Esta ofensa -tardíamente rectificada al posponer al día siguiente la votación del decreto-ley- era respondida por la Embajada israelí en Madrid con un comunicado de una dureza insólita. En él se calificaba la elección de la fecha como «cínica y condenable», se insistía en que «escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante» y muy lejos de los usos diplomáticos -que el Gobierno español ha enterrado en su enfrentamiento con el de Israel- se denunciaba «la obsesión antisraelí del Gobierno español».

Cualquiera que sea la opinión que se tenga de lo que ha ocurrido y ocurre en Oriente Próximo es evidente que España ha quedado fuera de la ecuación en el postconflicto. El Gobierno y la coalición que lo apoya no solo ha ido en su furor antijudío más allá de lo que han manifestado muchos países árabes, y la propia Autoridad Palestina, sino que embriagado de su propia buena conciencia al creer que siempre está «en el lado bueno de la historia», ha dejado a nuestro país como un actor extravagante, sin papel que jugar cuando se abren expectativas de paz unánimemente deseadas en torno al plan promovido por Donald Trump.

Por eso no es más que una broma pesada que desde Sumar se hable de organizar una conferencia de paz en España recordando la que se celebró en 1991. Una vez elegido el activismo, este resulta ser un terreno del que difícilmente se vuelve. Sánchez, tan dedicado a su imagen internacional, ha sobrevalorado la proyección que le podía dar su posición en el conflicto y ahora se encuentra ante una dinámica internacional que le deja al margen y con él -y eso es lo grave- a España.

El conflicto en Gaza es una cuestión gravísima de carácter humanitario. Muy probablemente se han cometido crímenes de guerra y la población civil, utilizada como escudo humano por los terroristas de Hamás, ha sufrido un castigo injusto a manos del ejército israelí. Pero lo que allí está ocurriendo no es solo una crisis humanitaria; es un proceso de reconfiguración de Oriente Próximo a partir de una masacre terrorista, con invasión del territorio israelí incluida, que tenía como finalidad reventar los Acuerdos de Abraham que estaban normalizando las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, una campaña promovida por Irán a través de sus ‘proxis’ Hezbolá en el norte, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen.

Pero, ¿para qué entrar en otras disquisiciones cuando reactivar el gen antijudío podía tener réditos internos tan necesarios para este Gobierno? ¿Para qué valorar el papel que España podía adquirir? Dicho y hecho. En torno a la catástrofe humanitaria de Gaza debe crecer la solidaridad y la exigencia de límites claros al derecho de legítima defensa, en este caso de Israel. Pero, como tantas veces ha ocurrido en la historia, no hay que confundir la legitimidad de la causa con los compañeros de viaje que dicen defenderla.

La inmensa mayoría de los pronunciamientos vociferantes que se han expresado, la retahíla de represalias que se han propuesto e ideado no responden a un simple sesgo crítico con Israel sino al activismo de extrema izquierda que se ha beneficiado del rechazo moral de amplios sectores de la opinión. No ha sido la causa palestina la que se ha querido servir. Los más entusiastas tripulantes de la flotilla han entonado «desde el río hasta el mar», el eslogan que inequívocamente expresa el deseo genocida de borrar a Israel. Los mismos que aún hoy niegan las bestialidades cometidas por Hamás sobre mujeres, ancianos y niños, atrocidades grabadas con regodeo sádico, y los mismos también que, como la ministra Sira Rego, calificaron el 7 de octubre de 2023 de «acto legítimo de resistencia», por no mencionar -o sí- la cuota de exetarras que tan humanitarios ellos se han activado al calor de la protesta.