un «perfecto encaje» en la Constitución.
Reforzar las garantías
En el proyecto definitivo que se ha enviado a las Cortes se han incorporado recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado, por ejemplo para reforzar las garantías judiciales en las identificaciones y ante reuniones y manifestaciones.
En el texto se entiende por infraestructuras e instalaciones «esenciales» o estratégicas las siguientes: centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible; puertos, aeropuertos y demás infraestructuras de transporte, y ser vicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad, como pueden ser pantanos o estaciones eléctricas. En todos estos casos, no solo se considera infracción «muy grave» la concentración ilegal en estas instalaciones o en sus inmediaciones, sino también su sobrevuelo y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, cuando se genere un riesgo para las personas o un perjuicio en su actividad.
Las centrales nucleares son las instalaciones más «críticas» por el riesgo que una acción deliberadas contra ellas supone para la seguridad de las personas y el medioambiente. Con la ley se pretende evitar incidentes protagonizados por organizaciones ecologistas, como el ocurrido en la Central Nuclear de Cofrentes, en febrero de 2012, cuando se dañó el vallado exterior y resultaron heridos varios vigilantes de seguridad privada. Otro incidente «muy grave» sería el ocurrido en la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en junio de 2012, cuando sobrevolaron con parapentes la instalación, y se arrojaron varios botes de humo a la cúpula del reactor. Ayer, varios miembros de Greenpeace escalaron el Faro de Moncloa, muy cerca de donde se reunía el Consejo de Ministros, para protestar por la nueva ley.
Punteros láser
En el sector del agua, las principales infraestructuras de suministro y distribución protegidas por esta ley serían los aliviaderos de las presas, las plantas de tratamiento de agua potable, las desaladoras y los centros de control de operaciones. En cuanto al sector de transportes, en el ámbito aéreo destacan los aeropuertos y las instalaciones complementarias. En la ley se considera infracción «muy grave» la utilización indebida del láser para deslumbrar al conductor de un medio de transporte. Los casos dirigidos contra pilotos han subido de manera exponencial en los últimos años. Así, en 2010 se registraron 120 casos; en 2011, 446; en 2012, 490, y en 2013, 634.
En el ámbito ferroviario destacan, entre las instalaciones «críticas», las líneas de alta velocidad, los puestos de mando y control, las principales estaciones ferroviarias, así como el transporte metropolitano y los grandes intercambiadores. Se considerará «muy grave» el robo de material ferroviario, principalmente cable de cobre. El año pasado, Adif presentó 643 denuncias solo en Cataluña por ese motivo.
Las infracciones muy graves están sancionadas con multas que van de los 30.001 euros a los 600.000, una cuantía que no se modifica respecto a la ley vigente, de 1992.
Con luz y taquígrafos
El ministro resaltó que la ley protege de forma expresa el derecho a manifestarse, y persigue como infracción grave «la perturbación del desarrollo de una manifestación». Respecto a la actuación policial, se prohíben las identificaciones indiscriminadas y desproporcionadas, y de forma excepcional se permitirá el traslado a comisaría, durante un máximo de seis horas, como había sugerido el Consejo de Estado. Transcurrido ese tiempo, la persona tendría que ser detenida o bien quedar en libertad. En este último caso «se le deberá expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo que ha permanecido en comisaría, la causa y los agentes» que han participado en esa diligencia.
El «botellón» (el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana) se contempla como una de las 26 infracciones graves.