EL MUNDO 25/06/14
· El Gobierno solicitará a Europa que incluya el denominado «adiestramiento pasivo» o autoadiestramiento entre los delitos que deben ser perseguidos para luchar contra el terrorismo.
· Se trataría de otorgar categoría delincuencial a la entrada reiterada en foros o webs desde las que se imparten doctrinas radicales. En realidad, el principal objetivo de esta iniciativa legislativa es el yihadismo.
El Ejecutivo realizará esta petición de penalizar el autoadiestramiento, cuya ejecución considera «prioritaria», según el documento al que ha tenido acceso éste periódico, en el Consejo Europeo que se inicia mañana pero, mientras tanto, tiene la voluntad de introducir este delito en el Código Penal. La modificación legal puede tener un carácter y una aplicación generales, sin embargo, su objetivo es atajar la actividad del islamismo radical que ha asumido las redes sociales como el modo de realizar su particular proselitismo.
Otras líneas de acción prioritarias son, para el Ejecutivo, adoptar medidas preventivas contra la radicalización; emprender «acciones en relación con los combatientes extranjeros» –es decir, respecto a aquellos islamistas radicales que combaten en favor de la yihad en conflictos como el afgano, el sirio y el irakí, y cuyo regreso a los países de origen constituye un peligro demostrado–; y «dificultar la financiación del terrorismo desarrollando sistemas de intercambio de información».
En cada una de estas medidas subyace la preocupación por la extensión del islamismo y por las repercusiones que su evolución pueda representar para Europa y por ello se solicita, en definitiva, que «se revise y actualice la estrategia de seguridad de la Unión Europea, atendiendo a la evolución de las amenazas».
Naturalmente, tratándose del Ejecutivo español, que está teniendo que enfrentarse a la crisis permanente de la frontera sur con la inmigración ilegal, el documento que se presentará ante el Consejo solicita que se cumplan los acuerdos a los que se llegó a éste respecto en la reunión mantenida el pasado 16 de abril en Alicante y en la que se habló de practicar una «solidaridad entre estados miembros» y de «adoptar medidas concretas, tanto a corto como a largo plazo, que premitan una mejor gestión del fenómeno».
El Gobierno solicitará una dotación de 46 millones de euros «para los estados miembros que están asumiendo en contraol de la frontera exterior con una fuerte presión migratoria». Cuarenta y seis millones y nuevas medidas políticas y legales que permitan abordar con solvencia el fenómeno. Quedarían incluidos en este punto, entre otros, todos los gastos de seguridad, de traslado de inmigrantes, de lucha contra las mafias y de algo fundamental como el mantenimiento de los Ceti, los centros de acogida de inmigrantes que en España están situados en Ceuta y Melilla y que hace mucho tiempo que rebasaron su capacidad.
En las propuestas ante el Consejo Europeo, el Gobierno propone la reorientación de las políticas de inmigración ilegal, de modo que «respondan a las necesidades de crecimiento de la Unión»: necesidades a corto plazo, en el mercado laboral, y a largo plazo, teniendo en cuenta las necesidades demográficas.
Y en este punto, se considera que han de tener prioridad los más preparados: «Hay que avanzar en el futuro hacia el establecimiento de dispositivos que faciliten la movilidad intra-UE de aquellas personas que supongan contribución económica, científica, tecnológica y cultural para la UE, respetando el sistema Shengen de estancias de corta y larga duración, así como los principios de seguridad y lucha contra abusos y fraudes que se puedan producir». «El futuro en la política de visados apunta a una mayor conexión con la política comercial y con el crecimiento económico» , se afirma.
El Gobierno recuerda, en cualquier caso, que «cada vez es más necesaria la cooperación con terceros países» y que la gestión de las fronteras terrestres y marítimas debe reforzarse con una agencia Frontex. Respecto a las políticas de «retorno y admisión» reclama efectividad, es decir, que se cumplan y que, cuando no suceda, todas las instituciones comunitarias utilicen los instrumentos de los que disponen para lograrlo, «con vinculación, en su caso, a los acuerdos de facilitación de visados».