El Gobierno acumula ya tres prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado sin cumplir su obligación constitucional de presentar un proyecto de cuentas públicas antes del 1 de octubre de cada año. La negativa a someter la política fiscal al control de las Cortes degrada la calidad democrática y está provocando distorsiones contables cada vez más difíciles de justificar y que están levantando recelos y sospechas en Europa que comprometen el buen nombre del país. La ley vigente de 2023 fue diseñada para un contexto económico y geopolítico muy distinto del actual. Desde entonces han cambiado las condiciones monetarias, las prioridades europeas y las necesidades de gasto. Gobernar con unas cuentas prorrogadas obliga a recurrir constantemente a modificaciones de crédito, reasignaciones internas y soluciones excepcionales que evidencian el agotamiento del modelo.

El uso de recursos vinculados al Plan de Recuperación para cubrir obligaciones del sistema de pensiones constituye el ejemplo más grave de esa deriva. El Tribunal de Cuentas constató que se movilizaron 2.389 millones de euros asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para atender gastos de pensiones ante la insuficiencia de recursos disponibles en las cuentas prorrogadas. El Gobierno sostiene que se trató de una operación temporal de tesorería y Bruselas ha evitado apreciar ilegalidad, aunque lo investigará. Sin embargo, el problema político y reputacional permanece intacto. Los fondos europeos nacieron para impulsar la modernización económica y la competitividad, no para cubrir carencias derivadas de la falta de apoyo parlamentario de un Gobierno.

La polémica ha tenido además un efecto dañino en el debate europeo. En Alemania y otros países del norte han reaparecido los recelos sobre la mutualización de deuda (eurobonos) y el control de los fondos comunes. La imagen de España utilizando recursos europeos para sostener el gasto corriente ha alimentado discursos euroescépticos y debilitado la posición española en futuras negociaciones fiscales. La confianza es un activo esencial dentro de la Unión Europea y puede deteriorarse rápidamente cuando proliferan las dudas sobre la transparencia y el rigor en la gestión.

A ello se suma la última advertencia de la Airef. La autoridad independiente ha rebajado las previsiones de crecimiento y calcula que España necesitará ajustes superiores a 15.000 millones de euros entre 2027 y 2028 para cumplir con los compromisos fiscales europeos. El organismo reclama una estrategia fiscal «realista y creíble», precisamente lo contrario de la improvisación instalada en la política presupuestaria del Ejecutivo.

Ningún Gobierno puede administrar la cuarta economía del euro mediante parches contables. El presupuesto es la principal ley política de un Estado y el instrumento esencial de rendición de cuentas ante los ciudadanos. España necesita nuevas cuentas públicas para recuperar credibilidad institucional, ordenar sus prioridades económicas y devolver al Parlamento el papel que le corresponde. Mantener esta situación sólo agrava la incertidumbre económica y deteriora la imagen exterior de España.