JOAN TAPIA, EL CONFIDENCIAL 05/02/13
· Que el Gobierno de Catalunya (debilitado tras las elecciones anticipadas del 25-N) y el de España de Mariano Rajoy (con mayoría absoluta, pero con crisis de caballo) tienen graves problemas y se encaminan hacia un peligroso choque de trenes, era sabido. Pero la semana pasada surgieron dos hechos nuevos. Los problemas de los dos gobiernos se han agudizado y aparece una tibia luz de posible entendimiento.
La revelación de que Luis Bárcenas había ahorrado, pasito a pasito, 22 millones en Suiza fue un golpe a la credibilidad de Rajoy. Peor ha sido que, según informaciones de El Mundo y El País, el PP tenía una contabilidad paralela que servía para pagar sobresueldos no declarados. Según la pretendida contabilidad de Bárcenas, los pagos afectaban al propio Rajoy, a Cospedal, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor, Javier Arenas… Es difícil que Rajoy pueda superar esta prueba diciendo el sábado, en Madrid, que “todo es falso” y modulando el lunes, en Berlín, que “todo es falso, salvo alguna cosa”.
Ya ha habido consecuencias. En el frente interno, las encuestas de El País y El Periódico del domingo coincidían en dos datos clave: la credibilidad del Gobierno está por los suelos, por lo que si ahora hubiera elecciones, el PP bajaría mucho (perdería 50 diputados según El Periódico), y la distancia entre populares y socialistas se ha reducido al mínimo. Y en el frente exterior, el editorial del Financial Times de ayer, el diario económico más influyente de Europa, implica una grave pérdida de credibilidad internacional. Así, la prima de riesgo (el diferencial del tipo de interés del bono a diez años con el alemán) experimentó ayer la mayor subida de este año. Lo peor es que el diferencial con el bono italiano (país que tiene unas inciertas elecciones dentro de pocos días) también se amplió y alcanzó casi los 100 puntos básicos.
Pero los problemas del Gobierno catalán no son menores. El viernes Artur Mas hizo una improvisada rueda de prensa para anunciar una inminente cumbre (sin fijar fechas) con siete instituciones, como la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude, con el fin de estudiar -y quizás acordar- iniciativas para moralizar la vida pública ycombatir la desconfianza ciudadana. Mas quería ponerse el parche antes de la herida, tal como se vio ayer con la solicitud de imputación de Oriol Pujol por parte del fiscal anticorrupción ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por un presunto tráfico de influencias en las concesiones de ITV.
Oriol Pujol no es sólo el secretario general de CDC y uno de los impulsores de su giro independentista, sino que es también el hijo del fundador del partido y uncandidato serio a la sucesión de Artur Mas. Su posible dimisión -los partidos de la oposición la van a pedir y ERC se va a poner nerviosa- sería un factor más de agitación en unas aguas ya muy movidas.
La relación con el empresariado no mejora
En España hay mayoría a favor de una reforma de la Constitución en un sentido federal y, en Cataluña, el apoyo a dicha reforma y al pacto fiscal supera al que recibe la independencia.
Por otra parte, la relación de CDC con el empresariado no mejora. Mas y Durán han cerrado, por el momento, la crisis de la coalición, pero el mundo económico está nervioso. Tras las declaraciones de Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell, contra el choque de trenes la semana pasada fueIsidre Fainé, presidente de Caixabank, la primera institución financiera catalana, quien con su suavidad habitual dijo que el contencioso debía resolverse con diálogo y respetando siempre la ley, algo que choca con la estrategia rupturista del pacto CiU-ERC.
Además, CDC ha intentado -a través de la influencia que FemCat, un lobby próximo, tiene en la Cámara de Comercio e Industria- la suspensión del acto de afirmación empresarial del próximo 14 de febrero, cuyo guion -el pacto fiscal como reivindicación empresarial y posible solución al conflicto- no coincide con la estrategia de CDC. Manuel Valls, presidente de la Cámara, parece haber cedido, pero el Foment ha optado por continuar adelante sin disensiones internas. Ir a un choque con Madrid en estas condiciones habiendo perdido diputados en noviembre es muy arriesgado.
Dos gobiernos débiles enfrentados por el encaje (o no) de Cataluña en España, en plena crisis y con datos del paro cada día peores, no es un buen escenario. Pero hay signos que indican que la opinión pública evoluciona con sensatez. Claro que hay catalanes que dicen que la única salida es la independencia y españoles que, de forma extraña, hacen dos afirmaciones contradictorias: que se marchen si quieren porque molestan y, segundo, que se aplique la Constitución y se suspenda el Estatut. Sin embargo, parece que estos posicionamientos no son mayoritarios.
Así, según la encuesta de El Periódico del domingo, el 42% de los españoles (contra el 38% y un 19% de indecisos) aprobaba que Cataluña tuviera un sistema de financiación similar al vasco, la demanda catalana que habría resuelto el conflicto hace pocos meses. Cuando se excluye Catalunya del cómputo, hay todavía un nutrido 35% a favor frente a un 43,8% en contra, y un 21,2% de indecisos. Quizás más revelador es que en España hay ya una clara mayoría a favor de una reforma en sentido federal de la Constitución. Un 50,8%, contra el 35%, dice estar a favor. Y excluyendo los encuestados catalanes hay también mayoría, aunque más limitada (47% contra 37%).
Además, la opinión pública catalana es más moderada de lo que se afirma. Cierto que un 46,5% dice que le parecería bien la independencia, pero un porcentaje mucho más alto (el 70%) vería bien una reforma de la Constitución en sentido federal, y otro todavía más elevado (el 80%) aprobaría un sistema de financiación similar al vasco. Hay pues una base ciudadana sólida para el diálogo que pide Isidre Fainé. Lo que está menos claro es que las cúpulas del PP y de CiU estén dispuestas a flexibilizar sus posiciones y disgustar a sus electores más radicales.
JOAN TAPIA, EL CONFIDENCIAL 05/02/13