Isidro Fainé ha devuelto a Cataluña las sedes de la Fundación La Caixa y CriteriaCaixa para que la sociedad que preside ejerza de locomotora industrial española. Un movimiento de gran significación que marca un hito más en el dinamismo empresarial que está recobrando la comunidad autónoma en los últimos meses.
Si Cataluña se ha erigido en el núcleo de la vida económica y política española, se debe al menos a tres circunstancias que han convergido.
En primer lugar, la dependencia parlamentaria del presidente del Gobierno de Junts y ERC. Lo cual ha hecho inevitablemente de Barcelona la capital donde se residencia gran parte de la agenda pública cotidiana.
De Barcelona… y de Waterloo, dado que es ahí, en la localidad en la que se ha refugiado el prófugo de la justicia Carles Puigdemont, donde se ha sustanciado el acuerdo de este martes entre PSOE y Junts para transferir las competencias migratorias a Cataluña. La mejor constatación posible de que los independentistas han obtenido más ventajas gracias a su programa de desvinculación del Estado español que con la secesión violenta.
La segunda circunstancia es la victoria de Salvador Illa en las últimas elecciones autonómicas catalanas. La recuperación de la Generalitat para el PSC (la única de las grandes CCAA que retiene el PSOE) le brinda al Gobierno más facilidad en su intento de convertir a Barcelona en la capital económica española en detrimento de Madrid.
Y es forzoso reconocer el tino y la competencia de Illa en lo tocante a la normalización política de Cataluña, como se ha podido apreciar esta misma semana con el restablecimiento de la plena cordialidad institucional con la Corona en el Mobile World Congress. La propia Caixa ha reconocido en su comunicado de este miércoles que «ya no se dan las circunstancias que causaron el traslado temporal de dichas sedes a la ciudad de Palma en el año 2017».
El regreso a Cataluña de otras grandes empresas catalanas como Cementos Molins el pasado diciembre, y del Banco Sabadell un mes después, acreditan no sólo que la llegada de Illa a la Generalitat ha clausurado la inestabilidad de la era del procés. También el éxito de su operación retorno para revertir la fuga de empresas de 2017.
Y, en tercer lugar, la pujanza del grupo Criteria, que se ha consolidado como uno de los mayores inversores en los principales sectores estratégicos. Un mérito de la fórmula del capitalismo social que ha desarrollado Fainé, quien además ha revalidado su condición de superviviente. El presidente de La Caixa ha sabido jugar bien sus bazas, aceptando el papel que el Gobierno le atribuyó en la operación para relevar a Álvarez-Pallete por Marc Murtra.
Al Gobierno le ha venido de perlas la coincidencia temporal de la redomiciliación de las sedes con la oprobiosa cesión de la inmigración rendida a Junts. Pero, aunque una cosa no enjuague de ningún modo la otra, lo cierto es que a Sánchez le está funcionando la apuesta económica en Cataluña.
Porque hasta ahora la mayoría de las concesiones otorgadas a Junts y ERC son de carácter virtual. Lo que es una realidad es que un grupo valorado en 30.000 millones de euros, y que representa gran parte del poder industrial español en un país con muy poco capital privado para emprender proyectos, es de origen catalán, y se ha vuelto a vincular a su tierra natal.
Y ello en gran medida gracias a un ecosistema empresarial liderado por ejecutivos catalanes bajo el paraguas de Fainé y Ángel Simón. Un ecosistea en el que el PSC ha sabido colocar a sus ejecutivos al frente de grandes empresas, como el propio Murtra en Telefónica o Maurici Lucena en Aena.
Tampoco cabe soslayar la hábil labor del presidente de Foment, Sánchez Llibre, como intermediario entre el Gobierno y Junts, e incluso con la oposición.
Todas estas circunstancias (sumadas al empeño del Gobierno por privilegiar a Barcelona sobre Madrid a causa de su rivalidad con Ayuso) han conducido a que Cataluña haya ganado un peso económico que no tenía desde la Transición. Y aunque esto pudiera generar perjuicios para el resto de España, es innegable que aporta un elemento de estabilidad del que nos beneficiaremos todos.
Una elemental prudencia, sin embargo, habría recomendado no solapar el anuncio de la vuelta de la Fundación La Caixa y CriteriaCaixa a Cataluña con el de la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña. Porque la coincidencia de ambos traslada a los españoles la idea de que el uno ha sido utilizado como ‘tapadera’ del otro y que decisiones que afectan a la vida de millones de ciudadanos son adoptadas por criterios de oportunidad política y no por motivos de utilidad pública.