Una contradicción atraviesa la España política de estos primeros días de 2026.
El 73,7% de los españoles desea que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas, pero el 58,8% cree que el presidente no las convocará y que agotará la legislatura hasta 2027.
Esta disonancia, la de querer elecciones, pero resignarse a no tenerlas, no es anecdótica. Resume la parálisis institucional y el pesimismo ciudadano que caracteriza a nuestro país hoy.
Los españoles quieren cambio, pero han renunciado a esperarlo.
Expresan descontento, pero no encuentran la manera de canalizarlo políticamente.
Reclaman una renovación democrática, pero sólo pueden manifestarlo en las redes sociales o entre sus conocidos.
El Gobierno ha convertido la parálisis en rutina de trabajo y la resistencia frente a todo y todos (incluidos los propios ciudadanos) en bloqueo institucional.
Pero no es lo mismo. Resistir sería una estrategia defensiva, pero legítima y funcional: el presidente buscaría agotar el mandato para evitar que sus rivales llegaran a las urnas desde una posición de fortaleza.
Pero lo que ha ocurrido durante 2025 y lo que se avecina en 2026 trasciende la resistencia partidista. Es un bloqueo institucional que afecta a toda la arquitectura democrática española.
El Gobierno carece de presupuestos desde 2023.
Ha prorrogado tres años consecutivos los Presupuestos anteriores.
La senda de estabilidad presupuestaria ha sido rechazada dos veces por el Congreso.
Junts, su socio necesario, anunció en noviembre el «bloqueo» total de la legislatura mediante enmiendas a la totalidad contra toda iniciativa legislativa.
Sin Presupuestos, sin leyes, con un parlamento que funciona como cámara de recuento de votos para asuntos puntuales, la máquina legislativa ha quedado paralizada. En democracias funcionales, la situación haría insostenible la permanencia en el Gobierno.
En España, esto se ha normalizado como «gestión de crisis».
Los casos de corrupción han alcanzado una magnitud sin precedentes. Ábalos y Koldo García encarcelados, ochenta cargos socialistas investigados, el fiscal general condenado, múltiples denuncias de acoso sexual en el seno del partido gobernante.
Estos escándalos erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, pero lo cierto es que no han generado una respuesta social equiparable a momentos anteriores. Las manifestaciones de 2025 han sido mayoritariamente sectoriales: vivienda, autónomos, sanitarios.
Aquella España que en 2011 ocupó plazas en cincuenta ciudades, o que en 2023-2024 se manifestó masivamente contra la amnistía, no se moviliza ahora.
El descontento existe, pero permanece difuso, fragmentado y apático. Los ciudadanos languidecen agotados frente al muro del callejón sin salida al que les ha conducido Pedro Sánchez.
La polarización ha alcanzado niveles preocupantes. Un 14% de los españoles ha roto relaciones personales por política en el último año. El 60% evita hablar de política en familia para no discutir.
El rey Felipe VI advirtió en Navidad del «deterioro de la convivencia democrática».
Estas señales reflejan una sociedad emocionalmente exhausta, cansada de crispación. Pero la fatiga no se traduce en movilización, sino en apatía política. Los españoles están crispados, pero resignados.
Aquí reside el drama. España presenta descontento profundo, pero sin los catalizadores históricos que transforman la irritación en acción.
El Gobierno funciona en precario, pero funciona, en el sentido de que continúa en el poder sin alternativa inmediata ni mayoría suficiente para una moción de censura de la oposición a la vista.
Desde el punto de vista del Gobierno, la economía crece, los servicios públicos se mantienen y las instituciones democráticas resisten.
Pero esta es precisamente la razón por la que el bloqueo actual es más insidioso que un punto de ebullición explosivo. Un estallido social puede motivar elecciones; la parálisis sistemática mata de inanición la calidad democrática.
La legislatura agoniza sin morir, las cifras se maquillan en beneficio del Ejecutivo, el Gobierno resiste sin gobernar, y los españoles se resignan a ver cómo se consume un mandato que la mayoría rechaza, pero que nadie es capaz de forzar a terminar.
Sánchez ha optado por la resistencia como supervivencia.
Pero el precio de mantener el Gobierno en marcha a pesar de la parálisis legislativa es una erosión silenciosa de la capacidad estatal para abordar los problemas reales de los españoles.
Vivienda cara, servicios públicos con déficit de recursos, corrupción sin consecuencias inmediatas. Mientras el Gobierno resiste y los españoles se resignan, España simplemente se bloquea.