Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 9/6/12
Los asesinos etarras tienen que entregar las armas, aclarar los delitos pendientes, ponerse a disposición de la Justicia y disolver su organización como cuestión previa antes de estudiar la posibilidad de aliviar las condiciones penales de los asesinos.
La concentración convocada por las víctimas del terrorismo en la tarde de este sábado es tan pertinente como todas las que han tenido lugar en los últimos años, porque los motivos para esta rebelión cívica siguen, para nuestra vergüenza, plenamente vigentes.
A pesar del cambio de gobierno nada sustancial ha cambiado en la siniestra deriva iniciada por el último ejecutivo socialista, basada en el otorgamiento de beneficios y prebendas al mundo etarra a cambio de que su brazo armado dejara de asesinar. Ni la ETA ha entregado las armas, ni se ha disuelto ni, lo que es más importante, ha contribuido a esclarecer los 326 asesinatos pendientes de resolver por parte de la Justicia poniendo a su disposición a los criminales involucrados en su comisión. En esta situación es una afrenta inadmisible que el gobierno continúe con su política de relajación penitenciaria, deudora de la «Vía Nanclares» instaurada por Rubalcaba, que el actual ejecutivo está llevando más allá de lo que se atrevió a hacerlo su antecesor. Si a esta nueva estrategia penal le sumamos la inacción administrativa y judicial en la prometida ilegalización del brazo político de los terroristas, llámese Sortu, Amaiur o cualquier otra franquicia por descubrir, resulta evidente que a las víctimas del terrorismo les sobran motivos para salir hoy a la calle a protestar, pacíficamente como siempre lo han hecho.
Ningún gobierno democrático, digno de tal nombre, puede hacer dejación de su representación soberana otorgando privilegios a una banda terrorista que no ha mostrado el menor interés por su disolución. Los asesinos etarras tienen que entregar las armas, aclarar los delitos pendientes, ponerse a disposición de la Justicia y disolver su organización como cuestión previa antes de estudiar, siquiera como mera hipótesis, la posibilidad de aliviar las condiciones de los asesinos y colaboradores que cumplen las penas impuestas por el Estado de Derecho.
Sin embargo el gobierno actual ha preferido continuar la vergonzosa política de concesiones instaurada por Zapatero a despecho de los que exigen justicia para sus familiares asesinados, y eso es algo que ninguna sociedad moralmente sana debería permitir. Es necesario que el gobierno rectifique y con ese fin las víctimas del terrorismo han decidido exigírselo hoy en la calle, invitando a sumarse a todos aquellos que todavía creen que la dignidad nacional no pude pervertirse de manera tan infame.
La víctimas de la barbarie terrorista tienen derecho a protestar y los españoles de bien el deber de acompañarlas. Más de ochocientos asesinados por la canalla etarra no merecen menos de sus compatriotas.
Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 9/6/12