La medida parte de una lógica incontestable y los jeltzales aciertan al señalar que no es lo mismo un gran tenedor con decenas o cientos de inmuebles que una familia o un particular que alquila un piso heredado o adquirido para obtener una renta que complemente una pensión o un salario precario. Englobar ambos perfiles en una misma normativa –como hace el Gobierno en su decreto ómnibus– alimenta un falso debate que insiste en enfrentar a inquilinos y propietarios bajo el prisma de la lucha de clases. Lo que no solo distorsiona el problema, sino que acentúa el temor a alquilar, derivado de una creciente inseguridad jurídica que amenaza con convertir a esos pequeños propietarios en un nuevo colectivo vulnerable, expuesto a la morosidad de sus inquilinos, durante meses o años de impagos, de prosperar propuestas como la moratoria de desahucios que defiende Podemos, poniendo su mejor empeño en blindar al colectivo okupa (donde de todo hay).

Sin embargo, más allá de aliviar algunos casos concretos, eximir de ciertas obligaciones a los propietarios de un solo inmueble no resuelve el problema de la ausencia de un parque público de vivienda que sea capaz de absorber situaciones de emergencia social mediante la oferta de una solución habitacional definitiva, sin tener que depender de la buena voluntad o abusar de la paciencia y la resistencia económica de ciudadanos particulares.

Un Estado que no es capaz de habilitar esa clase de soluciones frente a un problema que golpea sobre todo a las capas medias y bajas de la sociedad, no funciona como es debido ni merece llamarse progresista y, tanto quien no puede pagar como quien no puede cobrar, terminan siendo víctimas de una situación injusta.

El de la vivienda es un problema lacerante y transversal que no puede seguir siendo rehén de la propaganda ni del tacticismo político. No se resuelve con un escudo social convertido en moneda de cambio y reajustado a demanda del socio cuyos votos sean necesarios en cada votación, hasta reducirlo a una sucesión de excepciones, matices y remiendos. Abordarlo requiere inversión, compromiso y visión a largo plazo. Pero sobre todo requiere de un Gobierno serio.

Proteger a los pequeños propietarios, como ha propuesto el PNV, puede ser parte de la solución en la medida en que contribuya a vencer el miedo e incentive la oferta, pero si esa protección no va acompañada de una apuesta decidida por la construcción de vivienda pública destinada a ofrecer un alquiler a precio asequible a los colectivos más vulnerables y de mecanismos ágiles de mediación y compensación entre inquilinos y propietarios, seguiremos en las mismas.