Ignacio Camacho-ABC

• Escuchas telefónicas. Pacto de investidura. Indultos. Hay un dibujo de la legislatura cifrado en esa línea de puntos

Ningún juez del Supremo autoriza una intervención telefónica si no está suficientemente motivada. (Esas cosas sólo se le ocurren a Garzón). Y menos si el pinchazo incluye, entre otras personas, al presidente y al vicepresidente de la Generalitat catalana. La motivación que ofreció el CNI es secreta, aunque acaso hayan podido verla los diputados que asistieron a la comparecencia reservada de Paz Esteban, pero no resulta difícil colegir su esencia con sólo mirar la fecha. En noviembre de 2019, recién pronunciada la sentencia del ‘procés’, Barcelona y media Cataluña ardían en disturbios y algaradas callejeras, y las organizaciones que las promovían mantenían con las autoridades autonómicas unas relaciones que como mínimo daban lugar a severas sospechas de connivencia. El propio servicio de inteligencia ha reconocido que las escuchas se produjeron, pero no dice -salvo que se lo haya contado a los citados parlamentarios- lo que quedó registrado en ellas. Dado que su jefa reporta al Gobierno, y que éste es el que fija sus directrices de actuación, es improbable que Sánchez no lo sepa. Sea lo que fuere, no impidió que los dirigentes separatistas condenados colaborasen en la formación de un Gabinete de izquierdas que luego les obsequió con la dispensa del cumplimiento de su pena. De hecho, como subraya Aragonès, en el momento de la vigilancia estaban negociando con la Presidencia. Si los detalles de las conversaciones grabadas trascendieran podría ocurrir -hipotéticamente, claro está- que los ciudadanos nos llevásemos algunas sorpresas. Por eso nadie quiere, en el fondo, que el caso se esclarezca hasta las últimas consecuencias.Al independentismo le viene bien el escándalo siempre que no se profundice demasiado. Ha encontrado en la palabra «espionaje» -que no es tal porque estaba bajo tutela judicial- el argumento perfecto para uno de sus relatos falsos. Por una parte busca un marco narrativo que refuerce ante la Corte europea su tesis sobre el Estado autoritario que pisotea garantías y derechos democráticos, y por otro lado recupera su capacidad de extorsión, «tenemos que hablar», ante un Ejecutivo al borde del colapso. La torpe maniobra de La Moncloa tratando de competir en autocompasión con los reyes del victimismo ha sido un fiasco, una manera insólita de convertir el aparato de ciberseguridad en un caos sin que el independentismo se mueva un palmo. La única salida que le queda al sanchismo tras este espectáculo es muñir otro pacto bajo el compromiso mutuo de no hacerse más daño. Pero la banda de la sedición ya ha encontrado un nuevo eslogan -«España nos espía» en vez «España nos roba»- y piensa explotarlo. Y Sánchez no está en condiciones de recordarles que «España nos indulta» sería mucho más exacto. Con las carpetas del CNI en la mano, tal vez él mismo diese ahora cualquier cosa por que los españoles lo hubiesen olvidado.