España desoyó a la jueza Le Vert y no investigó a 50 extorsionados por ETA

Las autoridades españolas no investigaron a medio centenar de empresarios y profesionales extorsionados por ETA como les había solicitado la jueza antiterrorista francesa Laurence Le Vert. Los nombres aparecieron en un fichero informático intervenido en abril de 2009 a Ekaitz Sirvent Auzmendi, juzgado desde el pasado 25 de noviembre junto a Ainhoa Ozaeta Mendikute y Peio Ion Sánchez Mendaza por el Tribunal Especial de lo Criminal de París.
Las identidades y direcciones de los chantajeados se descubrieron en cartas contenidas en una llave USB que los expertos informáticos franceses consiguieron restaurar. La jueza Le Vert envió a España una comisión rogatoria internacional en la que pedía que se investigara si los afectados habían denunciado los hechos o adoptado medidas de protección, entre otros extremos.
«Las autoridades españolas confirmaron muy tardíamente que la mayor parte de las personas destinatarias de las cartas de extorsión eran efectivamente gerentes de sociedades o empresarios vascos», escribe la magistrada en el auto de procesamiento. «Pero estas personas, habida cuenta del carácter muy tardío de la puesta en marcha de la ejecución de la delegación judicial, no fueron ni contactadas ni interrogadas», añade.
El juez Jean-Paul Albert, presidente del tribunal, comentó en la vista de ayer que los datos de la respuesta española «son particularmente limitados». El magistrado puso de relieve el contraste con el cumplimiento de otra comisión rogatoria tramitada años atrás por Le Vert para recabar el testimonio de 125 amenazados que aparecían en un listado de morosos descubierta a finales de 2003 en un piso franco de Mont-de-Marsan (Las Landas). Entonces un centenar de las personas presentes en la lista negra prestó declaración indagatoria en España. Todos negaron haber entregado dinero a ETA, diez dijeron que habían denunciado el chantaje y tres indicaron haber sido víctimas de atentados o tentativas.
En su auto Le Vert recoge otro ejemplo de que la colaboración antiterrorista de España con Francia en materia judicial no es siempre tan perfecta como pregonan los discursos oficiales. Se trata de una dirección de correo electrónico anotada en un cuaderno ocupado a Sirvent que había sido creada en España según comunicó el servidor Yahoo!.
La comisión rogatoria internacional remitida por la jueza parisiense el 16 de abril de 2009 para identificar la línea y su usuario «no prosperó». «Ningún resultado fue dado por las autoridades judiciales españolas que ni siquiera devolvieron la delegación judicial», constata el auto, fechado el pasado 12 de abril, cuatro años después. En el juicio se leyó correspondencia interna de Gezi, el aparato de extorsión, en la que se refleja que ETA aplicaba un interés de demora del 5% anual a los extorsionados morosos. Un industrial propuso sustituir por material electrónico el dinero reclamado, de otro se decía que «no es la primera vez que viene a llorar» y un tercero alegó que había llegado «tarde a la cita porque se había perdido», según mensajes de los recaudadores a sus responsables en Francia.