EDITORIAL-El Español
El prófugo de la Justicia Carles Puigdemont reapareció ayer jueves a las 21:00 para afirmar que no volverá a España «ni esposado ni rendido frente a un juez español para que sea indulgente. No avalaré con mi beneficio personal una política que pretende criminalizar el anhelo de los catalanes de vivir en un país libre».
El expresidente del gobierno autonómico catalán confirma así que las reformas ejecutadas por el Gobierno en beneficio de los líderes del procés, y que incluyen la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, no son suficientes para él.
Sus palabras son la respuesta al auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que se anuncia su procesamiento por desobediencia y malversación. El auto ha generado una cascada de reacciones y de interpretaciones que EL ESPAÑOL desgrana hoy.
La primera de esas reacciones ha sido la de los fiscales del procés, que estudian recurrir el auto de Llarena para que se acuse a Puigdemont de desórdenes.
De acuerdo con la interpretación de los líderes independentistas y su entorno mediático, lo que ha hecho el juez es ‘compensar’ la eliminación de la sedición imputando a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig una forma agravada del delito de malversación que comporta hasta ocho años de cárcel sin considerar el tipo atenuado, el que no implica lucro personal y que sólo conlleva cuatro años de prisión.
Del auto de Llarena se deduce un segundo detalle interesante. Si la Sala de lo Penal del Supremo asumiera el criterio de Llarena, eso podría desactivar el favor del Gobierno a Oriol Junqueras, haciendo que este siguiera inhabilitado y no pudiera presentarse como candidato a las siguientes elecciones.
Pero más allá de las posibles implicaciones del auto de Llarena está la realidad de unos responsables del procés que están viendo cómo se abre para ellos la puerta de su retorno a España y a su procesamiento por unos cargos menores que no comportarían su entrada en prisión, sino apenas penas de inhabilitación.
Es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ahora sólo está procesada por un delito de desobediencia. «La música nos gusta» ha dicho Rovira. «[Cuando vuelva] lo haré con fuerza, con alegría, con ganas de volver a reencontrarme con mi país, del que he estado separada injustamente y de hacer política y continuar haciendo camino hacia la república catalana».
Es también el caso de la exconsejera de Educación Clara Ponsatí, que de estar procesada por sedición pasa a estar procesada únicamente por desobediencia.
Con la segura vuelta a España de casi todos los líderes independentistas que se fugaron de la Justicia en 2017, el escenario en Cataluña retorna en cierta manera a ese año. Con Puigdemont recuperando el protagonismo, con Junqueras a la espera de su vuelta a la primera línea política, con Rovira, Ponsatí y otros responsables del golpe anunciando su disposición a seguir trabajando por la independencia gracias a un Código Penal del que se han eliminado buena parte de las herramientas jurídicas que permitían luchar contra ella, ¿quién puede afirmar que hemos avanzado en algo? ¿Quién puede negar que España ha vuelto al punto de partida del procés?