La solicitud española de extradición de un antiguo militante del grupo terrorista vasco ETA que ahora trabaja para el gobierno de Venezuela se está convirtiendo para el presidente Hugo Chávez en una prueba de fuego de cooperación en la lucha contra el terrorismo mundial.
La solicitud española de extradición de un antiguo militante del grupo terrorista vasco ETA que ahora trabaja para el gobierno de Venezuela se está convirtiendo para el presidente Hugo Chávez en una prueba de fuego de cooperación en la lucha contra el terrorismo mundial, lo que podría determinar la futuras relaciones entre los más importante productores de petróleo del mundo y los países del oeste.
En el corazón del agitado enfrentamiento diplomático entre dos gobiernos históricamente amigos está Arturo Cubillas, que fue acusado por un tribunal español a finales de febrero de organizar en Venezuela talleres de capacitación terrorista entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC según su acrónimo en español.
ETA ha matado a más de 800 personas en sus 50 años de lucha a favor de la independencia y el ejército marxista-leninista campesino FARC está acusado de varios miles de muertes en casi 50 años de guerra y se ha convertido en uno de los mayores carteles de droga del mundo. Los dos grupos están considerados como organizaciones terroristas por la Unión Europea y los Estados Unidos.
Caracas ignoró la orden internacional de detención de Cubillas emitida en marzo por España. En Caracas se espera que llegue pronto la solicitud oficial de extradición después de haber sido aprobada la pasada semana por el gobierno de España. Varios altos funcionarios venezolanos, incluida la Fiscal General Luisa Ortega, ya han advertido que la extradición es improbable, pero esta semana Ortega también insinuó que, para contemplar la extradición de Cubillas, espera que España extradite a un antiguo general del ejército involucrado en un fallido golpe contra Chávez. El general es uno de los testigos en el caso español contra Cubillas.
Mientras que el resultado del caso español y el enfrentamiento diplomático con España está lejos de ser cierto, el nuevo liderazgo republicano de la Cámara de Representantes de EE.UU. tendrá nuevos argumentos para presionar la aproximación al poder blando de la Casa Blanca hacia Chávez y abrir la puerta para sancionar a uno de los más importantes suministradores de petróleo de América y a su tercera mayor refinería, con consecuencias de gran alcance dentro y fuera de Venezuela y en los mercados mundiales de petróleo.
No son nuevas las acusaciones contra Chávez de dar refugio y calmar a grupos terroristas. Colombia le ha acusado de armar, ayudar financieramente y refugiar a militantes de las FARC. Israel ha dicho que Venezuela abrió la puerta a operativos de inteligencia de Hezbollah e iraníes y Washington ha advertido a Chávez varias veces que se ande con cuidado. Un creciente grupo de republicanos ha incrementado los llamamientos para incluir a Venezuela en la lista del Departamento de Estado de protectores del terrorismo que actualmente incluye a Corea del Norte, Irán, Cuba y Sudán.
Aunque Venezuela no se incluyera en la lista, seguro que la presión aumentará. Unos republicanos más agresivos podrían presionar para conseguir una legislación sancionadora de Venezuela, como ya se hizo contra Irán frente a la Casa Blanca. Venezuela tiene la segundas reservas de petróleo más importantes del mundo después de Arabia Saudí y aunque las importaciones americanas de petróleo y derivados han ido disminuyendo progresivamente, en relación con la demanda, todavía suponen un poco menos del 10% de todas las importaciones. Venezuela también posee Citgo, la tercera mayor refinería de los Estados Unidos.
Chávez, que no se ha avergonzado de proclamar su simpatía ideológica hacia ETA, las FARC, Hezbollah, Hamas, por nombrar a algunos, ha dicho que no apoya la violencia y que su gobierno no financia a ningún grupo terrorista.
