Si las derechas quieren llegar a la Moncloa y desbancar así al PSOE y a la izquierda en general, incluidos los nacionalismos e independentismos varios, tendrán, efectivamente, que superar la fragmentación electoral actual (PP, Cs y Vox) que les penaliza y, además, moderar sus planteamientos ideológicos para hacer más transversales sus propuestas y acumular bolsas de votantes que aprecian la templanza y el sentido de la moderación en la política y en su dialéctica.

Lo importante de esa eventual refundición no consiste solo en que se produzca, sino también en que se convierta en una transformación de la derecha democrática que regrese de sus excesivos dogmatismos y vuelva a la centralidad en la que se instalan las mayorías sociales. La defensa de la unidad de España, de la monarquía parlamentaria, de una economía de mercado corregida, del Estado del bienestar, de políticas que afronten la transición energética y luchen contra las desigualdades, de las que respeten y fomenten la diversidad de la nación y su cohesión, así como de aquellas que entiendan las aspiraciones de colectivos varios sin radicalismos ideologizados, serían propuestas que deberían formar parte de su oferta a la ciudadanía.

Se acentuaría así la tendencia histórica de la derecha de nuestro país a utilizar como bienes privativos los símbolos nacionales y hasta la palabra España. La marca que ha servido en Navarra para lograr una mayoría insuficiente en el Parlamento foral, ha sido registrada por el PP en todas las comunidades y para una eventual coalición nacional.

El PP está lanzando invitaciones a Vox y Cs para que en unos eventuales comicios, se celebren cuando se celebren, se refugien en esa marca

Los populares están lanzando invitaciones a Vox y a Ciudadanos para que en unas próximas elecciones —se celebren cuando se celebren— se refugien en esa marca. Es torpe la idea de manejar en vano —porque en vano sería— el nombre de España. Y no lo es solo porque la denominación del país es de todos, sino también porque al apropiársela se incurre en una idea totalizante de lo que sea España (la nación solo sería, así, de la derecha), lo que en vez de propiciar una integración en la simbología nacional —empezando por su nombre tantas veces sustituido por la impropia expresión de Estado— la fomentaría. Hay que recordar que el 16 de abril de 1977, el Comité Central del Partido Comunista de España aprobó (169 votos a favor; 11 abstenciones y ninguno en contra) que la bandera ondease en sus actos. Aquella decisión fue un hito histórico, del mismo calibre que la aceptación por el PCE de la monarquía parlamentaria.

De entonces hasta el presente no hemos avanzado irreversiblemente en la aceptación y adhesión generalizadas a los símbolos comunes. Una parte de la izquierda española —aquella que sigue cuestionando los términos en los que se produjo la transición, y la nueva que directamente propugna un proceso constituyente— muestra, explícita o implícitamente, reticencias constantes hacia determinadas previsiones y mandatos constitucionales.

La derecha española no debería en ningún caso parecerse a los nacionalismos vasco y catalán que toman la parte por el todo: la bandera, el idioma y hasta las arbitrarias y ampliadas denominaciones de sus territorios (en los que incluyen sus respectivas áreas de influencia irredentas), sino esforzarse en que España sea un sinónimo de su diversidad ideológica que a todos incluye en los términos que proclama el artículo 1º de la Carta Magna: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

España es el territorio de convivencia en el que rigen —o deben hacerlo— esos principios y no puede convertirse en una marca electoral que genere reacciones de aversión a la nación que es la «patria común e indivisible de todos los españoles» y que, además, «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

La derecha española no debería en ningún caso parecerse a los nacionalismos del País Vasco y Cataluña que tienden a tomar la parte por el todo

Por lo demás, habría que apuntar que en el ámbito internacional son los partidos con trazas autoritarias los que manejan la denominación nacional como marca electoral (incluidos algunos de izquierdas). Sería interesante recordar como en 2015 Nicolás Sarkozy cambió el nombre de su partido (Unión por un Movimiento Popular) por el de Los Republicanos lo que provocó un sentimiento de ofensa en una parte importante de ciudadanos franceses que entendían el republicanismo como «un bien común».

Salvando las distancias, aquí ocurriría lo mismo con España Suma. Si la refundición, primero y la refundación, después, de la derecha democrática son necesarias, habría que intentarlo descartando la privatización —una vez más— del nombre de España que es de todos. España Suma supone aplicar el marketing electoral a un concepto histórico, político, social, cultural y económico que compone un patrimonio no expropiable de todos los españoles