El lawfare -la prevaricación de toda la vida- ha estallado en España de la mano de Pedro Sánchez y el fugado de Waterloo, pero el término empezó en Caracas y lo mimaron e importaron Zapatero y Baltasar Garzón.
“Altos cargos catalanes fueron perseguidos de manera abiertamente abusiva por tribunales con un marcado sesgo conservador, activados a menudo por organizaciones de ultraderecha”. Gerardo Pisarello, nacido en Tucumán, mano derecha en su día de Ada Colau y hoy secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados de España como miembro de Sumar, escribía esto en el libro “Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina”, presentado el pasado marzo en Buenos Aires con José Luis Rodríguez Zapatero y el exjuez Baltasar Garzón como estrellas.
La obra, patrocinada por el Grupo de Puebla en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, pretende demostrar que su condena a seis años de cárcel por un delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y por haber robado junto a sus cómplices casi 480 millones de euros al esquilmado erario público argentino, no es más que un juicio político llevado a cabo por la ‘mafia judicial’. Lawfare.
Pisarello –que cobra más de 100.000 euros públicos como diputado español y que destacó en su día por intentar impedir que una bandera de España se mostrara junto a la Senyera en el balcón del ayuntamiento de Barcelona durante las fiestas de la Mercé- será uno de los encargados hoy de dar trámite a la ley de amnistía en la Cámara Baja que permite el pacto entre Sánchez y Puigdemont.
España, el lawfare, Garzón y ZP
En el libro en defensa de ‘Cristina’ participan, cómo no, Zapatero y Garzón. El uno, valedor del régimen de Maduro y zascandil mediador en todos los negocios de Venezuela y demás gobiernos de la izquierda iberoamericana. El otro, condenado y expulsado de la carrera y marido de la exfiscal general del Estado nombrada por Sánchez, Dolores Delgado -también blanqueó a la Kirchner-, que dejó como sucesor a su mano derecha, Álvaro García. La Fiscalía –“¿de quién depende? Pues eso”- pide rechazar la imputación de Puigdemont en el caso Tsunami porque, dice, las pruebas de la Guardia Civil admitidas por el juez García Castellón “son insuficientes”. Qué sorpresa…
Curioso. En la presentación del opúsculo en defensa de la Kirchner, Garzón –el marido de la exfiscal- se mostró vehemente -como recordaba en Vozpópuli Fernando G. Riomanillos– en contra de la sentencia a la expresidenta: «Ese es el ‘lawfare’: es una aberración jurídica esa sentencia. No hay una sola prueba en esas 1.600 páginas. Solo hay indicios» y «presunciones, opiniones y argumentos que están vacíos de contenido, pero difundidos por los grupos mediáticos parece que son contundentes». ¿Les suena? Los jueces fachas y los medios de la caverna…
Garzón, con Zapatero sentado al lado, avisó en marzo de lo que llegaría a España: «El lawfare es la prostitución del derecho porque nos desampara, se elige a quien se quiere eliminar y se utilizan todos los mecanismos que deberían ser usados como garantías como armas contra el oponente político. Cuando el Poder Judicial se convierte en Partido Judicial, se trata de un actor político que no opera en igualdad con el resto de los partidos”. Y en nombre de esa acusación contra los jueces, caben todas las tropelías del Ejecutivo si tiene mayoría en el legislativo.
Garzón, con Zapatero sentado al lado, avisó en marzo de lo que llegaría a España: «El lawfare es la prostitución del derecho». Y en nombre de esa acusación contra los jueces, caben todas las tropelías del Ejecutivo si tiene mayoría en el legislativo.
El argumento de Garzón sobre el ‘lawfare’ sirvió de excusa a los presidentes iberoamericanos patrocinados por el Grupo de Puebla para hablar de “golpe blando” (Gustavo Petro), “golpe de Estado técnico” (López Obrador); “politización de la justicia” (Ernesto Samper); “uso de instrumentos jurídicos para destruir presidentes” (Dilma Rousseff). Todos secundaron a Maduro –el laboratorio del ‘lawfare’ contra la oposición y la separación de poderes fue Venezuela, que se lo pregunten a Monedero o Pablo Iglesias– y denunciaron las “guerras jurídicas” para intentar mantenerse en el poder y desacreditar la acción del poder judicial.
“Las guerras jurídicas son un instrumento de utilización política de la justicia”, dijo Samper. “Una manera de ataque que ha encontrado especialmente la derecha para cuestionar, dificultar, obstaculizar o inclusive romper la posibilidad de que haya personajes progresistas”. Tesis a que Zapatero se abonó sin rubor: «Les aseguro que como pasó en Brasil (con Luiz Inácio Lula da Silva) y otros casos del lawfare, que es una nueva categoría política, se impondrá la verdad”.
Y el lawfare ha acabado estallándonos en la cara un jueves de noviembre. Lleva meses, años, empleándose en Iberoamérica como coartada para laminar a jueces, la separación de poderes y para justificar cualquier acción de un gobierno mal llamado progresista. Y con esos padrinos, Zapatero, Garzón, Pisarello, era cuestión de tiempo que Pedro Sánchez lo asumiera para llevar a cabo sus planes.
El 1-O, el 3%, los Pujol, los CDR, Tsunami Democratic, los referéndum ilegales, los cortes de la AP7, los disturbios, los policías heridos, el muerto en El Prat por no poder llegar las ambulancias… Nada de eso existió: todo fue producto del lawfare, de unos jueces fachas y unos medios de la caverna que vendieron el relato. Se está reescribiendo la historia y nosotros no podemos asistir a ello sin reaccionar. Porque, no lo olvidemos, toda esa historia que se reescribe depende –para que se mantenga- de que el centro derecha nunca vuelva a gobernar y pueda echar para atrás todos los desmanes que lleva acarreada esta investidura negra de Pedro Sánchez.
Jueces –por primera vez, todas las asociaciones juntas, hasta Jueces para la Democracia-, fiscales, los decanatos de toda España, las audiencias provinciales, los secretarios judiciales, los abogados del Estado, los colegios profesionales, los inspectores de Hacienda… todos muestran públicamente su rechazo y se movilizan. Es lo único que queda: seguir saliendo a la calle.
El PSOE está muerto y Page –con toda su palabrería- está oficiando el entierro. Felipe González, Guerra y Redondo son fachas. Y media España mira para otro lado con tal de que el PP no gobierne con Vox. El pacto de la investidura, el pacto de la infamia, entierra la separación de poderes. Sigamos protestando mientras nos dejen. España, cada vez más, capital Caracas.