Este jueves 11 de diciembre de 2025 fue el día en que la corrupción dejó de ser un escándalo «aislado» en el entorno de Pedro Sánchez para convertirse, de forma prácticamente oficial, en un sistema organizado que operaba desde el corazón mismo del Gobierno de España.
Las detenciones de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, sumadas al envío a juicio de José Luis Ábalos y Koldo García, y a los registros en empresas públicas y privadas vinculadas al entorno socialista, conforman un retrato demoledor.
España no padece casos de corrupción puntuales, sino una trama sistémica que amenaza la propia supervivencia del PSOE.
Los hechos conocidos resultan demoledores. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha documentado que la trama del fuel destinó un millón de euros a sobornos para Ábalos y otros cargos.
Los mensajes interceptados revelan que «se les ha dado más de un kilo», en referencia al dinero en efectivo entregado.
Pero más grave aún es descubrir que tras el cese de Ábalos, los implicados se tranquilizaban mutuamente asegurando que «todo sigue adelante».
La corrupción no cesó con la salida del ministro. Simplemente se adaptó y continuó.
La figura de Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, es uno de los detalles más inquietantes de esta crisis. Esta militante socialista, que hasta hace meses se presentaba como emisaria personal del presidente del Gobierno, ha recabado información sobre jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.
Cuando un partido político dedica recursos y esfuerzos a espiar y neutralizar a quienes investigan su corrupción, hemos cruzado la línea roja que separa la democracia de la cleptocracia.
Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y hombre de máxima confianza de la ministra María Jesús Montero, encarna por su parte las puertas giratorias entre lo público y lo privado que han convertido el Estado en botín.
Tras presidir la empresa pública que rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros, fue contratado por Servinabar (la constructora de Santos Cerdán), cobrando más de 100.000 euros como «especialista en adjudicaciones públicas».
El cinismo es abrumador. Se le pagaba precisamente por «conocer» los entresijos del sistema que él mismo gestionaba desde dentro.
Servinabar emerge como la pieza clave de un entramado que percibía el 2% de obras adjudicadas irregularmente, y que acumuló cerca de 6,7 millones de euros en comisiones ilícitas. La empresa empleó a la mujer de Santos Cerdán, pagó el ático donde vivía el político y recibió más de 100 millones en contratos públicos.
Paralelamente, Cerdán y Alonso influían en el Ministerio de Transición Ecológica en beneficio de empresas renovables que les retribuían.
El esquema no puede ser más claro: capturar el Estado para convertirlo en una maquinaria de enriquecimiento privado.
Lo verdaderamente preocupante es que estos casos no parecen ser anomalías, sino manifestaciones de un patrón. Un patrón que incluye el uso de empresas públicas para canalizar fondos, el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias y redes que operaban desde los ministerios y la cúpula del PSOE.
Cuando la corrupción se vuelve sistémica, cuando afecta simultáneamente a exministros, secretarios de organización, vicepresidentas del Gobierno, empresas públicas estratégicas y el propio aparato del partido, hemos dejado de hablar de manzanas podridas para referirnos a un árbol enfermo de raíz.
Pedro Sánchez ha construido su liderazgo sobre una habilidad excepcional para la supervivencia política. Pero esta crisis trasciende su figura. El PSOE arrastra una herida que viene de los ERE de Andalucía y que ahora se reabre con una virulencia multiplicada.
La pregunta ya no es si Sánchez sobrevivirá (muy probablemente no), sino si el partido que fundó Pablo Iglesias en 1879 podrá recuperarse del sanchismo.
Que un exministro permanezca en prisión preventiva esperando juicio, que la vicepresidenta del Gobierno esté rodeada por el cerco judicial sobre sus colaboradores más estrechos, que el Congreso tumbe definitivamente el techo de gasto y que el presidente solicite el voto telemático para evitar comparecer es la prueba de que asistimos al derrumbe de un proyecto político que confundió el poder con la impunidad.
El PSOE tiene ante sí una disyuntiva existencial. Proceder a una purga profunda que expulse de sus filas a todos los implicados y reconstruya su credibilidad desde cero, o aceptar que Pedro Sánchez sea el líder que lleve al partido más longevo de la democracia española a su destrucción.
La historia juzgará con extraordinaria dureza a Pedro Sánchez. Los ciudadanos, con total seguridad, ya han empezado a hacerlo.