Javier Ruperez.ABC
Hay que desarmar la osadía separatista y ayudar a que la patria recupere la estabilidad doméstica y el prestigio exterior del que ha gozado ininterrumpidamente desde 1975, cuando los españoles, en circunstancias difíciles, concitaron sus esfuerzos para poner el país en la sintonía y el ritmo de la historia.
EL momento generado por el reto separatista de los nacionalistas catalanes es un golpe de estado contra la legitimidad democrática, el segundo que el país ha conocido desde que la Constitución fuera aprobada en 1978. La quiebra de la unidad nacional que los separatistas persiguen habría traído consigo situaciones en los que la libertad, la igualdad y la prosperidad de todos los españoles, incluyendo naturalmente a los catalanes, y sobre todo a los catalanes, se hubieran visto gravemente en peligro. La consiguiente inestabilidad tendría negativas consecuencias en las relaciones internacionales de España y en la estabilidad del proceso de unificación europea. Son amplia y profundamente perceptibles la perplejidad, ansiedad, angustia e incertidumbre que su misma evocación ha contribuido a crear en las opiniones públicas, en los medios de comunicación y en las instituciones, tanto en España como fuera de ella.
El 1 de Octubre, fecha señalada por los separatistas para celebrar su delictivo referéndum, no ha quebrado España. Aunque tardíamente, la reacción del Gobierno español, acompañado en lo fundamental por las llamadas «fuerzas constitucionalistas», ha venido a poner de relieve la cantidad y la fortaleza de los resortes con que la Constitución y a la ley han dotado al Estado de Derecho español para responder a las embestidas secesionistas. Pero también podemos y debemos presumir que hoy mismo la ciudadanía española se verá enfrentada a dos urgencias inaplazables. La primera, encarnada en el empecinamiento separatista para continuar con su proceso de rechazo a la unidad nacional española. La segunda situada en las formas, tácticas, estrategias, propuestas y modelos que las fuerzas políticas y todas las instituciones estatales deberán articular para conjurar la recurrente y terca obsesión del separatismo catalán para construir una entidad estatal desgajada de España. La pegajosa marcha hacia la separación que el nacionalismo catalán ha venido cultivando desde hace varias décadas, ha contribuido a sembrar una semilla que sin llegar a ser mayoritaria hoy engloba a sectores importantes de la población catalana, otrora alejada del separatismo.
Ante ese escenario se abren dos respuestas. Una se inclinará previsiblemente por admitir que la reclamación separatista estaba fundada en justas aspiraciones sistemáticamente desoídas por la institucionalidad española y en consecuencia por abrir la posibilidad de concesiones adicionales, bien en el terreno económico, bien en el del autogobierno regional, bien en el de la España «plurinacional», o bien en el de la logomaquia del «referéndum pactado». Es un simple aplazamiento del problema. La voracidad del nacionalismo las embolsará como dádivas circunstanciales a descontar de la para ellos próxima parusía final: la independencia. Aproximación que revela hasta qué punto los que la predican desconfían de las virtualidades de España y su democracia.
La segunda de las posibles respuestas consiste en reafirmar las calidades españolas –en la historia, en la cultura, en la variedad de sus gentes, en la calidad de su democracia– para negar cualquier razón al separatismo catalán e impulsar frente a convencidos, tibios e incluso contrarios, la verdad de lo evidente: siempre mejor juntos. Es una aproximación que no deja de reconocer los errores o las dejaciones que los gobiernos españoles hayan podido cometer en el camino y que predica su corrección sobre la evidencia del caso: contrariamente a lo que el nacionalismo argumenta, el separatismo ha progresado no por haber ignorado España las necesidades de los ciudadanos catalanes sino por la timidez de la estructura institucional española para dotar de plena viabilidad a la propuesta de unos ciudadanos «libres e iguales» residenciados en una «patria común e indivisible». Supone la negativa a considerar nuevas cesiones, chalaneos o contemporizaciones. Esta alternativa debiera primar sobre cualquier consideración táctica o circunstancial para concentrarse en una recuperación: la de una España unida y variada, fuerte y flexible, próspera y solidaria, orgullosa de su pasado y preparada para afrontar con garantías de viabilidad su futuro.
Tanto desde el punto de vista doméstico como desde el internacional, el mantenimiento de la unidad nacional española es sin duda alguna la mejor propuesta política, social y económica. En esa perspectiva es imprescindible reforzar la viabilidad de la España liberal y propiciar su funcionamiento entre fuerzas políticas y sociales, foros representativos e institucionales, sociedad civil y ámbitos públicos de responsabilidad. A los políticos que han pretendido vincular el franquismo con la situación actual hay que recordarles que los tiempos pasados, historia son: toda España reivindica el patriotismo constitucional de 1978.
Las malformaciones que en este momento aquejan a nuestra sociedad no se hallan en las supuestas o reales insuficiencias del marco constitucional sino en su indebida y timorata aplicación. No se trata de negar con ello las posibilidades de reforma constitucional que el mismo texto del 78 contiene sino de desvincularlas de la reivindicación secesionista. La reforma constitucional no debe figurar en el primer plano del debate político. Los caminos de perfección pueden ser abordados por vías políticas y legales que no necesitan de alteraciones en la norma básica de nuestra convivencia.
Es largo el catálogo de temas para la reflexión y para la acción que el momento exige. Entre ellos cabría mencionar el de la enseñanza, el de la adecuación de la estructura autonómica, el de la cesión de las competencias de seguridad, el de las excepciones fiscales, el de la financiación regional. Cuestiones todas ellas cuyo dejadizo tratamiento ha traído consigo el embarramiento separatista en el que nos encontramos.
Con ello no se agota la lista de temas necesitados de consideración y mejora a través de los cauces que la Constitución y las leyes señalan. Ayudará la voluntad decidida de los responsables públicos y privados del país para hacer presente España en todos sus rincones. Hay que desarmar la osadía separatista y ayudar a que la patria recupere la estabilidad doméstica y el prestigio exterior del que ha gozado ininterrumpidamente desde 1975, cuando los españoles, en circunstancias difíciles, concitaron sus esfuerzos para poner al país en la sintonía y el ritmo de la historia. Ese sigue siendo hoy el reto. Y la gloria. Semper Hispania.