¿España el problema, Europa la solución?

La tan citada frase de Ortega que da título a esta columna cobra actualidad ante la decisión que pueda tomar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la infame Ley de Amnistía de Sánchez con el derecho comunitario. Por el momento, las perspectivas para la polémica norma en Luxemburgo no parecen halagüeñas. La Comisión se ha pronunciado en la reciente vista celebrada para oír a las partes antes de emitir el correspondiente veredicto en sentido desfavorable a tal bodrio jurídico y, aunque su opinión preceptiva no es vinculante, sin duda tendrá peso en el ánimo de los jueces. La argumentación de los demandantes ha sido, por otra parte, de una notable solidez, mientras que la defensa de la nefasta ley no ha destacado por su brillantez, como era de esperar porque no es fácil presentar como aceptable en el marco de los Tratados de la UE un texto legal políticamente viciado y jurídicamente insostenible.

¿Convocará Pedro Sánchez elecciones? Si persiste en su apego al cargo, ¿le dejará caer un Puigdemont harto de fracasos y decepciones? ¿Dimitirán el presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional al quedar en evidencia su comportamiento deshonroso?

La sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado vía libre a semejante atropello quedará grabada a fuego en la historia universal de la infamia forense. Su lectura produce vergüenza ajena y da la medida del ínfimo nivel técnico y moral de la ponente y de los magistrados que la han respaldado porque incluso un lego en la materia, pero dotado de una mínima capacidad de comprensión lectora, advierte que no es solamente que esta sarta de retorcimientos del orden jurídico y de afirmaciones escandalosas -según Doña Inmaculada, todo lo que la Constitución no prohíbe expresamente, está permitido- sea de una sumisión abyecta a los designios del Gobierno, es que pulveriza principios generales del derecho. Resulta impresionante recorrer las páginas de la obra colectiva La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho, coordinada por Manuel Aragón, Enrique Gimbernat y Agustín Ruiz Robledo, tres gigantes de la ciencia jurídica española a cuyo lado la ponente es una pigmea irrelevante pese a sus muchos premios y distinciones, todos ellos teñidos de partidismo ideológico, y comparar el rigor y la altura de las más de setenta contribuciones de expertos de reconocida solvencia, todos ellos contrarios a la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, con los balbuceos inanes de una especialista en ¡derecho de género!

Los interrogantes que surgen en caso de que al final esta ley sea descalificada por el TJUE no son menores en su alcance: ¿Convocará Pedro Sánchez elecciones? Si persiste en su apego al cargo, ¿le dejará caer un Puigdemont harto de fracasos y decepciones? ¿Dimitirán el presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional al quedar en evidencia su comportamiento deshonroso supeditando su decencia profesional a su condición de lacayos de un aspirante a sátrapa y traidor a su país? Las respuestas a estas preguntas determinarán el futuro de nuestra Nación no sólo en el horizonte inmediato, sino para la próxima década por lo menos.

Lejana instancia supranacional

La trayectoria descendente que ha recorrido España desde la tramposa moción de censura de primero de junio de 2018 se ha ido acelerando hasta desembocar en la situación que ahora contemplamos entre incrédulos y abochornados, con el Estado de Derecho destruido, la Constitución pisoteada, las finanzas públicas en precario y la unidad nacional amenazada de fragmentación. Resulta alarmante que un cuadro tan desolador, en el que la obsesión enfermiza por seguir en La Moncloa de un personaje de perfil patológico no tiene freno ni medida y que con tal de conseguir sus siniestros propósitos es capaz de las mayores vilezas y felonías, nos haga poner nuestras esperanzas en una lejana instancia supranacional demostrando así que no existe hoy en la sociedad española la suficiente energía cívica para poner coto a tanto desastre.

Puede que en este deprimente contexto debamos resignarnos a buscar alivio en las instituciones europeas, pero si no hallamos pronto en nuestra propia sociedad los mecanismos de recuperación ética, política y material que nos exigen tiempos de zozobra extrema, estaremos condenados al fracaso irremediable.