José Antoni Zaralejos-El Confidencial

Las «mesas políticas», «sin condiciones», «de igual a igual» forman parte de un mecanismo de desinstitucionalización del Estado del que ya se dispone de precedentes en nuestra democracia

Las dos expresiones que titulan este análisis se corresponden, la primera, con los gritos escuchados y las pancartas exhibidas en la manifestación del pasado 26 de octubre en Barcelona en protesta contra la sentencia condenatoria del Supremo. La segunda, la patentan los CDR, que garantizan que sembrarán el caos si, por las buenas o por las malas, no se plantea y negocia la secesión de Cataluña de España.

La interjección de “España, siéntate y negocia” se expresa en inglés (“Spain, sit and talk”) porque es una apelación mullida para que se lea con simpatía y empatía en las televisiones extranjeras. La segunda («independencia o barbarie») se escribe en el idioma de Cervantes para que no haya dudas sobre la amenaza y la entiendan los lugareños.

La “mesa” de “igual a igual” que reclama ERC a Pedro Sánchez y al PSOE, y que cuenta, sí o sí, con el aval de las bases republicanas como una condición al apoyo del grupo parlamentario que comanda Gabriel Rufián a la investidura del secretario general de los socialistas, materializa ese ‘sentarse y negociar’ que se exige al Estado y que si no se produce invitaría a los grupos violentos en activo a poner en práctica lo que ellos denominan “el caos”. No habría que confundir esta mesa con la comisión bilateral Generalitat-Estado, prevista en el artículo 183 del Estatuto catalán, en absoluto habilitada para negociar sobre los asuntos (autodeterminación, amnistía…) que este lunes listaba en un artículo en ‘La Vanguardia’ Pere Aragonès, vicepresidente del Gobierno de Torra y hombre fuerte de ERC.

El aroma de una pretendida imposición al Gobierno en funciones, al Partido Socialista y su líder se ha convertido ya en un auténtico tufo. Porque si Sánchez no se sienta a esa ‘mesa’ encabezando el Gobierno de España ante el catalán que preside Torra, se trataría de desencadenar el caos político en nuestro país, lo que encaja como un guante en el “cuanto peor mejor” que tantos secesionistas preconizan como procedimiento para alcanzar en todo o en parte sus fines segregacionistas.

Las “mesas políticas”, “sin condiciones”, “de igual a igual” forman parte de los mecanismos de desinstitucionalización del Estado, de los que ya se dispone de abundantes precedentes en nuestra democracia. ‘Mutatis mutandis’, cuando se presentó la nueva ejecutiva nacional de Batasuna en marzo de 2005 en Baracaldo (Vizcaya), la exigencia consistió en una “mesa de partidos en la que no haya exclusiones ni políticas ni territoriales”, reclamando además la intervención de la comunidad europea y, como es de rigor, de “observadores internacionales”. Luego, en octubre de 2011, la llamada ‘conferencia de paz’ celebrada en San Sebastián, y que vistió con ropajes internacionales la extinción de ETA, reclamó igualmente la apertura de “una mesa de diálogo político”. Como bien se recordará, la organización terrorista ha desaparecido operativamente sin que las tales mesas se constituyeran.

Los independentismos tratan siempre de desplazar los ámbitos de interlocución institucionales, buscan la bilateralidad sin amparo normativo (existe la legal, prevista en el Estatuto e interpretada por el TC) que proyecte la impresión de que los interlocutores son pariguales en jerarquía y condición político-institucional y que lo que debaten ambas partes son opciones abiertas, porque su discusión se debe producir ‘sin condiciones’. De ahí que los republicanos catalanes asuman por entero el ‘Spain, sit and talk’ respaldados por “la independencia o barbarie”.

Un planteamiento similar a este fue el que llevó a la llamada ‘crisis del relator’ en febrero pasado. Pretendía ERC que se designase una personalidad ‘independiente’ (a poder ser, de nacionalidad extranjera) que visase unas conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat. Sánchez no aceptó, los diputados republicanos enmendaron a la totalidad el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y el presidente convocó las elecciones del 28 de abril. Ahora, los independentistas vuelven a la carga con la ventaja de enfrentarse a un secretario general del PSOE más débil por la repetición electoral del pasado 10-N y sin, de momento, otra salida que la de contar con los votos de Unidas Podemos y, eventualmente, los 13 suyos. No se ha dejado Sánchez ningún otro camino después de desdecirse en 24 horas de sus aseveraciones durante la campaña electoral.

Ahora, hay que esperar a saber si el líder socialista traspasa las líneas que fueron rojas de febrero al 10 de noviembre, o las enmienda, como ha hecho con el veto a Iglesias y la insomne, para él, coalición con Unidas Podemos. Cabría la posibilidad —remota— de que llamase a Casado o de que intentase complicidades con Ciudadanos. Porque negarse a otra alternativa que no sea la del apoyo de ERC exigiría transigir con unas condiciones inasumibles en términos constitucionales, o, en su defecto, convocar terceras elecciones, hipótesis que todos descartan porque, además de llevarse por delante a Sánchez, quizá dejasen herido de muerte al sistema.

De ahí la lógica separatista: o te sientas y negocias —en las condiciones que se te imponen— o el caos a través de una barbarie, sea esta material o sea político– institucional. Por eso la insistencia —de la que no me apearé— de que el PP deba plantearse la dura misión de salvar a Sánchez de sí mismo para que no sea un Sansón que muera él y, al tiempo, haga un roto incalculable al sistema, bien pactando con los independentistas, bien convocando de nuevo las urnas.