EL MUNDO – 02/04/15 – JAVIER RUPÉREZ , EMBAJADOR DE ESPAÑA
· Fue España un valedor sin contemplaciones del Estatuto de Roma, a riesgo incluso de incurrir en el desagrado de nuestro principal aliado, Estados Unidos de América, y no puede ni debe prestarse a decisiones que disminuyan su alcance, coarten su autoridad.
El Tribunal Penal Internacional tiene abierto un «examen preliminar» sobre la situación en Colombia por si en el país se hubieran producido situaciones encuadradas en los crímenes de guerra, genocidio o contra la humanidad que figuran en el Estatuto de Roma de 1998. La evolución de las negociaciones de La Habana entre el Gobierno colombiano del presidente Santos y la guerrilla de las FARC, grupo incluido en la lista de bandas terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea, ha dado lugar a una intensa relación entre la Fiscalía colombiana y la del TPI, interesada aquella en investigar las fronteras de lo permisible en el trato dispensado a los guerrilleros en el marco de lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y preocupada esta en impedir que el proceso de paz desemboque en la impunidad. La Fiscalía del TPI en ese mismo contexto ha venido examinando las situaciones derivadas de las acciones del resto de los actores en la violencia que viene aquejando al país desde hace décadas, grupos paramilitares, otros guerrilleros, Policía y fuerzas armadas. El examen del TPI se limita a los hechos acaecidos desde 2004. Colombia es uno de los países que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma.
El informe del TPI correspondiente a 2014, en el capítulo dedicado a Colombia, recoge la sentencia del Tribunal Supremo colombiano que en 2013 declaró constitucional el marco legal elaborado por el Gobierno para el proceso de paz, pero en particular cita el párrafo de la decisión del tribunal colombiano en el que se recuerda que «el mecanismo de suspensión total de la ejecución de una sentencia no se puede aplicar a aquellos condenados como máximos responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática». El informe del TPI, que en repetidas ocasiones recuerda la necesidad de que el proceso de paz colombiano sea conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Roma, subraya: «La Fiscalía ha informado a las autoridades colombianas competentes de que una sentencia que resulte clara y manifiestamente inadecuada, a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma en que los acusados han participado en ellos, viciaría el carácter genuino del proceso nacional, incluso si todos los pasos previos del proceso han sido considerados adecuados». En el mismo sentido la Fiscalía del TPI se muestra dispuesta a continuar su relación con las autoridades colombianas «con respecto a la admisibilidad de los parámetros establecidos en el Estatuto, en un esfuerzo para garantizar que el acuerdo de paz al que eventualmente se llegue, así como la legislación que lo ponga en práctica, resulte compatible con el Estatuto». Tanto como decir que el TPI no se muestra dispuesto a endosar las reclamaciones de impunidad que los jefes guerrilleros parecen exigir para otorgar su asentimiento al proceso de paz y por ello previene al Gobierno colombiano para que no caiga en la tentación de acceder a los deseos de los máximos responsables de los crímenes cometidos.
Cabe mencionar al respecto las reservas expresadas por el que fuera fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo, por Human Rights Watch y por Amnesty International, que en fecha tan reciente como la de la visita de Estado del presidente Santos a Madrid envió una carta el presidente Rajoy y al ministro Margallo describiendo la continuada violación de los derechos humanos en Colombia y la necesidad de castigar a los culpables. Es evidente, por otra parte, la tensión existente entre ambas fiscalías, que algunos medios llegan a describir en términos de duras presiones ejercidas por la colombiana sobre la internacional para obtener ganancia de causa a sus planteamientos.Fueron varias las manifestaciones de apoyo al proceso de paz que, en su visita a Madrid, el presidente Santos recibió de las autoridades españolas. Muchas de ellas de tipo general, culminaron sin embargo con las realizadas por el ministro Margallo, ofreciendo la ayuda de España en el Consejo de Seguridad para impedir que el TPI obstruyera el camino del proceso, utilizando para ello el artículo 16 del Estatuto, que ofrece al Consejo la posibilidad de interrumpir o aplazar las decisiones del Tribunal.
No es difícil imaginar que el procedimiento, que tiene un cierto hálito de desesperación, está en las mentes de los responsables políticos colombianos ante la incertidumbre de sus planes, y anuncia de forma apenas velada la voluntad de consagrar un cierto grado de impunidad. España no debe prestarse a esa maniobra. El artículo 16 del Estatuto, nunca hasta ahora utilizado, no pasa de ser una vergonzante concesión a torcidos imperativos políticos y debería caer en desuso. La forma en que Colombia quiere utilizarlo, y en la que España equivocadamente anuncia su apoyo, equivale a vaciar de contenido una norma internacional que tuvo una difícil gestación y cuya última razón de ser es precisamente evitar la impunidad. La presencia de España en el Consejo de Seguridad no debería nunca quedar asociada a ese baldón.
Tenemos los españoles la experiencia de nuestra propia lucha contra el terrorismo, en tantos aspectos todavía pendiente, y nunca en ella, incluso en sus momentos más dramáticos, hemos cedido a la tentación de mercadear paz por impunidad. El mismo Margallo recordaba recientemente las extradiciones pendientes de terroristas domiciliados en Cuba y su frustración por no poder llevarlas a cabo. Fue España un valedor sin contemplaciones del Estatuto de Roma, a riesgo incluso de incurrir en el desagrado de nuestro principal aliado, Estados Unidos de América, y no puede ni debe prestarse a decisiones que disminuyan su alcance, coarten su autoridad o contribuyan a crear peligrosos precedentes. En nuestro profundo compromiso con la paz en Colombia, al que ya hemos contribuido incluso con ayudas monetarias de cuya carencia adolecen las propias asociaciones españolas de víctimas del terrorismo, y con los colombianos, admirable pueblo hermano, debemos marcarnos una definitiva línea roja. Se llama impunidad. Vaciaríamos de sentido nuestra propia vivencia democrática, e incluso nuestra propia dignidad, si no lo recordáramos.
EL MUNDO – 02/04/15 – JAVIER RUPÉREZ, EMBAJADOR DE ESPAÑA