HERMANN TERTSCH-ABC
La nueva ley de memoria histórica del PSOE mata la libertad
LO que más asusta es que nadie haya dado la alarma en el Congreso. Revela lo frágil que es nuestra libertad. Lo precaria que es nuestra seguridad. Alarma y espanta que no haya habido ningún diputado español que al leer la proposición de Ley del PSOE para la reforma de la Memoria Histórica que publicó el 22 de diciembre de 2017 el Boletín Oficial de las Cortes, no corriera a los medios de comunicación a advertir que se urde una operación en el Parlamento para arrebatar toda libertad de expresión a los españoles. Para legalizar unos comisariados políticos con poder para confiscar, destruir, intervenir, silenciar y multar y encarcelar a todo español que muestre alguna discrepancia con la versión frentepopulista de la historia de España del siglo XX. Escribo estas líneas horas antes de ir a moderar un debate en Madrid sobre Hispanofobia y Leyenda Negra, con Stanley Payne, Elvira Roca Barra y Ricardo García Cárcel. Con esta nueva Ley de Memoria Histórica en vigor, los cuatro seríamos detenidos, multados y condenados a entre uno y cuatro años de prisión. Cualquiera que atribuya un mínimo sentimiento noble a la mitad de España que luchó en el bando nacional contra el frente popular de comunistas, socialistas y anarquista, será reo en potencia. Una «Comisión de la Verdad», –no es broma, una «Comisión de la Verdad», George Orwell en la Carrera de San Jerónimo– establecerá el dogma. Y la policía política de la Verdad lo impondrá. Todo el que quiera vivir en la legalidad habrá de asumir la versión de la historia de España que comparte Pablo Iglesias con las más conspicuas ratas radicales del resentimiento socialista.
Lean el grado de cinismo con el que se presenta. «La presente ley de reforma (…) incluye diversos tipos penales dirigidos al castigo de las manifestaciones de odio contra víctimas del franquismo y de la Guerra Civil Española, el enaltecimiento del franquismo, así como la necesidad en democracia, de la ilegalización de asociaciones o fundaciones que, con la justificación de fines sociales, realizan actos de exaltación franquista. (..) Aunque el espíritu de la ley de Memoria se basa en unos principios humanitarios, el tiempo ha demostrado la necesidad de introducir sanciones y plazos contra todos aquellos que, aún tras 40 años de democracia, no han asumido su deber de cumplimiento con las leyes y la Memoria Histórica».
El aparato del Estado deberá por ello reprimir y liquidar cualquier cuestionamiento de la Verdad. Serán castigados con penas de prisión de uno a cuatro años, multas de hasta seis dígitos y largas inhabilitaciones «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo». Ellos decidirán qué es odio en esos comisariados cuyos integrantes habrán de ser ideológicamente impecables. Largas penas también para quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio a las víctimas del franquismo. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad». Estamos ante un intento del revanchismo de dar el golpe de gracia a la España democrática por la puerta de atrás. Con esperanzas de que Ciudadanos vuelva a dejarse intimidar ante la coacción del «antifranquismo», tan miserablemente eficaz en estas pasadas décadas, y se abstenga. Entonces España habrá sido amordazada.