Hasta ahora, ningún caso judicial occidental ha sido capaz de desafiar esto. La acusación del tribunal español dice que la prueba “demuestra la cooperación gubernamental de Venezuela en la ilícita colaboración” entre las FARC y ETA, que incluye el manejo de explosivos, intercambio de información y cursos de entrenamiento de misiles tierra-aire. Si el caso prospera en España, el gobierno de Venezuela podría ser legalmente incriminado.
Las leyes de Venezuela prohíben la extradición de sus ciudadanos. Cubillas, como otros muchos antiguos militantes de ETA, es ahora ciudadano venezolano y por lo tanto, está protegido. Lo único que podría hacer el gobierno de Chávez es anular la nacionalización venezolana, una situación improbable para muchos analistas. De hecho, los fiscales de Venezuela han abierto una investigación por la solicitud de Cubillas, no de España. Cubillas testificó esta semana a petición propia como parte de la investigación.
Pero la solicitud de extradición sólo está obligando a Chávez a demostrar sus credenciales antiterroristas más que el caso en sí. Los analistas dicen que el gobierno de Venezuela está incrementando contra sí mismo las acusaciones de apoyo estatal al terrorismo por las dificultades para la investigación.
“Los vínculos entre las FARC y ETA en Venezuela son cada vez más evidentes. Pero para Chávez es una cuestión de imagen”, dijo Óscar Elía, un experto en ETA del madrileño Grupo de Estudios Estratégicos, que ha escrito mucho sobre el grupo vasco. “Ha asumido el papel de Cuba como principal exportador de revoluciones y lo quiere conservar, pero esto es serio porque implica ayudar al terrorismo internacional”.
El gobierno español tiene la llave, dice Elía. “Si quisiera, podría presionar a Europa y a sus aliados, incluso a los Estados Unidos, para incluir a Venezuela en la lista de estados que financian el terrorismo. Esto podría pasar si Chávez fuera más servicial, pero ni siquiera lo niega. En cambio se muestra desafiante y arrogante”.
Las autoridades españolas creen que Cubillas es un destacado militante de ETA en América latina. Se refugió ahí en 1989 después de las fallidas conversaciones de paz en España. También es un importante funcionario de seguridad en el Ministerio de Agricultura de Venezuela y está casado con una alta funcionaria del gobierno de Chávez.
El caso contra Cubillas –e indirectamente contra el gobierno de Venezuela- permanecía aletargado pero resurgió el pasado mes gracias a las declaraciones de dos militantes del ala internacional de ETA recientemente detenidos que dijeron que se habían entrenado en Venezuela en 2008 en unos cursos habituales organizados por Cubillas.
Las empresas españolas tienen una fuerte presencia en Venezuela y el gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido buenas relaciones con Chávez durante años. Pero el gobierno, que también utiliza el llamado poder blando en sus relaciones con Venezuela, se ha enfrentado a una presión interna para actuar más enérgicamente contra Chávez. Sin embargo, la recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, dijo esta semana que confía en que Chávez cooperará.
“Al principio era tímida, pero podría ser políticamente costoso internamente y con otros aliados como Colombia y Estados Unidos”, dijo Vicente Palacio, subdirector del Observatorio Español de Asuntos Exteriores, de la Fundación Alternativas, un gabinete estratégico con estrechas relaciones con el gobierno.
“Este es un momento crítico y esto puede poner a Chávez en el ojo del huracán en cuestiones de terrorismo internacional. Venezuela podría ser considerada un refugio y un nido de terroristas internacionales y esto es serio”, dijo Palacio. “El gobierno español tratará de resolver este asunto discretamente si Venezuela es más servicial. Pero Chávez ha convertido esto en un asunto de estado”.
El problema es, según Elía, que Chávez siente que España y a los Estados Unidos, tradicionales agentes del poder en América Latina, se están preocupando por asuntos de política interna. “Chávez se está aprovechando de la debilidad que percibe. Y dudo que se vayan a enfrentar a él enérgicamente”.
Andrés Cala, Energy Tribune (EE.UU.), 4/11/2010