Es de sobra conocido que una masa humana en manifestación tiene un coeficiente de elasticidad notable. Mientras el PP cifraba en dos millones de manifestantes los que salieron a la calle en toda España para protestar por la amnistía, RTVE dejaba la cifra en cientos de miles, mientras La Vanguardia hablaba de que “Feijóo saca a la calle a decenas de miles de personas”, una cifra que la Delegación del Gobierno en Madrid daba por buena para la convocatoria de la Puerta del Sol, que calculaba en 80.000 los asistentes. Las manifestaciones fueron multitudinarias hasta en Logroño, Pamplona, y no digamos en Málaga. Uno asistió a la convocada en Bilbao, que los cálculos prudentes de la prensa limitaron a “varios centenares”. Si la unidad de asistencia era el centenar debieron decir “muchos”, o “pocos” si lo hubiésemos medido en miles, pero fue una gran cita democrática para Bilbao, rematada con el cántico del ‘Resistiré’ y con el himno nacional, algo inaudito para los usos locales. El acto fue breve y fue una lástima que la canción citada no se oyera en la versión del Dúo Dinámico, pero en fin, no se puede tener todo.
Sánchez ya no puede salir a la calle sin arriesgarse a bronca. El pasado día diez, tuvo que encerrarse en la Subdelegación del Gobierno en Málaga junto al canciller alemán Olaf Scholz, después de haber sido abucheado por centenares de personas a su llegada. Tres horas estuvieron encerrados Sánchez y su homólogo alemán para resguardarse de la turba, lo que impidió al presidente en funciones participar en un acto de su partido. Y en Madrid llevamos ocho días de manifestaciones ante la sede socialista de Ferraz, sin que esto parezca dar señales de remitir.
No se acaba todo en las protestas por la amnistía. El pacto con Junts ha dado un paso de consecuencias no previstas por los firmantes: el ‘lawfare’ o lo que viene a ser lo mismo, la prevaricación de los jueces. La idea de que los golpistas tengan a partir de ahora la capacidad de juzgar a los jueces que se han aplicado con algún rigor a sus transgresiones con el Código Penal, hablo de Llarena, Marchena y García Castellón, es un contradiós que va a chocar con la Unión Europea más que la amnistía en sí misma. En esto, el Gobierno de España (en funciones) sigue el magisterio de Pablo Echenique, ese pobre demediado que califica a los jueces españoles de ‘Tejeros con toga’. Niegan la mayor, dicen ahora que no hay lawfare y que nunca han pensado en crear comisiones parlamentarias para juzgar a los jueces. La incomprensión lectora unida a la incapacidad sintáctica produce estos monstruos. Es otro subproducto de Podemos, como el resultado práctico de la Ley sueltavioladores, 1.200 rebajas de penas y 121 excarcelaciones, que la ministra de Igualdad y su pareja de yunta, Ione Belarra achacan a los jueces. No dan más de sí, convénzanse.