LIBERTAD DIGITAL 31/07/13
PERCIVAL MANGLANO
El miércoles 31 de julio se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que previsiblemente se aprobarán distintos objetivos de déficit para distintas comunidades autónomas en 2013.
Las críticas que esta iniciativa ha suscitado entre regiones del mismo color político del Gobierno de la nación como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Madrid se han centrado en la injusticia que supone que se premie a CCAA incumplidoras aumentando su margen de déficit y se perjudique a las cumplidoras. En esta línea, merecerá la pena analizar, por ejemplo, los distintos objetivos de déficit que el CPFF otorgue a Madrid y Cataluña recordando que sus déficits en 2012 fueron del 1,07% y del 1,96% respectivamente, frente a un objetivo del 1,5%. Además, dado que su PIB es prácticamente el mismo, un menor déficit del primero podría compensar el mayor déficit del segundo. Es decir, si a Madrid se le autorizase un 0,9% de déficit y a Cataluña un 1,7%, esto en la práctica significaría que, frente a la media requerida del 1,3%, a Cataluña se le habría dado el déficit de más que a Madrid se le habría dado de menos.
Si así fuese, quizá se argumente que el esfuerzo de reducción de déficit que se exigirá a Cataluña en 2013 será mayor que a Madrid (del 0,26% del PIB frente al 0,17%). Pero este argumento obviaría que el presupuesto de la Generalitat catalana es prácticamente el doble del madrileño (35.000 M€ frente a 19.000 M€) y que Madrid ya aprobó su presupuesto 2013 en tiempo y forma con un déficit previsto del 0,7% mientras que Cataluña aún no ha aprobado el suyo.
Dicho esto, sería un error plantear este CPFF en términos de una competición en la que gana el que mayor margen de déficit recibe. El problema para Madrid no sería que se le dé un menor margen de déficit que a la media. Esto, en sí mismo, no es malo. El objetivo debe ser el déficit cero y Madrid está más cerca de este objetivo que las demás autonomías. El problema ni siquiera sería que el Gobierno haya prácticamente doblado el objetivo de déficit de las CCAA del 0,7% al 1,3% en 2013.
El problema de verdad es uno de principios. La introducción del déficit a la carta –y una vez introducido, a ver quién es el guapo que lo quita– va a suponer quebrantar un principio fundamental de la democracia liberal: el de la igualdad formal ante la ley. La abolición de los privilegios estamentales y de los fueros fue uno de los grandes hitos de las democracias modernas. La Justicia debía ser ciega a los «puntos de partida» o a los lugares de residencia de los ciudadanos y se debía aplicar a todos por igual. No cabía negociación alguna para cumplir con la Ley. Con un déficit a la carta, las CCAA perderán un nuevo elemento de igualdad formal entre sí.
Estas nuevas disparidades requerirán, a su vez, de mayores negociaciones para llegar a acuerdos funcionales (el sudoku, por así decir, pasará de «difícil» a «muy difícil»). Las CCAA, por su parte, en vez de tener que esforzarse por reducir gastos para alcanzar un objetivo marcado para todas, tendrán que esforzarse por negociar en despachos del Ministerio de Hacienda los términos de su esfuerzo. La lógica es completamente distinta en los dos casos. En la primera, los Gobiernos autonómicos se deben enfrentar a sus opiniones públicas para justificar sus ahorros. En la segunda, deben entrar en un nada transparente toma y daca bilateral con el Gobierno.
Utilicemos un ejemplo educativo para ilustrar esta idea. Pongamos que una clase en su conjunto deba aprobar un examen. Una opción sería pedir a todos los alumnos que saquen por lo menos un 5. Otra opción sería aspirar a que la media de las notas fuese un cinco y que, antes del examen, el profesor negociase con cada alumno qué nota debería intentar sacar para que la nota media de todos fuese un 5. En esta segunda opción, lo malo no sería sólo que los sobresalientes de unos compensarían los «cates» de otros y que la media de la clase sería claramente inferior que en el primer caso; sería, además, el elemento de injusticia institucionalizada que supondría que el profesor debiese negociar con cada alumno el objetivo de su nota. Esta negociación rebajaría la importancia de las capacidades académicas y el esfuerzo de los alumnos y otorgaría relevancia a criterios del tipo «este me cae bien,» «el otro es el delegado de clase» y «el de más allá es el sobrino de mi vecino».
Además, la aplicación del déficit a la carta va a afianzar que unos españoles deban pagar más impuestos que otros. El mapa autonómico de la presión fiscal en España se solapa con el del déficit (y, llamativamente, también con el del paro). Las CCAA con mayores impuestos son las que tienen mayor déficit (y, en general, también mayor paro). Así lo muestra –salvo excepciones como la de Extremadura– el siguiente mapa del IRPF autonómico publicado hace unas semanas en El Confidencial.
Los déficits a la carta van a consolidar esta situación. Lo que el Gobierno estará otorgando en la práctica a las comunidades con mayor déficit es un incentivo para mantener sus impuestos altos al engordar sus partidas de pago de la deuda a través de mayores márgenes de déficit y, por tanto, mayores necesidades de ingresos fiscales.
Por ello, lejos de ser una buena noticia que se otorgue un mayor déficit a ciertas CCAA, será una pésima noticia para sus perspectivas de crecimiento económico. La competencia fiscal entre autonomías se agravará, lo que llevará a acelerar la emigración de los factores de producción de las comunidades con más impuestos a las comunidades con menos impuestos. Esto, a su vez agravará los déficits de las primeras a través de menores recaudaciones.
En suma, las diferencias formales y económicas entre españoles aumentarán. El déficit a la carta es una suerte de «reforalización» de España. Los fueros fueron abolidos –aunque no del todo– para asegurar una mayor igualdad entre españoles. El déficit a la carta va a hacer justo lo contrario.